Laboral

El Tribunal de alzada ordenó la realización de un nuevo juicio a fin de resolver la demanda de incumplimiento de una obligación laboral colectiva.

Las acciones se dirigieron en contra del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

La resolución responde a la consulta realizada por el Director Regional del Trabajo de Coquimbo.

La acción se interpuso por un sindicato en contra de ocho empresas.

Los fallos de contraste resuelven sobre la base de circunstancias fácticas diversas a aquéllas establecidas en la resolución impugnada.

Los organismos denominado fiscales no pertenecen, sino que representan al Fisco.

Las entidades están autorizadas a solicitar cauciones distintas a la constitución de un aval.

El Tribunal de alzada descartó infracción a las reglas de la sana crítica en la resolución, dictada por el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, que acogió la demanda deducida en contra de la empresa Farmacias, Perfumerías y Comercializadora Jorge Manríquez Jofré EIRL.

La resolución responde a la consulta realizada por el sindicato de SGS Minerales S.A.

El sentenciador expuso las razonas fácticas y jurídicas por las cuales autorizó el despido de la funcionaria por la causal del artículo 160 N°1 del Código del Trabajo

El actor se desempeñaba como fiscalizador de la Subsecretaría de Transporte.

La solicitante se desempeña como una funcionaria del Departamento de Salud de la Municipalidad de San Pedro y en el Programa de Salud Oral de la JUNAEB.

La resolución responde a la consulta de la Corporación Municipal de Conchalí de educación, salud y atención de menores.

La actora se desempeñaba como asesora técnica de la Subsecretaría de Prevención del Delito.

El máximo Tribunal descartó infracción en la sentencia recurrida, dictada por la Corte de Apelaciones de La Serena, que confirmó la de primer grado que rechazó la demanda al considerar justificada la desvinculación del trabajador por consumo de drogas.

El empleador está obligado a efectuar la compensación horaria semanal, pero no a realizar los descuentos remuneracionales.

El Tribunal de alzada descartó infracción de ley en la sentencia impugnada, dictada por el Primer Juzgado de Letras del Trabajo, que rechazó con costas la reclamación de multa impetrada.

El Tribunal ordenó a la universidad, entre otras medidas, emitir un comunicado dirigido a la comunidad interna explicitando que el despido de los docentes no tuvo relación con rumores de la existencia de denuncias de acoso o violencia de género.

La denunciada puso término anticipado a la contrata de la actora quien denunció vulneración de su derecho de igualdad ante la ley.

La sentenciadora adscribió a la tesis minoritaria existente sobre la materia.

Las actoras llevaban gozando durante cinco años de un feriado legal de 25 días hábiles.

El Tribunal estableció que el actuar de la demandada constituye un atentado a la libertad sindical de los trabajadores, por lo que la condenó al pago de una multa equivalente a 100 UTM, en beneficio del Fondo de Formación Sindical y Relaciones Laborales Colaborativas, administrado por el Ministerio del Trabajo y Previsión Social.

El Tribunal estableció que en la especie, no se encuentra probada la necesidad “urgente e imperiosa” de despedir a las trabajadoras, debido a la baja en las ventas y el cierre de locales.

Existió un error de hecho al imponerse una sanción por una obligación que la reclamante no tiene.

La recurrente erró en la invocación de los motivos de nulidad.

El Tribunal estableció la responsabilidad de la empresa Sociedad Espectáculos Dos Providencias Limitada, por la falta de medidas para proteger la vida y salud de sus dependientes en su lugar de trabajo.

El Tribunal de alzada acogió el recurso entablado en contra de la sentencia, dictada por el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, que rechazó la demanda.

El máximo Tribunal desestimó el arbitrio deducido, tras establecer que la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de San Miguel, no emitió pronunciamiento sobre la materia de derecho que se pretende unificar.

La fundamentación de un acto administrativo no se satisface esgrimiendo únicamente la existencia de una potestad discrecional.

Los razonamientos esgrimidos en la sentencia impugnada constituyen la tesis correcta.