Acciones de Amparo y Protección

Si bien la ley procesal no contempla de forma expresa la posibilidad de sustitución de la pena privativa de libertad de la manera que solicita el recurrente, existen reglas y principios de entidad superior, que deben ser consideradas el presente caso.

La Sexta Sala del tribunal de alzada descartó actuar arbitraria de la entidad recurrida y que la información solicitada tenga el carácter de reservada o secreta.

Se trata de una controversia interpretativa que excede los límites normales y específicos de una acción de protección, puesto que en este caso no hay derechos indubitados, requiriéndose para su adecuada solución, un análisis exhaustivo de los hechos, la normativa y los montos que detentaba el recurrente en su cuenta de capitalización individual.

Por regla general, toda actuación de autotutela debe ser calificada de ilegal, por cuanto se aleja del cauce legítimo que como sociedad se ha establecido para resolver los conflictos de interés jurídico.

Si bien la madre puede haber tomado la decisión denegatoria pensando en el interés superior de su hijo, nada puede ser más contrario a ello que adoptar una postura que pueda redundar exactamente en todo lo opuesto, esto es, en la muerte del niño.

Se solicitó el alzamiento de la medida, fiándose caución para dicho efecto, motivo por el cual se fijó audiencia de revisión de medida cautelar para 1 de diciembre, informó el recurrido.

La Sexta Sala del tribunal de alzada dio plazo de cinco días para el retiro de los retratos de quienes ejercieron el mando institucional durante el régimen militar, por considerar que su exhibición contraviene la garantía de no repetición de delitos de lesa humanidad, vigente en Chile.

Los contratos de salud deben conformarse a las normas vigentes, más aún cuando éstas tienen por objetivo resguardar la garantía constitucional de la igualdad, al prohibir la discriminación.

Trabajadores acogidos a licencia médica autorizada tienen derecho a la remuneración mientras mantenga la calidad de profesional de la educación dependiente de una Municipalidad o Corporación Municipal, no extendiéndose el derecho después del término de la relación laboral.

La construcción ha importado una vulneración al derecho de propiedad de la recurrente en cuanto se ha afectado parte de la techumbre de su vivienda.

Se ha producido una demora en la instrucción dada por la Superintendencia de Electricidad y Combustible, sin que se entregue una explicación suficiente y razonable.

A la fecha de postulación al beneficio de reducción de condena se encontraba vigente la modificación legal establecida en la Ley 21.421 publicada en el mes de febrero del año 2022, existiendo así previamente una mera expectativa del sentenciado en cuanto al otorgamiento de dicho beneficio, refiere el voto en contra

A diferencia de lo declarado en la sentencia impugnada, la PDI no ha incurrido en ilegalidad al practicar diligencias investigativas respecto del amparado, pues las mismas fueron efectuadas previa autorización de Fiscal a cargo de la investigación, en los términos previstos en los artículos 180 y 194 del Código Procesal Penal.

El presente caso es un ejemplo de la “vulgarización” que viene afectando a la acción de amparo, a la cual debe ponerse límite. La acción de amparo como mecanismo de tutela de urgencia, no es adecuada ni para discutir la pena sustitutiva ni la prescripción de la pena, debiendo haberse empleado los recursos legalmente previstos en el Código procesal penal, refiere el voto en contra.

La Sexta Sala del tribunal de alzada estableció el actuar arbitrario del servicio recurrido al sancionar a la aerolínea sin haberle dado la posibilidad de ser oída.

Se vulnera la integridad física de los vecinos al exponerlos a accidentes producidos ya sea por accidentes de un helicóptero al despegar, sobrevolar o aterrizar, o bien por accidentes relacionados con el almacenamiento de combustible.

Queda abierta en todo caso la posibilidad de mutar a reclusión domiciliaria si se allega a la causa un informe favorable de factibilidad técnica para control por monitoreo telemático.

La Séptima Sala del tribunal de alzada estableció el actuar arbitrario del servicio recurrido, al denegar la cobertura al tratamiento recomendado por el médico tratante, en contravención al derecho constitucional a la integridad física y psíquica del infante.

La Ley N°14.908, sobre abandono de familia y pago de pensiones alimenticias, en ningún caso contempla un orden de prelación de las medidas de apremio.

Mediante el procedimiento sumarial se comprobó de manera fehaciente las infracciones del recurrente en el desarrollo de sus funciones, apreciándose una descripción de hechos probados susceptible de generar responsabilidad administrativa por infracción al principio de probidad administrativa.

La remisión condicional tiene la naturaleza de una pena sustitutiva, por lo que siempre al otorgarla subyace la necesidad de considerar los abonos que eventualmente cabría computar de revocarse el beneficio y llegar a cumplirse efectivamente la pena privativa de libertad, por lo que no procede invocar el tiempo que estuvo en ella privado de libertad a la nueva condena.

No se realizó un procedimiento investigativo y sancionatorio, aplicándose una sanción sin previo emplazamiento de las partes involucradas.

Se puede abonar el tiempo que se ha permanecido privado de libertad en otra causa, siempre que se trate de procesos que hayan podido acumularse o agruparse, es decir, respecto de los cuáles teóricamente sea procedente la unificación de penas, de acuerdo con el artículo 164 del Código Orgánico de Tribunales.

La Octava Sala del tribunal de alzada estableció que el helipuerto no cuenta con las autorizaciones para su operación, afecta la salud física y síquica de los vecinos y el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación, amén de no ajustarse al uso de suelo de la comuna.

El colegio adoptó la sanción más gravosa de su reglamento interno en contra de uno de sus estudiantes por una única denuncia, sin considerar además las consecuencias derivadas de la decisión, atendida la separación de su comunidad estudiantil.

Existe una controversia respecto de la autoría de la publicación, lo que escapa al ámbito de competencia de este recurso, toda vez que para acoger la presente acción debe constatarse el carácter preexistente e indiscutido de un derecho afectado, condición que no se verifica en este caso desde que el derecho cuya protección se busca por esta vía no tiene el carácter de indubitado.

El amparado no mantiene orden de arraigo pendiente y la causa invocada por el Servicio de Registro Civil se encuentra terminada, en tales condiciones la negativa de esta institución aparece desprovista de fundamento en lo que dice relación con dicho proceso.

Las acciones y dichos que el músico suele realizar en sus conciertos y que probablemente repetirá en Chile, son un atentado cierto e indesmentible al honor, honra e integridad tanto psíquica como física de los recurrentes, alega el Comite Representativo de Entidades Judías en Chile.

Tal pretensión habría de resolverse a través de las vías que el ordenamiento jurídico contempla para ello, pero en caso alguno, por la decisión unilateral de uno de los involucrados, sin el amparo de una resolución judicial

El artículo 49 del Código Penal regula la posibilidad de sustituir la multa por prestación de servicios como una facultad del juez, no una obligación. La ausencia del imputado indica que no está de acuerdo con realizar los trabajos, informó el recurrido.