Acciones de Amparo y Protección

El alto tránsito de personas y el uso intensivo de los espacios comunes derivado del arrendamiento por breves espacios de tiempo perturban el uso tranquilo que hacen los copropietarios de sus respectivos apartamentos.

El asunto controvertido no compete ser dilucidado a través de esta acción cautelar, ya que no constituye una instancia de declaración de derechos, como lo pretende el recurrente.

El empleador está obligado a tomar las medidas necesarias para proteger de manera eficaz la vida y salud de los trabajadores, manteniendo las condiciones adecuadas de higiene y seguridad en las faenas.

El Tribunal desestimó la acción al considerar que la ley de protección a la vida privada no aplica a empresas o personas jurídicas.

El Tribunal de alzada desestimó la acción constitucional al considerar que no existe actuar arbitrario en el proceder de Carabineros.

La omisión denunciada constituye un atentado contra el derecho a la vida de los recurrentes, atendido a que ningún ser humano puede vivir sin agua.

La función de dictar las políticas públicas en un Estado Democrático de Derecho corresponde al Poder Ejecutivo, por lo que resulta improcedente conocer y resolver esta materia vía recurso de protección.

La sola circunstancia de haber dispuesto monitores de televisión a sus clientes constituye un menoscabo a la esfera jurídica de los autores, por cuanto la comunicación pública de sus obras debe ser autorizada por ellos.

Limitar el libre tránsito del actor desde y hacia los predios de lo que es común, sin mediar justificación alguna, torna en arbitraria la conducta de la recurrida.

El actor alega que la comunidad de Carahue vive en un estado de amenaza permanente, y las recurridas han faltado a su obligación legal de garantizar el orden, seguridad y tranquilidad pública.

La actora reclama asuntos propios de discusiones de fondo, por lo que su pretensión excede los límites para los cuales está establecida esta acción.

La magistrada analizó el concepto de familia, entendiéndolo como dinámico y dependiente de variables sociales, culturales y regionales, sin una definición categórica en la legislación chilena e internacional, estableciendo que la madre biológica, quien se sometió a reproducción asistida, su pareja e hijo conforman una familia.

Alegan que se los privó de intervenir en el debate de normas reglamentarias haciendo el uso de la palabra lo que contraviene la libertad de expresión garantía básica en un proceso democrático de deliberación y búsqueda de acuerdos.

Del mérito de los antecedentes aparece de manifiesto que en el libelo se han mencionado hechos que eventualmente pueden constituir una vulneración de las garantías fundamentales consagradas en la Constitución.

En esas comunicaciones, el abogado le imputó ilícitos civiles y penales, los que no contaban con respaldo en sede jurisdiccional, lo que indudablemente perturba el derecho a honra y crédito personal de la recurrente.

Al no entregar oportunamente los fondos pagados por error, la institución ha conculcado el derecho de propiedad del recurrente.

La clausura del establecimiento es una sanción que se debe dirigir en contra de quien resulte infractor de la norma, por lo que no procede su imposición a una persona diferente, como es el caso del recurrente.

La recurrida modificó y alteró el ancho del camino, extendiendo irregularmente la cabida de su bien raíz, sin tener título alguno para realizar tal alteración.

Si bien el recurrido ejerció la facultad contemplada en la Ley 19.537, su aplicación vulneró el derecho a la vida y a la salud del actor, por lo que su actuar devino en ilegal y arbitrario.

La Municipalidad actuó dentro del marco de las facultades que la ley le otorga, lo que lleva a descartar un actuar arbitrario o ilegal de su parte.

El Tribunal de alzada rechazó la acción constitucional, tras establecer que la resolución de la jueza del 18 de noviembre reciente estaba dentro del marco de la legalidad para tratar de esclarecer los hechos investigados.

El sumario administrativo es el único medio idóneo para establecer los hechos que constituirían el fundamento de la destitución decretada, por lo que al no realizarse, tornó en ilegal la medida aplicada.

El recurrente no proveyó los antecedentes indispensables para acoger su solicitud, circunstancia que le es completamente imputable, excluyendo de este modo la arbitrariedad e ilegalidad alegadas.

En el caso sublite, no existe una preponderancia a priori de un derecho respecto del otro, ya que ambos (derecho a la honra v/s libertad de expresión) son denominados de segunda línea, a diferencia, a todo ejemplar, de la vida, integridad física, igualdad, entre otros.

El Tribunal de alzada estableció que el actuar de las organizaciones públicas al rechazar las licencias médicas por “reposo injustificado” es ilegal y arbitrario.

Ante la falta de acuerdo entre los contratantes, los tribunales son los únicos que pueden dar por terminado un contrato de arrendamiento cuyo plazo aún está vigente.

Los dichos de la autoridad obedecieron a la necesidad de dar cuenta de las gestiones efectivas que estaban realizando las policías, las cuales habían permitido la detención del actor.

La Carta Fundamental establece una acción especial para reclamar una infracción a las reglas de procedimiento aplicables a la Convención, lo que deriva en la improcedencia de esta vía cautelar.

Los vecinos alegan que la omisión denunciada permitió la expansión de la “toma”, trayendo como consecuencia contaminación, incivilidades y delincuencia en el barrio.

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley de Efecto Retroactivo de las Leyes, la recurrente fue válidamente reconocida por su madre al momento de solicitar su inscripción de nacimiento.