Acciones de Amparo y Protección

El Hospital actuó conforme la normativa aplicable al no ordenar la internación del paciente en ese recinto de manera permanente.

La demora en el término del proceso de titulación, no se debe a un actuar atribuible a la Universidad, sino que a la falta de respuestas de las recurrentes respecto al avance y entrega de la tesis respectiva.

La existencia de cables aéreos en un paisaje con gran valor turístico como el de Puerto Octay, constituye una forma de contaminación, siendo procedente prevenir cualquier daño en ese aspecto.

Prohibir la pesca deportiva submarina en un área de manejo, deviene en ilegal, al haber sido dictada la medida con manifiesta infracción de la norma que autoriza esta actividad en dichos sectores.

La autoridad actuó fuera de su competencia, toda vez que al momento de dictarse, existían controversias pendientes en conocimiento de los tribunales superiores de justicia.

El recurso no puede prosperar porque el mismo libelo cita publicaciones y noticias en medios de circulación masiva basados en los comentarios realizados por la recurrida respecto de las situaciones que habría vivido.

La acción no se sustenta en la existencia de un derecho indubitado, toda vez que los actos denunciados se enmarcan en lo prevenido por los artículos 98 de la Carta Fundamental y 21 A de la Ley 10.336.

Las peticiones del recurrente, por su naturaleza, desbordan el propósito y objetivo de la acción de protección.

Este recurso no resulta ser la vía idónea para impugnar actos administrativos relativos a materias de carácter ambiental, atendido su contenido técnico y discrecional.

Los derechos que reclama el actor se encuentran en discusión, no siendo ésta la vía idónea para su conocimiento y resolución.

El Tribunal de alzada acogió la acción cautelar, tras establecer que la isapre actuó de manera arbitraria, vulnerando los derechos a la integridad física y síquica y el derecho a la propiedad de la recurrente, al no homologar las prestaciones conforme lo permite la ley.

Del mérito de los antecedentes aparece de manifiesto que en el libelo se han mencionado hechos que eventualmente pueden constituir una vulneración de las garantías fundamentales consagradas en la Constitución.

El Tribunal de alzada rechazó la acción constitucional por considerar que la recurrente no acreditó afectación de derechos fundamentales de igualdad ante la ley y no discriminación.

El asunto controvertido debe ser resuelto en un juicio de lato conocimiento, pues incide en la substanciación actual del cumplimiento de una medida cautelar decretada en sede medioambiental.

La resolución de la consulta de pertinencia de ingreso al SEIA es una declaración de juicio, por lo que no puede tener la aptitud de vulnerar un derecho fundamental.

Dada la naturaleza y gravedad del delito, el informe psicológico del amparado es imprescindible para determinar si éste satisface o no los requisitos establecidos para la obtención de este beneficio.

El propio constituyente ha dispuesto la improcedencia de una acción de esta índole, por cuanto la reclamación pretendida se debe realizar ante cinco ministros de la Corte Suprema y a través de un procedimiento determinado.

Al omitir pronunciamiento sobre la petición de prórroga como residentes con asilo político, la recurrida privó, perturbó y amenazó la libertad personal y seguridad individual de los amparados.

Del mérito de los antecedentes aparece de manifiesto que en el libelo se han mencionado hechos que eventualmente pueden constituir una vulneración de las garantías fundamentales consagradas en la Constitución.

Al levantar el cierre afectó el estatus quo material, por cuanto obstaculizó el camino que el recurrido utiliza para acceder a su predio.

Del mérito de los antecedentes aparece de manifiesto que en el libelo se han mencionado hechos que eventualmente pueden constituir una vulneración de las garantías fundamentales consagradas en la Constitución.

El plazo entre la fecha de publicación en el Diario Oficial del Decreto impugnado y la fecha de interposición del recurso, excede al establecido en el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección.

El otorgamiento de este producto bancario se encuentra regulado en forma facultativa para estas instituciones, las que pueden basar sus decisiones en criterios de riesgo y conveniencia.

El actuar de la recurrida no puede ser calificado de ilegal ni arbitrario, toda vez que ha fundado suficientemente su decisión.

El hecho objeto del recurso es materia propia de un juicio de lato conocimiento, siendo improcedente su conocimiento y resolución por esta vía.

Si bien al momento de contratar el seguro, el actor contaba con exámenes que indicaban el hallazgo de una anomalía arterial, carecía de un diagnóstico, y por ende, no le era exigible su declaración.

La autoridad desconoció la aplicación de los principios de inexcusabilidad y coordinación, en circunstancias en que eran especialmente exigibles al ser menores de edad los solicitantes.

Al no proporcionar tal formulario a los actores, la recurrida incurrió en un acto ilegal, pues condicionó el inicio de aquel procedimiento a un trámite no establecido por la ley.

Del mérito de los antecedentes aparece de manifiesto que en el libelo se han mencionado hechos que eventualmente pueden constituir una vulneración de las garantías fundamentales consagradas en la Constitución.

El acto impugnado carece de sustento fáctico, pues la COMPIN declaró que la salud de la actora es recuperable, lo cual se confirma con su retorno al trabajo por cinco meses, sin presentar nuevas licencias.