Acciones de Amparo y Protección

Del mérito de los antecedentes aparece de manifiesto que en el libelo se han mencionado hechos que eventualmente pueden constituir una vulneración de las garantías fundamentales consagradas en la Constitución.

Los recurridos solo compartieron la grabación de la clase entre sus contactos de Whatsapp, por lo que su divulgación en redes sociales no le son imputables.

El Tribunal de alzada desestimó la acción constitucional, tras establecer que la autoridad recurrida actuó dentro de sus facultades otorgadas en el ordenamiento jurídico.

La recurrida cuenta con las autorizaciones de la Subsecretaría de Telecomunicaciones y de la Municipalidad, lo cual excluye la posibilidad de tipificar como ilegal y arbitrario su actuar.

El máximo Tribunal consideró que se atenta contra el derecho a vivir en un medioambiente libre de contaminación al mantener la operación del vertedero en base a una disposición transitoria.

La situación denunciada data desde el año 2017, y a pesar del intento de arribar a soluciones colaborativas con la recurrida, no ha adoptado ninguna medida para mejorar las condiciones de los internos.

No existe norma legal que autorice la mantención indefinida de estos datos de investigación en el sistema informático, por lo que su conservación configura un acto ilegal y arbitrario.

El máximo Tribunal estableció actuar arbitrario de la clínica al no permitir que el paciente obtenga sus antecedentes médicos para proseguir con un tratamiento necesario para su sobrevivencia.

El máximo Tribunal estableció actuar arbitrario de la autoridad al rechazar en su totalidad la transferencia de terrenos por una supuesta incongruencia entre la cantidad de habitantes de la comunidad y la superficie solicitada.

El acto denunciado deviene en ilegal al carecer de fundamentos, toda vez que hay constancia de los avances del interno en su proceso de reinserción social, cuyo fin se persigue con este tipo de permisos.

El recurrido se ha limitado a dar estricta aplicación a la Ley 21.252, en cuanto prescribe que el beneficio sólo resulta admisible respecto de los trabajadores dependientes, no siendo el caso de la actora.

La medicación genérica provocó secuelas perjudiciales en el estado de salud del paciente, quien arguye que la administración de los fármacos demandados son su única opción de sobrevida.

El actuar del recurrido es potencialmente vulneratorio de la integridad física de los recurrentes y se yergue como una medida de autotutela ilícita proscrita en nuestro ordenamiento jurídico.

Del mérito de los antecedentes aparece de manifiesto que en el libelo se han mencionado hechos que eventualmente pueden constituir una vulneración de las garantías fundamentales consagradas en la Constitución.

Del mérito de los antecedentes aparece de manifiesto que en el libelo se han mencionado hechos que eventualmente pueden constituir una vulneración de las garantías fundamentales consagradas en la Constitución.

Del mérito de los antecedentes aparece de manifiesto que en el libelo se han mencionado hechos que eventualmente pueden constituir una vulneración de las garantías fundamentales consagradas en la Constitución.

No se acredita una vulneración al derecho de propiedad, toda vez que el recurrente no cuenta con una servidumbre de tránsito en beneficio de su inmueble, quien además puede ingresar por otra vía.

El actuar del recurrido resulta ilegítimo, en la medida que ejerció un acto de autotutela no admitido en la ley, buscando por sí mismo establecer las características de una vía de tránsito.

Debido a los conflictos entre el Jefe de Servicio y la actora, se debía cumplir con celo la obligación de fundamentación de dicha medida, lo cual no ocurrió en el caso.

Del mérito de los antecedentes aparece de manifiesto que en el libelo se han mencionado hechos que eventualmente pueden constituir una vulneración de las garantías fundamentales consagradas en la Constitución.

La conducta denunciada se contrae al ejercicio de la libertad de informar por la recurrida en los términos dispuestos por la Ley de Prensa.

La recurrida actuó como una comisión especial al no cumplir con el procedimiento, el órgano, o el quórum debido, vulnerando la garantía de igualdad ante la ley.

No se demostró la existencia de un acto arbitrario e ilegal que prive, perturbe o amenace a alguno de los derechos que le asisten al recurrente, tanto en su calidad de persona, como de discapacitado.

La recurrida descartó tales informes porque no cumplían con las formalidades exigidas, pero aún así no solicitó exámenes complementarios para evaluar adecuadamente la situación del solicitante.

La actora convalidó durante todo el procedimiento la forma de notificación electrónica, por lo que no existió una falta de conocimiento de las comunicaciones emitidas por la recurrida.

Del mérito de los antecedentes aparece de manifiesto que en el libelo se han mencionado hechos que eventualmente pueden constituir una vulneración de las garantías fundamentales consagradas en la Constitución.

Se alega que el homenaje al excomandante atenta contra el derecho de reparación de las víctimas de derechos humanos y amenaza con la repetición de tales actos al presentarlo como un modelo a seguir.

El acto impugnado ha devenido en una decisión ilegal, desde que el recurso de apelación previsto en la Ley, también procede en los casos en que la acreditación concedida sea inferior a la solicitada.

Los actores no acreditaron su interés jurídico, directo e inmediato, comprometido en el resultado del juicio y en la protección de la garantía constitucional invocada.

El terreno al estar abierto al público permite la creación de un microbasural, lo que deviene en la afectación de la vida y la salud del actora y de su grupo familiar.