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El quejoso fue condenado a pagar más de 100 millones de pesos en multas, por construir en un inmueble que no cuenta con permiso vigente de obra nueva. Pese a que inicialmente sí fue autorizado, posteriormente, la autoridad administrativa no reconoció aquel permiso por estimar que es ilegal construir en la zona donde se ubica el predio del denunciado.

Al existir una sentencia previa que ordenaba la implementación de un tarifario elaborado por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, es ante aquel órgano que la recurrente debe reclamar el aumento de las tarifas por uso de tarjetas para pagar los servicios de juego que ofrece a sus clientes, no resultando idóneo el recurso de protección para resolver esta controversia.

La prohibición se encuentra expresamente establecida en el Estatuto Docente.

Establece que las formas de violencia en contra de las mujeres en razón de su género son la violencia física, psicológica, sexual, económica, simbólica, política, institucional, en el trabajo y gineco-obstétrica entre otras; y realza el rol preventivo que deben tener los órganos del Estado para erradicar la violencia contra las mujeres de manera efectiva.

Modifica la ley sobre Control de Armas, con el objeto de autorizar el porte de armas a los aspirantes a oficiales de Carabineros que cursen tercer y cuarto año en la Escuela de Carabineros de Chile, y a carabineros alumnos que cursen segundo año en la Escuela de Formación de Carabineros y sus grupos de formación a nivel nacional, mientras realicen los periodos de práctica, para lo cual será necesario haber aprobado todos los cursos de tiro policial correspondientes.

Si en tiempo récord se logró una solución a la medida para las Isapres, que no son más que meras instituciones, ¿no se debiese, con mayor razón, buscar una solución de pago que se acomode a las necesidades de los deudores, que no son instituciones sin rostros, sino que seres humanos?.

El Convenio 176 de la OIT es un tratado internacional fundamental para el fortalecimiento de los derechos de los trabajadores del rubro minero, especialmente en relación con el derecho a consulta y participación en las medidas de seguridad y salud. El instrumento entrega definiciones relevantes sobre los conceptos de “mina” y “empleador”, abarcando en este último ítem a contratistas principales, contratistas y subcontratistas

La indagatoria reveló que en 103 municipios (64%) existe un correcto acceso de datos relativos a permisos de edificación para el período revisado (2019 a agosto de 2023). Sin embargo, en 57 de las restantes (36%) se detectaron incumplimientos.

La requirente alega que las normas legales objetadas infringen el derecho de propiedad y el principio de continuidad de la empresa, desde que permiten que un tercero realice una propuesta u oferta a su arbitrio y con ello que los acreedores mayoritarios puedan aceptarla unilateralmente con el solo objeto de cubrir su crédito.

Ni en la Ley N°18.287 que establece el procedimiento ante los Juzgados de Policía Local, como tampoco en la Ley N°15.231, sobre organización y atribuciones de los referidos Juzgados ni en el Código de Procedimiento Civil, es posible encontrar artículo alguno en tal sentido.

No basta que concurran los demás requisitos legales y que este procedimiento sea solicitado únicamente por el Ministerio Público, sino que se requiere que al menos sea acordado con la defensa del propio imputado, quien actuará conforme a los mejores intereses de su representado y a su propia estrategia de defensa.

No se comprende dentro de la obligación atingente a la transparencia de la información pública, un procesamiento, estandarización, unificación, elaboración, manejo o comparación de datos ordenados de acuerdo a la necesidad del requirente, a menos que dentro de las funciones del servicio se encuentre dicha tarea.

En la sentencia no se establecieron los hechos que se tuvo por probados ni la calificación jurídica de los mismos, esto es, la sentencia impugnada adolece absolutamente de fundamento y, evidentemente, se encuentra muy ajena al principio de la razón suficiente, lo que se evidencia ante el nulo ejercicio intelectual para desarrollar un análisis lógico, de todos los elementos que son necesarios, para emitir una decisión de condena.

No se acreditó la existencia de algún trámite o gestión previa que permitiera entender suspendido el término respectivo o de otra circunstancia que justificara la inacción del actor.

Modifica la ley N° 19.886, Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios. El Estado no puede contratar con personas que cumpliendo los requisitos legales observen normas de conducta indeseables socialmente, pues esa decisión más que ilegal se toma en ilegítima.

Materias como la gobernanza y seguridad, así como la confianza en el proceso legislativo y el análisis del impacto de la IA fueron los puntos abordados en una segunda jornada de este encuentro sobre el futuro de los parlamentos.

Ambas instituciones expusieron sobre las medidas de control y correcciones que se han realizado para una mayor transparencia y eficacia en el uso de recursos públicos.

Uno de los elementos principales que justifican la prohibición de la caución para criminales del crimen organizado es el riesgo inherente de que utilicen recursos provenientes de actividades delictivas para el pago de la fianza.

La Magistratura constitucional razonó que el carácter progresivo de la autonomía del niño o niña explica que, aunque ellos o ellas sean sujetos de derechos, carecen de la autonomía del adulto lo que se constata a partir de un desarrollo intelectual distinto y que se proyectaría, según la ciencia, hasta entrados los veinte años y justifica normativamente la segmentación interna de la niñez, que va desde la primera infancia y se proyecta hasta llegar a la adolescencia.

El acusado trató de despojarse de una mochila al observar a los agentes, los que alertados por el gesto controlaron su identidad, percatándose que el imputado mantenía una orden de detención pendiente, y, además, al interior de la mochila se encontraron papelillos con cocaína, dinero en efectivo, y una balanza digital.

El requerido es acusado en su tierra natal de enviar paquetes con cocaína hacia Inglaterra, Escocia e Italia, mediante una empresa de servicios de encomienda, alterando ropa y cajas para ocultar la sustancia y lograr su ingreso en Europa.

La ocurrencia del infortunio se debió a condiciones de inseguridad propias del lugar, lo que no se desvirtúa por acaecer un día no laboral para el afectado, toda vez que lo determinante es la condición insegura en el lugar de trabajo.

Cuál es el alcance de acción reivindicatoria del comunero respecto de la cosa común; la reivindicación de inmueble poseído en común requiere que todos los comuneros deduzcan la acción de consuno. La acción reivindicatoria procede en favor del dueño si hubo arrendamiento de cosa ajena; sólo procede contra quien posee la cosa, son algunas de las líneas jurisprudenciales que puede leer a continuación.

La reclamante Sociedad China Xuan busca dejar sin efecto la resolución de la Superintendencia del Medio Ambiente que impuso una multa de 5,1 Unidades Tributarias Anuales por infracción a la Norma de Emisión de Ruido.

El instrumento fue despachado por el Congreso el 13 de diciembre del año pasado y establece reglas vinculantes y universales para la industria minera de Chile.

La Magistratura Constitucional razonó que, de acuerdo con el tenor del caso concreto los preceptos legales impugnados no resultan decisivos en la resolución del asunto.

El máximo Tribunal ordenó al nosocomio realizar la operación necesaria para que el paciente pueda superar un diagnóstico de artrosis de rodilla, e impuso un plazo de tres meses al recinto para cumplir. Asimismo, la magistratura indicó que en este caso no se respetó la calidad de adulto mayor del afectado, y se le ingresó en una lista de espera común, siendo que posee preferencia debido a su edad.

El acusado viajaba como copiloto en un vehículo que fue controlado por circular con sus vidrios polarizados, y al solicitar su cédula de identidad, los agentes observaron que a sus pies el encartado trató de esconder una pistola de fogueo modificada para disparar munición real, indicio que transformó la diligencia a un control investigativo.

El requirente alega que la norma legal objetada infringe la igualdad ante la ley, el debido proceso, el derecho de propiedad y el principio de seguridad jurídica, desde que a pesar de que el Tribuna Laboral declaró ajustada a derecho una de las causales de despido del trabajador, le concede de todas formas las prestaciones que demandó al haberse desestimado la configuración de otras causales notificadas en la carta de despido.

En forma transversal, diputadas de la comisión de Mujeres piden que como Estado se proteja la vida de mujeres, víctimas de femicidios frustrados y de violencia reiterada.