Acciones de Amparo y Protección

La actora fue sancionada gravemente sin que existiese una verdadera supervisión previa, en circunstancias que el organismo debe verificar hasta tres el supuesto incumplimiento antes de aplicar la sanción impugnada.

El máximo Tribunal desestimó la acción constitucional de amparo, al considerar que la medida cautelar privativa de libertad fue dictada con fundamento por juez competente.

El cumplimiento de las deudas universitarias se debe exigir mediante las acciones jurisdiccionales correspondientes, por lo que otra alternativa deviene en ilegal y arbitraria.

El municipio vulneró la garantía contemplada en el artículo 19 N°2, al no respetar cánones que son protectores para todas las trabajadoras que gozan de fuero maternal.

El procedimiento concursal de la persona natural regulado en la Ley de Insolvencia y Reemprendimiento, permite que el deudor pueda obtener una liberación de responsabilidad por las deudas anteriores al concurso por medio de la extinción de las mismas, cuestión que la doctrina jurídica comparada ha denominado un discharge o descarga de deudas.

Si bien no se demostró que las obras construidas por el recurrido afectan la propiedad del actor, sí quedó acreditado que aquel, ha entorpecido el libre tránsito, por lo que su actuar devino en ilegal y arbitrario.

La pretensión de la actora excede la finalidad que persigue la acción de protección, pues los tribunales no pueden ejercer atribuciones que se encuentran reservadas exclusivamente en el Poder Ejecutivo.

El SII, en ejercicio de la potestad extraordinaria de validación de requisitos, estimó que la actora no cumplía con las condiciones para acceder a dicho beneficio, por lo que no existe un actuar ilegal o arbitrario.

El reconocimiento o aclaración de los hechos, es propia de una vía diversa, pues escapa del ámbito de aplicación de la acción de protección.

Los hechos denunciados eventualmente podrían constituir vulneración de garantías tuteladas por el artículo 20 de la Constitución.

La justificación y la realización de nuevos exámenes constituyen diligencias imprescindibles para objetivar el diagnóstico de la actora y no dejarlo sujeto a la mera discrecionalidad del ente recurrido.

De los antecedentes aparece de manifiesto que en el libelo se han mencionado hechos que eventualmente pueden constituir una vulneración de las garantías fundamentales consagradas en la Constitución.

El recurrido cumplió lo ordenado por la autoridad sanitaria, a fin de resguardar la salud pública en el contexto de la pandemia mundial, por lo que no existe el actuar ilegal o arbitrario denunciado.

No es lícito valerse de vías de hecho para cerrar o impedir el acceso de un arrendatario, procediendo para ello a cerrar el portón de acceso, no otorgando las llaves o elementos necesarios para el ingreso.

La demora en la tramitación de su Visa no le es imputable a la actora, por cuanto la Autoridad no le remitió la documentación necesaria completar el proceso de visado, dejándola en una situación migratoria irregular.

Por no ser la vía idónea al efecto, pues existen en el ordenamiento jurídico otras acciones para que los recurrentes pueden perseguir y objetar la pretendida actuación.

El usuario de un Tribunal tiene derecho a requerir antecedentes de su interés, por lo que la falta de recursos no es un argumento válido para negar aquella solicitud.

De los antecedentes aparece de manifiesto que en el libelo se han mencionado hechos que eventualmente pueden constituir una vulneración de las garantías fundamentales consagradas en la Constitución.

Ante un conflicto entre la voluntad de la madre y el interés superior del niño, este último debe primar, particularmente si atenta contra la garantía consagrada en el N°1 del artículo 19 de la Carta Fundamental.

La instancia recibió al Ejecutivo a través del Subsecretario de Justicia, Sebastián Valenzuela, quien detalló el trabajo de la cartera y la agenda legislativa para enfrentar este tipo de hechos. Por su parte la Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, remarcó la ausencia de medidas efectivas para prevenir e investigar estos hechos.

La conducta del recurrido se torna arbitraria e ilegal, por cuanto ha turbado el derecho de propiedad de la actora, lo que vulnera la garantía del artículo 19 N°24 de la Constitución.

Del mérito de los antecedentes aparece de manifiesto que en el libelo se han mencionado hechos que eventualmente pueden constituir una vulneración de las garantías fundamentales consagradas en la Constitución.

El municipio debe las cotizaciones previsionales y de salud de sus trabajadores de casi siete años, lo cual ha generado un perjuicio directo a los trabajadores afectados.

La declaración de recuperabilidad de salud requiere además la evaluación de la compatibilidad con el cargo.

La denuncia está siendo conocida por el Juzgado de Policía Local correspondiente, por lo que la pretensión perdió oportunidad; y aun así, la solicitud de demolición de obras denunciadas excede el objeto de esta acción.

Los hechos denunciados eventualmente podrían constituir vulneración de garantías constitucionales tuteladas por el artículo 20 de la Constitución.

Se denuncia que la recurrida se ha atribuido facultades que no les han sido otorgadas, por cuanto el constituyente estatuyó una forma determinada para la aprobación de las normas constitucionales.

Los hechos denunciados no comprometen la libertad personal y la seguridad individual de los recurrentes, requisitos de orden constitucional y legal, que protegen el derecho a la libertad personal frente los abusos de poder y de las arbitrariedades.

El máximo Tribunal estableció que la autoridad no puede limitar la libertad de culto si – al mismo tiempo- permite la realización de otras actividades con aforos delimitados.

Del mérito de los antecedentes aparece de manifiesto que en el libelo se han mencionado hechos que eventualmente pueden constituir una vulneración de las garantías fundamentales consagradas en la Constitución.