Judicial

El tribunal lo condenó por delito de maltrato animal con resultado de daño, en calidad de autor, a una pena de 41 días de prisión, aplicando pena sustitutiva de remisión condicional por un año.

Durante ese lapso la ley le asignó a la empresa principal la responsabilidad de controlar el pago de las remuneraciones y cotizaciones previsionales.

Más aún si se trataba de una primera transacción a un desconocido. No cumplió con lo mínimo esperable.

En la sentencia se determina que, no es atribuible a la recurrente ni la desafiliación genérica realizada por el Partido Renovación Nacional, ni las consecuencias de tal acto, por lo que no le afecta ningún impedimento para ser considerada como candidata independiente.

El Tribunal de alzada rechazó las apelaciones deducidas por el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado (CDE), en contra de la resolución dictada, en procedimiento abreviado, por el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago.

El Tribunal de alzada confirmó la sentencia impugnada, dictada por el Octavo Juzgado Civil de Santiago, que rechazó la demanda por supuesta infracción a la Ley de Propiedad Intelectual.

El Tribunal estableció la responsabilidad de la empresa al no aceptar el pago del propietario del inmueble por una deuda que dejó un arrendatario y que fue objeto de un convenio de pago con la deudora.

Por imperio de la norma de remisión supletoria, que, en caso de silencio en el estatuto especial, reconduce a aplicar las normas del derecho laboral general.

La recurrente alega que la sentencia recurrida ignora el valor de los fallos del máximo tribunal electoral, en lo que dice relación con los principios generales que inspiran la justicia electoral, tales como: la buena fe o el principio pro-participación.

Deben ser interpuestas en forma subsidiaria una de la otra.

El aspirante conocía las condiciones desde el inicio del proceso y postuló libremente al cargo.

Los reclamantes alegan que la resolución impugnada resulta vejatoria a los intereses públicos comprometidos y un insulto a la razón.

Los abogados Mario Rojas y Alejandro Espinoza recalcaron que el libelo acusatorio fue estructurado desconociendo el ordenamiento jurídico vigente en la época en que los hechos se fundan, pues imputa al ministro omisión de acciones, que, en rigor, no formaban parte de su competencia legal específica.

En general, estas causas involucran a intervinientes interrelacionados o que, muchas veces, pertenecen a un mismo grupo familiar, por lo que la gestión del tribunal apunta a obtener rápidamente información de causas relacionadas y concentrarlas, con los mismo jueces y fiscales.

Procede aplicar el "principio de subsidiariedad". Sólo en la medida que la familia de origen no sea capaz de brindar al niño, niña o adolescente el afecto y los cuidados se puede dar en adopción.

La botillería tenía multas por venta de alcohol a menores de edad.

Los hechos que se han tenido por acreditados dan cuenta de una gestión desprolija, por parte del Alcalde, en cuanto a los resguardos y cuidados que deben adoptarse en la administración de fondos públicos.

El Tribunal estableció la responsabilidad de las recurridas, por falta de servicio en el mantenimiento de la acera.

El Acuerdo referido atenta contra la certeza jurídica de los procedimientos electorales, implementando nuevas normas que nada dicen con respecto a la resolución emitida por este mismo Tribunal.

Está dentro de las hipótesis previstas por el legislador en el artículo 476 del Código del Trabajo.

Se debe rechazar la demanda ejecutiva y dar aplicación a lo previsto en el artículo 98 de la Ley N°18.092.

El máximo Tribunal rechazó el arbitrio especial, tras establecer que la recurrente no precisa, como exige la norma legal, la materia de derecho objeto del juicio impugnado que pretende unificar.

El Tribunal de alzada revocó la sentencia apelada, dictada por el Sexto Juzgado Civil de Santiago, solo en la parte que acogió la excepción de falta de legitimación pasiva de Cuponatic, condenándola a pagar solidariamente una indemnización total de $145.000.000 a la víctima, sus padres y cónyuge.

La recurrente alega que, indiscutible e inequívocamente, se efectuó en tiempo y forma su postulación, incluso que ha actuado de buena fe y con la firme intención de dar cumplimiento a los requerimientos constitucionales y legales.

Igualmente, se agrega información sobre la determinación de los apoderados. Ello, en razón de lo mandatado por el TRICEL en causa Rol N° 161-2020, en cuanto a complementar el Acuerdo de 2 de septiembre de 2020, estableciendo un procedimiento de designación de los apoderados de las organizaciones de la sociedad civil debidamente inscritas y que no participen en comandos.

El Tribunal de alzada confirmó la sentencia apelada, dictada por el Octavo Juzgado Civil de Santiago, que rechazó el cobro de contribuciones extintas.

El Tribunal de alzada ratificó la sentencia impugnada, dictada por Juzgado de Policía Local de Talagante, excepto en la parte que condenó al recurrente al pago de las costas.

El máximo Tribunal confirmó la sentencia impugnada, dictada por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, en la parte que condenó a la reclamante y a Laboratorios Sanderson S.A. (que no recurrió), a pagar una multa de 200 UTA cada una, por coludirse con el objetivo mantener el control de la provisión de suero fisiológico.

El recurrente estimó atropellados sus derechos a ejercer su actividad económica y libre emprendimiento.

El Tribunal de alzada confirmó la sentencia impugnada, dictada por el 13°Juzgado Civil de Santiago, que estableció que en la especie no se probó la falta de servicio denunciada.