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Si bien tales opiniones no son vinculantes al momento de decidir, sí constituyen uno de los criterios que, de acuerdo con la legislación, se debe valorar.

Ante el no pago de las multas impuestas a beneficio fiscal, el Juez debe informar dicha situación a la Tesorería General de la República, puesto que es éste el Organismo encargado de realizar los cobros en beneficio del Fisco. El artículo 61 de la Ley N°19.496, dispone que las multas sobre protección a los derechos de los consumidores serán a beneficio fiscal y no municipal.

La IA presenta algunos peligros significativos que tienen un amplio impacto en el ámbito del Compliance, que van desde el desplazamiento de puestos de trabajo, hasta problemas de seguridad y privacidad, siendo completamente necesario fomentar la concienciación sobre estos problemas, y con ello, analizar las implicaciones legales, éticas y sociales vinculadas con el desarrollo y la aplicación de la IA.

Resolvió que, tras vencer el término probatorio, correspondía al tribunal el avance del proceso y no a las partes, dado que la obligación de citar a oír sentencia está radicada en el juez. Concluyó que los jueces de instancia erraron al declarar el abandono del procedimiento, ya que no resulta aplicable en la fase procesal en que se encontraba la causa.

La Contraloría informó que no se pronunciará sobre las renovaciones de contratas en el sector público y la definición de confianza legítima en dichos casos. Con esto, el tema sólo podrá ser revisado en sede judicial.

El daño ambiental provocado por sociedades comerciales en Colombia resulta impune principalmente por las diversas formas de ocultar el patrimonio de la sociedad, por lo que debería seguirse el ejemplo de otros ordenamientos jurídicos que permiten como causal del levantamiento del velo corporativo el daño ambiental .

El texto propuesto refuerza la figura de la Presidencia, al abolir el cargo de primer ministro, y fija el mandato de siete años del presidente, renovable únicamente una vez, en vez del número ilimitado de mandatos de cinco años actual.

Las postulaciones se recibirán hasta el próximo 24 de noviembre.

Es evidente que en algunas asignaturas los ajustes necesarios proporcionados por la Universidad han sido insuficientes para que la alumna pueda comprender y desarrollarlas en igualdad de condiciones que sus compañeros.

La recurrente denuncia que la clínica infringió la Ley de Urgencias al no aplicar los protocolos correspondientes para el tratamiento de su madre, y que a pesar de la gravedad de la situación, exigió el pago de $3.200.000.- para la operación, vulnerando las garantías en materia de salud.

Resolvió que, de acuerdo al artículo 44 de la ley N° 21.442, las controversias sobre la aplicación de reglamentos de copropiedad deben ser resueltas en los Juzgados de Policía Local, ya que exceden el ámbito de un recurso de protección.

Se ordenó al Servicio Nacional de Migraciones emitir pronunciamiento respecto de la solicitud de permanencia definitiva presentada ante ella por el recurrente dentro del plazo de sesenta días corridos.

¿El modelo de elección de juzgadores por voto popular es convencional? ¿Puede calificarse de destitución arbitraria la terminación de mandatos por reestructuración del Poder Judicial? ¿Cumplen los requisitos actuales para ser candidatos a jueces los estándares sobre judicatura?

La iniciativa que aborda el crimen organizado de manera especializada y dota al ente persecutor de una nueva repartición con competencia en todo el territorio nacional, fue aprobada en general en la Sala, con el voto unánime de senadores y senadoras.

Además del primer ministro israelí, el máximo tribunal encargado de juzgar las peores atrocidades emite sendas órdenes contra Yoav Gallant, exministro de Defensa de Israel, y Mohammed Deif, el más alto comandante del ala militar de Hamas.

El Tribunal consideró que la calificación ambiental favorable del proyecto no se hizo conforme a la normativa vigente y, en consecuencia, la anuló, manteniéndose la decisión original de la Comisión de Evaluación de la Región del Biobío, previa al recurso de reclamación administrativo presentado por la empresa.

La historia del agua potable rural en Chile refleja un modelo de gestión comunitaria que, desde el siglo XX, ha garantizado acceso esencial en zonas rurales. Este modelo, consolidado mediante la participación estatal, cooperativa y comunitaria, enfrenta hoy desafíos como la crisis hídrica, exigencias regulatorias y el relevo de sus dirigencias. Proteger y fortalecer esta tradición es fundamental para asegurar el derecho humano al agua.

El fenómeno de las noticias falsas ha transformado el panorama informativo global, por lo que ha generado preocupaciones sobre su impacto en la democracia, la confianza en los medios y el derecho a la información. Esta realidad plantea una pregunta clave: ¿cómo equilibrar el combate a la desinformación sin menoscabar la libertad de prensa y el acceso a la información veraz

Los reclamantes alegan que respuestas entregadas por el SEA a sus observaciones respecto de ruido, corte de vías alternativas, reasentamiento de grupos humanos y sociales, paisaje y la necesidad de evaluar el proyecto vía Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y no como Declaración de Impacto Ambiental (DIA) como se llevó a cabo, no son completas ni precisas.

La Comisión de Mujeres y Equidad de Género recibió a la ministra de esta cartera, Antonia Orellana, y al subsecretario del Interior, Luis Cordero.

La iniciativa, que vuelve a la comisión técnica por la presentación de indicaciones, prohibiría ejercer cargos públicos a condenados por estos ilícitos, incluso cuando el cargo sea de elección popular.

El Tribunal de alzada rechazó la acción por existir una investigación penal en curso sobre la materia.

La impugnante alega que el precepto legal objetado infringe el derecho a la educación y el derecho de propiedad, desde que, al privársele de la subvención, no sólo no podrá pagar sueldos a los profesores de los colegios municipales y, con ello, no se podrán impartir clases a los alumnos, sino que, además, los estudiantes dejarán de recibir la alimentación diaria que les proveen los colegios municipalizados.

Resolvió que el recurso de amparo económico sólo es procedente por vulneración a la norma contenida en el inciso segundo del número 21° del artículo 19 de la Constitución, esto es, aquella que permite al Estado desarrollar o participar en actividades empresariales únicamente si lo autoriza una ley de quórum calificado. Concluyó que no es posible entender que el derecho a desarrollar cualquier actividad económica lícita esté protegida por este recurso.

La Corte Suprema concluyó que el término probatorio seguía suspendido mientras no se notificara su reanudación a ambas partes, conforme a la Ley N°21.226, y que la Corte de Temuco erró al interpretar los plazos de inactividad, vulnerando las disposiciones legales que rigen esta institución procesal.

El máximo Tribunal descartó error en la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Antofagasta, que ordenó al condominio demandado, restituir las sumas indebidamente cobradas.

Concluyó que la decisión adoptada no es ilegal ni arbitraria, sino que responde a un conflicto civil relacionado con el destino habitacional y comercial de la propiedad.

El requirente alega que el precepto legal objetado infringe la igualdad ante la ley, el acceso a un recurso efectivo, el debido proceso y el principio de seguridad jurídica, desde que impide reclamar la medida expulsiva dispuesta por la Dirección General de Carabineros.

Desestimó las ilegalidades respecto de la resolución impugnada, y rechazó la solicitud de rebaja de la multa, pues se ajusta a los parámetros establecidos en la Ley N° 18.410, considerando diversos factores como el daño causado y la capacidad económica.

Busca resaltar la importancia de la comunicación social y la libertad de informar, incluyendo el reconocimiento del aporte de quienes desarrollan actividades de comunicación desde una perspectiva independiente o comunitaria.