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Cuando un trabajador ve disminuida su capacidad laboral debido a su estado de salud, aquel tiene, en principio, el derecho a conservar su puesto de trabajo o a ser reubicado de manera compatible con sus condiciones. Sin embargo, de no ser posible dicha reubicación, el empleador debe solicitarle al Ministerio del Trabajo la autorización para el despido.

En el conteo de votos dados a conocer este 11 de octubre, Chile obtuvo 144 votos, Costa Rica 134, mientras que Venezuela solamente logró reunir 88 votos a su favor.

Si bien cada país tiene particularidades propias, CEJA identifica tendencias regionales que se expresan en desafíos comunes.

Para considerar un vuelo con conexión directa no se requiere que las diferentes aerolíneas estén vinculadas por una relación jurídica. Se le reconoció compensación por 600 euros.

No es razonable que una persona con pérdida de capacidad laboral del 12% no tenga posibilidad de trabajo en una entidad de la magnitud de la Fuerza Aérea Colombiana. Lo contrario sería admitir que los integrantes de las fuerzas armadas están sometidos a un estándar de protección mínimo que se diluye de forma inmediata ante cualquier disminución de la salud física o mental.

El derecho a la intimidad no prevalece frente al derecho a la vida y a la protección de la salud pública, toda vez que la información sobre si se ha recibido la vacuna o no es una pieza básica y esencial para impedir la propagación de la infección.

Los ingresos del recurrente se han valorado para acoger la demanda, pero ponen de manifiesto la ilegalidad en que ha incurrido, por lo que se remitirá a la Seguridad Social copia de la sentencia y de todos los documentos que aportó referidos a los ingresos que percibe fuera y dentro de España.

La intervención en los mandatos constitucionales relacionados con el acceso futuro a una pensión digna, el derecho a la salud y la sostenibilidad financiera, es de intensidad leve, tomando en cuenta la falta de certeza sobre el riesgo presunto y toda vez que no necesariamente todos los afiliados al sistema privado han hecho efectivo el retiro.

Los antecedentes expuestos hacen del despido una respuesta desmedida. La empresa pasa de tolerar el proceder de la trabajadora a extinguir el contrato de trabajo, sin pasar si quiera por las fases previas de sanción por falta leve o por falta grave llegado el caso, de ahí la desproporción entre el comportamiento de la trabajadora y la respuesta del empleador.

Cuando existen denuncias graves de malos tratos generalizados en el país de destino, las autoridades nacionales tienen la obligación especial de verificar si la persona en cuestión estaría expuesta a un riesgo real.

En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, deben tener una consideración primordial y atender al interés superior del niño.

La protección a la unidad familiar es un derecho del que goza tanto el interno como su núcleo familiar. Sin embargo, no es un derecho absoluto ya que hace parte del grupo de garantías que se restringen como consecuencia de la relación de especial sujeción que surge entre el recluso y el Estado. Ello inexorablemente deriva del aislamiento obligado que genera la privación de libertad.

La información que ofrece el enlace causa un perjuicio considerable al afectado, por ser obsoleta. Además, los autores no aportan documentación que acredite lo que informan, lo que sitúa al afectado en un plano de indefensión.

La comunicación y visitas del progenitor que no ostenta la guarda permanente del hijo menor de edad se establece como un derecho del que podrá gozar en los términos que se señalen judicialmente. El criterio que ha de presidir la decisión que corresponda adoptar al juez, debe ser necesariamente el del interés superior del menor, ponderándolo con el de sus progenitores, que aun siendo de menor rango, no por ello resulta desdeñable.

No es posible aceptar como justificación que el registro no genera antecedentes policiales, pues en la práctica está claro que su acceso, indebido o no, genera efectos negativos o perjuicios más que evidentes a quienes ven perjudicadas sus expectativas laborales por el solo hecho de figurar en el mismo a razón de valoraciones o estigmatizaciones de tipo social.

Para establecer el cumplimiento defectuoso de una sentencia, deben configurarse dos elementos: i) retardo en el cumplimiento; y, ii) falta de justificación para el retardo. Ambos elementos se han verificado en el caso concreto.

La privación de libertad de estas personas conlleva implícito un mensaje intimidatorio orientado a disuadir y silenciar a otros opositores políticos, situación que continúa erosionando las reglas democráticas. En una sociedad democrática los derechos y libertades de las personas, sus garantías y el Estado de Derecho constituyen una tríada completa que adquiere sentido en función de los otros.

Las publicaciones no sólo amenazan y difaman a ciudadanos y funcionarios públicos inocentes, sino que también atentan contra la seguridad y el orden público, alegó el Municipio.

El grupo existirá cuando la concurrencia de varias personas no sea fortuita para la comisión inmediata de un delito y concurra una cierta continuidad en la condición de miembro.

Estas publicaciones tienen por objeto dar a conocer las principales líneas jurisprudenciales del Tribunal en diversos temas de relevancia e interés regional.

Si bien el actor debió adoptar las máximas precauciones por la naturaleza de la vía en que circulaba, la acción de la demandada contribuyó causalmente a la caída del motorista al adentrarse en la calzada de vehículos con su silla de ruedas eléctrica sorpresivamente, sin mirar y a una cierta velocidad.

Es un valor de primer orden que no puede ser desconocido con invocación de argumentos insustanciales y con la pretensión de suplir omisiones, pues ataca las bases mismas del sistema procesal, cuyo respeto es uno de los cimientos del imperio del derecho.

Sin desconocer las obligaciones legales de los extranjeros respecto a la regularización de su situación migratoria y su afiliación al Sistema de Seguridad Social, el hospital debió brindar la atención requerida a la gestante, pese a su situación migratoria irregular, en virtud de su condición, el principio de solidaridad y el interés superior del menor.

Esta resolución del Consejo de Derechos Humanos se adopta a pocos días de otra contienda diplomática que tendrá como escenario esta vez la Asamblea General de Naciones Unidas, el próximo 10 de octubre: ese día, se votará una resolución contra la anexión de cuatro territorios ucranianos a Rusia después de supuestas "consultas populares".

No se puede criticar al legislador por obligar a los médicos a respetar la voluntad del solicitante o por imponerles un deber de confidencialidad y secreto médico. El respeto al carácter confidencial de la información médica es un principio esencial y por ello se debe proteger no solo la privacidad de los pacientes sino también mantener su confianza en la profesión médica y los servicios de salud en general.

Ante peticiones sobre la situación militar de una persona el Ejército debe garantizar el debido proceso y definir con prontitud las solicitudes que al respecto reciba. Las demoras en la determinación de la situación militar de una persona pueden comprometer el goce efectivo del derecho al trabajo.

La dispensa por reunificación familiar constituye una facultad discrecional de la Administración de carácter excepcional y restrictivo.

El daño moral no necesita estar especificado en los hechos probados cuando fluye de manera directa y natural del referido relato histórico o hecho probado.

Los señalamientos son muy generales y no permiten comprender el contexto de las preguntas ni su necesidad causal entre los hechos descritos y la finalidad de las cuestiones planteadas. Es importante precisar el aporte de información que contextualice las consultas porque promueve que el debate ciudadano se realice de forma informada y contrastada.

Si bien hay pruebas que permiten determinar que hubo discriminación y coerción, el procesamiento sería desproporcionado para los acusados, ya que la alumna fue indemnizada a través de un acuerdo de conciliación y; según los informes, la escuela ahora es segura para los estudiantes LGBTI.