Nacional

Cerca del 30% de las comunas del país no tiene Plan de Emergencia y un 80% no tiene Plan de Reducción de Riesgos de Desastres.

En 2021 un tribunal de Cali condenó al acusado a más de 30 años de cárcel como autor de homicidio calificado y fabricación de armas de fuego. Para eludir a la justicia el requerido huyó a Chile, y en nuestro país actualmente enfrenta la investigación por diversos delitos contra las personas, por lo que la entrega queda diferida a la terminación de dichos procesos.

La sentencia impugnada vulnera las normas sustantivas que regulan la interrupción de la prescripción, particularmente, los artículos 2518 y 2503 del Código Civil, vulneración que tiene influencia sustancial en lo resuelto, debido a que, de haber adjudicado el efecto interruptivo a la notificación de la demanda originaria, la excepción de prescripción habría sido rechazada.

La información solicitada es puramente estadística, de modo que no se puede concluir que la misma afecte la vida privada de los pacientes con cáncer y, por lo mismo, no se configura la causal de reserva invocada.

El acusado quiso anular el proceso esgrimiendo un reconocimiento fotográfico presuntamente irregular, no obstante, durante el juicio se expuso nutrida prueba en su contra, e incluso fue reconocido ante los magistrados por uno de los testigos de uno de los robos cometidos.

La responsabilidad solidaria de la recurrente la establece sobre la base del vínculo contractual que la liga con el empleador, por lo que al no haber adoptado las medidas necesarias para proteger eficazmente la salud del trabajador, al amparo de lo establecido en el artículo 183 E, se considera que contribuyó causalmente a la ocurrencia del accidente.

Lo que a los persecutores les correspondía acreditar es que producto de esta compra al Fisco se le generó un menoscabo patrimonial o se les privó de adquirir ingresos que le eran legítimos, no obstante, y tal como fue abordado por las defensas, no se acompañaron pruebas suficientes que dieran cuenta de este menoscabo patrimonial.

Si se atribuye al vínculo existente entre las partes el carácter de laboral, bajo subordinación o dependencia, esto es, otorgándole un contenido determinado, debe mantenerse tal razonamiento. Al constatarse que no se pagaron las cotizaciones que debía retener y enterar el empleador, indefectiblemente debe concluirse que se configura la causal invocada por la trabajadora para su auto despido.

El recurrente no justificó que su ausencia del país fuera prolongada, ni que la notificación por avisos le hubiese provocado materialmente la indefensión que alega, teniendo además en consideración que, en la especie se cumplieron todos y cada uno de los requisitos para proceder a la notificación de la demanda conforme al artículo 439 del Estatuto Laboral.

La demandada ha obrado con desprolijidad prestando un servicio deficiente al consumidor ante las fallas que presentó su vehículo y que fueran dadas a conocer, sin ser corregidas ni reparadas oportunamente, actuar negligente que de manera evidente ha causado un menoscabo a la parte denunciante, quien ha permanecido largos periodos sin poder utilizar el vehículo.

Se advirtió una infracción a una de las reglas fundamentales de la lógica, al calificar el contrato de la demandante como uno de obra o faena, en contradicción a la naturaleza temporal del contrato, que especificaba un plazo determinado. Además, los anexos de renovación, estipulan plazos precisos, incompatibles con la idea de un contrato por obra o faena, ya que este tipo de contratación depende de la duración de la obra.

Aparece de manifiesto que no se realizó tal imputación, sino solamente se indicaron los hechos que el fiscalizador constató, sin mencionar cómo es que ello configuraría eventuales incumplimientos ni el tipo infraccional que sería objeto de la investigación, lo que impidió a la recurrente ejercer debidamente el derecho a la defensa efectiva.

En su alocución de entrega de la Cuenta Pública 2024, la ministra presidenta de esta judicatura especializada, Marcela Godoy Flores, reiteró su compromiso, y el de toda la institución, con una justicia ambiental pronta y oportuna. Desafío que, según explicó, les ha llevado a implementar una serie de mejoras destinadas, especialmente, a concretar la disminución de los plazos de tramitación.

No se observa una infracción al debido proceso, teniendo además presente que el acto administrativo tiene el carácter de condicional y se encuentra sujeto al resultado final del Sumario Administrativo, que retomará su tramitación luego del procedimiento seguido ante la Fiscalía militar respectiva.

La recurrida ha explicado y dado cuenta de los diversos planes de acción ejecutados con el fin de propender a una solución en la materia, detallando las acciones de limpieza, de ayuda social y de procedimientos policiales que se han llevado a cabo.

Era deber de CLC dar estricto cumplimiento a las instrucciones dadas por la SS en cuanto a que debía entregar la ficha clínica de la hija del requirente, de la forma en que este lo solicitaba, esto es, por correo electrónico y en formato digital, sin perjuicio de su entrega física, orden que fue desacatada.

El actuar de la recurrida se encuentra amparado en la autonomía e independencia académica, por medio de la cual dictó el referido reglamento que rige el procedimiento sancionatorio, norma que era además conocida por el recurrente al momento de suscribir el respectivo contrato de prestación de servicios educacionales.

La Magistratura Constitucional sostuvo que, atendido que la igualdad ante la ley supone la diferenciación razonable entre quienes no se encuentren en la misma condición, no se advierte que la exclusión del recurso de casación en el caso concreto vulnere esta garantía, atendido que el legislador goza de autonomía para configurar procedimientos con reglas diversas, respetando las exigencias de un racional y justo procedimiento.

El inciso tercero del artículo 36 de la Ley N° 21.442 establece que, respecto de aquellas unidades en que residan personas electrodependientes, en caso alguno podrá efectuarse o solicitarse la suspensión del servicio eléctrico por mora en el pago de los gastos comunes.

El recurrente no registra ingreso regular al país de lo que se infiere que debió hacerlo por paso no habilitado, sin que haya cumplido con su obligación de dar cuenta de ese ingreso al país dentro de los 10 días siguientes de producida la infracción.

De acuerdo a las Bases de Licitación, los oferentes debían constatar el envío de sus ofertas, siendo su responsabilidad adoptar las precauciones necesarias para ingresar oportuna y adecuadamente sus ofertas.

La iniciativa incorpora una disposición transitoria a la Carta Fundamental que habilite para que, en las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias de 2025, se incluya, además, una cuarta papeleta en que se consulte a la ciudadanía si están de acuerdo o no con que las Administradoras de Fondos Previsionales continúen administrando las cotizaciones previsionales destinadas al resguardo de la Seguridad Social.

El tribunal determinó que Brasil es responsable por el retraso en aclarar los hechos, por no sancionar a los culpables y por violar el derecho de la familia de la víctima a conocer la verdad.

La circunstancia de encontrarse con licencia médica no lo exonera de cumplir tal obligación, pues razonablemente se puede concluir que el funcionario puede optar por otras vías de hecho para la entrega de su armamento, o bien, intentar, en forma previa comunicarse con sus superiores para manifestar los impedimentos existentes.

Aun cuando la recurrida estime haber sido víctima de algún ilícito civil o penal por parte de la actora, lo que eventualmente podría dar lugar a una acción judicial, no le es permitido la realización de publicaciones en redes sociales, donde se efectúen acusaciones de manera pública, afectando su honra.

Pese a que uno solo de los convivientes se erija como empleador, si se comparte el poder de mando sobre el trabajador de casa particular, ambos deben considerarse empleadores. En este caso, se ha reconocido que ambos demandados convivían y que la demandante estaba al servicio del hogar común. En consecuencia, ambos pueden ser considerados empleadores.

El establecimiento educacional no pudo subsanar la falta de cumplimiento de las etapas exigidas por el referido protocolo, con lo cual, necesariamente no garantizó la protección del derecho a un debido procedimiento.

La requirente no ha dado cumplimiento estricto a lo ordenado, en cuanto la certificación acompañada no precisa el estado procesal actual de la gestión invocada. Se hizo efectivo el apercibimiento previsto en el inciso segundo del artículo 82 de la Ley N° 17.997, por lo que, no se acogió a tramitación el requerimiento.

La resolución que concedió el recurso de apelación respecto de la resolución que ordenó la emisión de decreto de pago de las cotizaciones previsionales, no se encuentra dentro de las hipótesis establecidas en el artículo 8º de la Ley Nº 17.322, razón por la cual no era susceptible de ser impugnada por la vía intentada.

Se produjo la adquisición del automóvil por tradición, lo que hace presumir la calidad de dueña de la demandada, porque cuenta con un título traslaticio de dominio y es además la actual poseedora, teniendo a su favor la presunción de ser propietaria mientras una persona no justifique serlo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 700 del Código Civil, lo que en este caso permite desvirtuar la presunción que establece el artículo 44 de la Ley de Tránsito, por encontrarse el vehículo inscrito a nombre del actor en el Registro de Vehículos Motorizados.