Contraloría

No se advierten elementos de juicio que permitan sostener, como pretende el recurrente, que lo obrado por DGA adolece de la debida motivación.

El recurrente se desempeñó como profesor civil en virtud de diversas designaciones, entre 1992 y 2017, originándose en su caso la confianza legítima de que tratan los dictámenes Nos 22.766 y 85.700, de 2016.

La Contraloría se abstiene de intervenir en la materia, por cuanto la Superintendencia de Educación informó que se encuentra actualmente en trámite un proceso de fiscalización respecto de los hechos denunciados.

El requerimiento fue remitido a la Contraloría General de la República mediante oficio de la II Contraloría Regional Metropolitana de Santiago, a la cual la empresa INGEIN Ltda. hizo llegar múltiples consultas.

No se advierte que la contratación a honorarios en el Servicio Electoral hubiera implicado una vulneración a las normas sobre compatibilidad de funciones previstas en el artículo 87 de la ley N° 18.834.

El Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas se ajustó a derecho en su actuar.

El ente contralor resolvió ésta, además de otras solicitudes de los requirentes.

Para la realización de alguna de las tareas que desarrolla la funcionaria -en específico las dos primeras- el uso de un computador constituiría un medio de apoyo para su ejecución.

La Contraloría General concluyó que en la especie no se advierte que en el proceso en cuestión se produzca una vulneración al principio de igualdad de los oferentes.

Tales labores las desarrollaron en cumplimiento de su jornada ordinaria de trabajo.

Se determinó finalmente no otorgar una nueva oportunidad de entrevista al recurrente, en atención a que las razones invocadas por sí para reprogramar su entrevista, no constituían causales de fuerza mayor.

Corresponde que la Municipalidad arbitre las medidas tendientes a subsanar las situaciones advertidas en el presente oficio.

Ha de ser efectuada sobre la base de los antecedentes concretos de los que se disponga y conforme a la normativa que rige el contrato.

El órgano contralor señala que no se aportaron elementos que permitan alterar el criterio impugnado, confirmando dictamen N° 70.620, de 2013 y N° 71.184, de 2014.

El dictamen N° 25.262, de 2 de mayo de 2012, eximió de la obligación de rendir cuenta de tales caudales a los organismos receptores y ejecutores de los mismos.

No es posible considerar para tales efectos los lapsos de abono o desafiliación reconocidos por el legislador para fines previsionales.

De esa manera, no se advierte inconveniente para que la entidad peticionaria pueda postular nuevamente a ser beneficiaria de los haberes públicos que integran el Fondo de que se trata.

En situaciones como la analizada y cuando dichos comités se encuentren constituidos en entidades públicas, se debe procurar la actuación coordinada de esos cuerpos colegiados.

Tanto Gendarmería como Carabineros y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, requeridos de informe, señalaron que se trata de una atribución de Gendarmería.

Lo importante es establecer si el CIREN se encuentra dentro de las "empresas o entidades del Estado" que usa el artículo 1 inciso quinto de la ley N° 19.863.

La Contraloría aclara que en esta investigación no se fiscalizó al Comité de Patrimonio Mundial de la UNESCO, sino que a la Municipalidad de Valparaíso y al Consejo de Monumentos Nacionales.

La asignación por antigüedad no se encuentra prevista entre las normas remuneratorias del Código del Trabajo.

Los municipios pueden contemplar en sus ordenanzas normativas que eviten la discriminación arbitraria y protejan la dignidad de las personas.

El órgano contralor no observó una discriminación arbitraria en perjuicio de los ayudantes, por cuanto sus labores y objetivos son diferentes.

No se observa alguna desigualdad de trato a los oferentes, ya que la falta de publicidad operó respecto de ambos proponentes.

No procede la acumulación de feriado cuando éste ha sido requerido únicamente porque el funcionario se vio impedido de gozar de ese descanso por habérsele otorgado licencia médica.

Sin que ella afecte a los que no pertenezcan a la nación toda o a los que no sean propiamente del Estado, aun cuando se ubiquen dentro de la faja de 80 metros contados desde la línea de más alta marea.

La resolución exenta no satisface la exigencia de motivación, por lo que la decisión impugnada no se ajustó a derecho.

La servidora no se encontraba expresamente amparada por fuero maternal, en virtud de lo dispuesto en su contrato y, además, a esa data, el servicio desconocía su embarazo.

El programa cursado por el recurrente es un pregrado de cuatro años, conducente a los grados de Licenciado en Ciencias Naturales y Matemáticas, en Ciencias Sociales, o en Artes y Humanidades.