Nacional

Una mirada crítica a las problemáticas heredadas y los nuevos desafíos.

La requirente sostiene que debe declararse la inaplicabilidad del precepto legal que impugna para garantizar el derecho a defensa y la garantía de procedimiento racional y justo, el derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho de propiedad, lo que se garantía aplicando las reglas del procedimiento ordinario.

La actuación de las recurridas Gobierno Regional de Antofagasta y Seremi de Bienes Nacionales de la Región, encuentra sustento legal, no apreciándose en los hechos denunciados infracción a las garantías constitucionales, por cuanto no se ha acreditado que los recurrentes tengan efectivamente algún derecho sobre el inmueble que se encuentran ocupando, máxime considerando que aquel se encuentra en estado de abandono.

En un bien nacional de uso público se ha dispuesto una denominada “Estación de Transferencia Transitoria”, según informó la Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato del municipio, establecida como medida ante los eventos hidrometeorológicos que azotaron al país, que almacena los neumáticos a fin de evitar que éstos obstaculicen las rejillas de los sumideros y causen anegaciones en viviendas de la comuna.

En primer lugar, el reportaje contiene información personal y familiar que excede manifiestamente el interés público en los hechos informados, incluyendo detalles sobre relaciones familiares, situación matrimonial y patrimonial que no guardan relación directa con los hechos que justificaron la cobertura periodística. En segundo término, presenta de manera tendenciosa una causa sobreseída como antecedente de reiteración delictual, generando una asociación inductiva que fue expresamente desestimada por los tribunales de justicia.

El artículo 3º del Reglamento de Copropiedad prohíbe expresamente “instalar cocinas o cocinar alimentos de ninguna especie en los locales comerciales del edificio, los que únicamente podrán vender o distribuir alimentos previamente preparados”. Así, queda en evidencia que la sociedad recurrente ha incurrido y persistido en el incumplimiento de la normativa transcrita.

La causal de la segunda parte del inciso primero del artículo 477 supone que la infracción en que incurre la sentencia se ha producido respecto de un precepto de rango legal, y en el caso sub lite la norma que se denuncia infringida es una contenida en un Decreto Supremo, que no tiene la naturaleza antes indicada, sino que constituye un acto administrativo. Por consiguiente, en estricto rigor no se configura el supuesto de la causal invocada y ello justifica el rechazo del recurso.

La causal de infracción de ley que se invoca como motivo anulatorio, tiene por objeto fijar el recto sentido u alcance de las normas que se dicen afectadas, ya sea porque se desatienden en un caso previsto por ellas; como cuando en su interpretación el juez contraviene fundamentalmente su texto; o cuando les da un alcance distinto, ya sea ampliando o restringiendo sus disposiciones.

Las alegaciones de arraigo familiar formuladas por la reclamante deben ser desestimadas, toda vez que la sola existencia de su madre en el país no permite alterar la situación del actor, quien ha cometido dos ilícitos a escaso tiempo de haber ingresado al país, ambos de tráfico ilícito de drogas en pequeñas cantidades, en cuanto afectan bienes jurídicos relevantes como lo son la salud y la seguridad pública.

La requirente sostiene que la aplicación del precepto impugnado en la gestión pendiente genera una diferencia injustificada, carente de fundamento y arbitraria en un procedimiento tramitado ante un Juzgado de Policía Local, vulnerando los principios de igualdad ante la ley y de no discriminación arbitraria.

La Superintendencia del Medio Ambiente deberá resolver el sumario administrativo iniciado en contra de la recurrida dentro del plazo de 90 días, disponiendo las medidas que sean necesarias para resguardar la salud de la población y el medio ambiente.

El plazo de agendamiento de la audiencia de revisión de cautelares no es razonable ni prudente, atendida la naturaleza del bien jurídico reclamado por el imputado, afectándose incluso el derecho a la celeridad de un procedimiento justo y racional, por lo que en su parecer la audiencia para debatir sobre la materia debió fijarse en un plazo que no exceda las 48 horas, refiriere el voto en contra.

El acto reclamado por esta vía, -que decretó el retiro temporal de un funcionario de Gendarmería de Chile-, está supeditado al resultado de una investigación penal incoada en su contra, por los delitos de Tráfico de Armas, Asociación Criminal, Cohecho y Lavado de Activos, que se sigue ante el 7° Juzgado de Garantía de Santiago, actualmente en tramitación, sin perjuicio de lo que se disponga una vez finalizada la indagación criminal.

El fallo razona que la única sociedad recurrente que tuvo patente provisional no acreditó tener derecho a que se le otorgue una patente definitiva al no cumplir los requisitos del Decreto Ley N° 3.063, sobre Rentas Municipales. Respecto a las demás sociedades recurrentes, señala que no se explica en qué consisten las acciones u omisiones supuestamente incurridas a su respecto que les amagarían sus derechos, y además tampoco guardan relación alguna con el petitorio del amparo.

En la sentencia de reemplazo se rechazó la demanda de cobro de pesos, al considerar que la demandada no incurrió en el incumplimiento de la obligación de habitar personalmente el inmueble ni en la prohibición de ceder su uso o goce, ya que se configuró la aprobación tácita del SERVIU al no responder oportunamente la solicitud de autorización para arrendar, conforme al artículo 1 de la Ley Nº 17.635.

Si bien el juez incurrió en una falsa aplicación del artículo 444, inciso 4, del Código del Trabajo, al aplicarlo a una situación no prevista en la norma, tal error carece de influencia en lo dispositivo del fallo. Aunque se aplicara el criterio más favorable al trabajador, considerando que la presentación de la medida prejudicial probatoria interrumpió el plazo de caducidad del artículo 168, lo cierto es que, una vez cumplida la medida, pasaron más de 60 días hábiles hasta que se presentó la demanda, el 17 de junio de 2022, cuando el plazo vencía el 10 de junio.

La especial naturaleza de nuestra profesión, en la que intervenimos para solucionar conflictos jurídicos entre seres humanos que disputan por bienes y derechos, hace que la prudencia, conformada por destrezas como la reflexión, la previsión, la discreción y el buen consejo sea una virtud esencial para nuestra actividad profesional.

La actuación de la recurrida resulta arbitraria y conculca el derecho de igualdad ante la ley que asiste a los abogados de la defensa como a las internas en el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de obligaciones legales, al no distribuirse equitativamente los espacios disponibles para que defensores y fiscales cumplan sus tareas.

Resulta notorio el aumento exponencial de denuncias a partir de la entrada en vigencia de la ley Karin, donde sólo en un semestre de operatividad, casi se triplica el numero de denuncias respecto de todo el año anterior.

El procedimiento judicial debe ser racional y justo, y respetar principios fundamentales que garanticen la equidad y la no arbitrariedad. En este contexto, considera que el precepto que establece que el tribunal debe pronunciarse de inmediato respecto de excepción de la caducidad impide una evaluación razonada de la situación particular del caso, afectando el derecho de defensa del demandante, alega el requirente.

La negativa a proporcionar medicamento indispensable para la sobrevida e integridad física del recurrente, sobre la base de consideraciones de índole administrativa y económica, importa un acto arbitrario que amenaza una garantía fundamental, puesto que la recurrente no se encuentra en condiciones de adquirirlo.

La recurrida se encuentra incumpliendo la normativa que regula su actividad económica al haber instalado y operando una antena de telefonía móvil, previo a dar cumplimiento a las normas de protección de los derechos de las comunidades indígenas en el sector.

Se ordenó a la recurrida abstenerse de intervenir de cualquier forma en el camino de acceso a la propiedad del actor y retirar de inmediato los cercos de zinc y estacas de fierro, en la parte en donde se encuentra el portón de entrada a la propiedad del recurrente en el deslinde Norte.

El artículo reflexiona sobre la reforma constitucional que pone límites a la reelección presidencial en República Dominicana y su trascendencia regional.

El título esgrimido corresponde a un contrato de arrendamiento con promesa de compraventa de 2014 celebrado con el antecesor en el dominio de la actora respecto del inmueble, lo que permite inferir que la ocupación que de aquel hace la demandada lo es conforme a un título que la justifica, no por ignorancia o mera tolerancia de la actora, por lo que la acción intentada no pudo ser acogida; debiendo la actora deducir las acciones que correspondan para recuperar la propiedad.

El juez incurrió en infracción de ley al aplicar e interpretar erróneamente los artículos 5, 168, 163 del Código del Trabajo y 1545 y 1546 del Código Civil, por cuanto condenó a la demandada a pagar un monto superior al que procedía, dado que se aplicó un recargo del 30% sobre una suma que no se corresponde a la base de cálculo prevista en la normativa particular que se dieron las partes, contenida en los respectivos Convenios Colectivos acordados con los Sindicatos.

La regla del artículo 190 de la Ley de Tránsito, hace un reenvío al artículo 104 del Código Penal, por ende, el juez no puede agravar una pena accesoria invocando una condena anterior que se encuentra prescrita. En tal sentido, el máximo Tribunal redujo la suspensión de la licencia de conducir del encartado de cinco a dos años.

La requirente sostiene que si se aplica el artículo 472 del Código del Trabajo el recurso de apelación que dedujo contra la resolución que tuvo por convalidado el despido sin cumplir con los requisitos para ello no podrá ser acogido, lo que contraviene el debido proceso y el derecho al recurso.

El inmueble ha sido ocupado por la demandada por más de veinte años, y reside en la propiedad por haber tenido un vínculo de convivencia con el antiguo dueño y causante de la sucesión, hermano del actor, y de quién éste último adquirió el dominio por sucesión por causa de muerte.

La Corte de Santiago razona que de acuerdo con lo preceptuado por el artículo 162, inciso 8, del Código del Trabajo, los errores u omisiones en que se incurra con ocasión de tal comunicación y que no tengan relación con la obligación de pago íntegro de las imposiciones previsionales, no invalidarán la terminación del contrato.