Judicial

De igual forma, al solicitar que el tribunal declare de oficio la nulidad absoluta de los actos que adolecen de objeto ilícito, el vicio debe ser de tal magnitud que aparezca de manifiesto, tal como lo exige el artículo 1683 del Código Civil.

El procedimiento disciplinario que devino en la expulsión del actor fue legal y estatutariamente tramitado.

El decaimiento del procedimiento administrativo sólo puede operar si, entre el inicio del mismo y la dictación de la resolución terminal, transcurre el plazo de 6 meses, no pudiendo considerarse para el cómputo de dicho plazo el tiempo utilizado en resolver los recursos presentados en contra del acto terminal.

Respecto al plazo de 90 días que cuenta CONAF para pronunciarse sobre las peticiones de corte de bosque nativo, es uno de días hábiles administrativos.

El Servicio denunció en un tribunal civil a dos pescadores artesanales que extrajeron una cuota mayor a la permitida de Anchoveta y Sardina, en circunstancias que por aplicación del artículo 55 letras Ñ y O de la Ley General de Pesca, le correspondía al propio denunciante iniciar un procedimiento administrativo sancionador para investigar la infracción.

Los jueces de fondo no ponderaron la prueba aportada por el demandado en alzada, en circunstancias que ésta era de vital importancia para fundamentar su defensa.

El inicio de la investigación suspende este plazo de prescripción. Según lo previsto en el artículo 86 de la ley 20.529, no es posible ejercer la potestad sancionadora administrativa en este caso concreto.

El Tribunal Calificador de Elecciones considera que carece de competencia para resolver el reclamo al tenor de lo que dispone el artículo 26 de la ley 18.603.

El Tribunal estableció que lo pactado por las partes era la prestación de servicios educacionales en modalidad diurna, correspondiente al régimen general de la carrera de Ingeniería en Minas, sin hacer alusión a alguna condición especial derivada de la condición de trabajador del estudiante.

Esto se desprende del análisis armónico del artículo 14 de la Ley N°19.253 en relación con el artículo 1749 del Código Civil.

El artículo 68 del Código Penal faculta al tribunal a rebajar la pena si estima que concurren las circunstancias atenuantes para ello, pero no lo obliga a aceptar cada minorante que invoque la defensa.

Asentado que la acción de inoponibilidad es de naturaleza inmueble, la regla aplicable es la del artículo 135 del COT; a falta de estipulación, será competente el juez del lugar donde se contrajo la obligación o donde se encontrare la especie reclamada, a elección del demandante.

El juez laboral no debe limitarse a constatar la concurrencia del presupuesto de la causal de término del contrato sin ponderar las circunstancias del caso.

En la especie, la demanda ejecutiva se notificó con posterioridad al plazo de un año establecido en la Ley N°18.092, por lo que los jueces de fondo debieron declarar prescrita toda la deuda y no sólo una porción de ella.

El recurrente fue sorprendido por la policía retirándose de un inmueble en la madrugada y dejando el lugar desprotegido, acto anormal y sospechoso que originó la detención del imputado por el delito de robo en lugar habitado.

Que la propiedad haya sido adquirida por el vendedor de conformidad al DL N°2.695, sumado a que este tenga apellido mapuche puede calificarse sólo como una coincidencia.

A falta de un representante nombrado por la comunidad, cualquiera de sus integrantes puede ejercer medidas tendientes a la conservación del patrimonio común, como en la especie, la interposición de una demanda de precario.

La prescripción que extingue acciones exige solamente cierto lapso durante el cual no se hayan ejercido dichas acciones, contándose ese plazo desde que la obligación se haya hecho exigible.

El Tribunal de alzada ratificó la sentencia apelada que acogió la demanda.

El Estado es responsable por los daños que causen los órganos de la Administración en el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren afectar al funcionario que las hubiese ocasionados.

Pese a esgrimir argumentos de fondo que favorecen su petición, el demandado erró procesalmente al dirigir la acción únicamente en contra del comprador de un predio cuyo dominio sostiene le pertenece.

El máximo Tribunal estableció que la denuncia formulada es de competencia del director regional del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca), cuya resolución administrativa es la que puede ser reclamada ante la corte de apelaciones respectiva.

El Tribunal de alzada estableció que la información solicitada es de carácter pública y que no vulnera la privacidad de quienes han solicitado el procedimiento, al tratarse solo de datos estadísticos.

El Tribunal de alzada descartó actuar ilegal de la Dirección de Obras de la Municipalidad de Santiago al rechazar la solicitud de demolición. La fuerza mayor aducida está basada en la conveniencia económica del propietario del predio que, por este motivo, arguye que la edificación podría quedar abandonada y en riesgo de ser abandonada.

El recurrente perdió la idoneidad para mantener el permiso al ser formalizado por manejo en estado de ebriedad causando lesiones menos graves.

La decisión puede modificarse a través de un procedimiento contencioso administrativo o civil en que se revisen los fundamentos de los actos administrativos.

El Tribunal de alzada confirmó la resolución impugnada, dictada por el Tribunal de Juicio Oral en Lo Penal de Chillán, el 10 de junio recién pasado.

La incorporación de la perspectiva de género en la administración de justicia se fundamenta en los principios de igualdad y no discriminación, y en el derecho de acceso a la justicia de todas las personas consagrado en la normativa nacional y los estándares internacionales de Derechos Humanos.

El máximo Tribunal estableció la falta de análisis de toda la prueba ofrecida en el proceso.

El Tribunal de alzada estableció que la recurrida actuó dentro de sus atribuciones fiscalizadoras.