Judicial

El Tribunal rechazó la demanda al no acreditarse que el demandante haya sido despedido de forma verbal, tras ausentarse de su lugar de trabajo tres días seguidos.

El máximo Tribunal considera que tal acto no vulnera el debido proceso, pues la pericia fue solicitada con anterioridad a la comunicación de cierre de la investigación, hecho conocido por la defensa al declarar que haría suya toda la prueba de la fiscalía durante el juicio.

De acogerse la tesis del recurrente, la ley haría responsable de forma objetiva a todos los dueños de lugares en los que alguien fallezca electrocutado, sin considerar la intervención de terceros.

Colegio de Lebu debe pagar más de 30 millones de pesos del saldo adeudado por construcción de sus dependencias. Los jueces el fondo al rechazar la demanda no razonaron de forma correcta sobre la prueba aportada por el demandante.

Recurrente objetó la negativa de la DGMN a cursar su petición de inscripción respecto de cuatro armas de fuego, en circunstancias que mantiene vigente una investigación por tenencia ilegal respecto de las mismas.

El Tribunal de alzada descartó falta de fundamentación en la sentencia impugnada, dictada por el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, que desestimó íntegramente el reclamo judicial deducido por la isapre en contra de la resolución de multa adoptada por la Inspección Comunal del Trabajo Santiago Oriente.

La administración de los bienes nacionales de uso público corresponde esencialmente a las Municipalidades, por ende, si el ente edilicio no veló por mantener el buen estado de las veredas, se entiende que no actuó, teniendo el deber legal de hacerlo, lo que constituye falta de servicio.

El fallo descartó además que la sentencia impugnada haya omitido los fundamentos que la llevaron a su decisión. Sostuvo al respecto que, la falta de conformidad del recurrente con dichos fundamentos, al acusar falta de mérito, no significa que los mismos no existieran.

El máximo Tribunal no advierte una justificación racional para excluir dicha hipótesis de lo previsto en el artículo 498 del Código del Trabajo.

La normativa aplicable establece un procedimiento de orden administrativo sujeto al Director Regional de SERNAPESCA por lo que los tribunales civiles son incompetentes.

El Tribunal confirmó íntegramente la sentencia que acogió la demanda.

El máximo Tribunal propone que teniendo presente la determinación respecto de la tramitación electrónica, parece apropiado evitar la duplicidad de esfuerzos, por lo que podría ser apropiado que la base técnica y soporte a la misma se realice por el Departamento de Informática de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, el cual está en condiciones de hacerlo, con lo cual se entrega mayor certeza a los litigantes al existir un solo órgano a cargo de esta materia.

Con sentencia del Tribunal Constitucional se reactiva un proceso judicial que busca evitar el cumplimiento de una decisión de Consejo para la Transparencia (CPLT), en la que se estableció la calidad de pública de aspectos asociados a concesiones del servicio público de telefonía inalámbrica.

El recurrido justificó la desvinculación de los actores en un proceso de reorganización de una de las Compañías de la ciudad, circunstancia no contemplada para perder la calidad de bombero.

El uso sin autorización de fotografías de los recurrentes para difamarlos en redes sociales es una afectación a sus derechos de imagen propia, reconocidos en la Carta Fundamental bajo el amparo del derecho a la honra.

Actuar negligente de los facultativos del Hospital Hanga Roa en Isla de Pascua causaron daños graves e irreversibles a la salud del niño.

El recurrente alegó que el producto bancario no fue solicitado por él y que el banco arbitrariamente se negó a cerrar el producto y a devolver el dinero del cliente.

El vacunarse en contra del Covid-19 es un acto libre, que no impone sanciones, no obstante quienes ejerzan esa libertad deben asumir las consecuencias jurídicas que puedan hacerse valer en su contra, como en la especie, las restricciones al pase de movilidad.

En la especie un grupo de solicitantes señaló que eran 109 los usuarios del canal, pero no indicaron las identidades ni la proporción de derechos respecto del uso de las aguas.

El ente municipal se debe asegurar que las máquinas de juegos no sean de aquellas prohibidas por el ordenamiento jurídico.

En virtud del principio iura novit curia, el sentenciador debe aplicar a la cuestión de hecho las normas legales que la gobiernan.

El máximo Tribunal descartó infracción al debido proceso al no haber ofrecido el Ministerio Público las pruebas en el inicio del procedimiento simplificado, llevado adelante ante el Juzgado de Garantía de Tocopilla.

El Juzgado de Policía Local de Gorbea afirma que “toda empresa eléctrica debe contar con programas que permitan el cumplimiento de las autorizaciones en forma previa y con el tiempo debido a fin de evitar la mala calidad del servicio, cuestión que en la especie no ha ocurrido, así como tampoco la existencia de una fuerza mayor que haya implicado el actuar de emergencia de la empresa denuncia, cuestión que al menos no ha resultado acreditada”.

Debe ser rechazado el daño emergente sufrido por sus padres, a pesar de la abundante prueba rendida, por cuanto no ejercieron la acción junto a su hija y no son sujetos activos de la acción indemnizatoria ejercida.

Es legal el control de identidad, si el sujeto huye al advertir la presencia de policías y, si lo observado por Carabineros concuerda con la descripción de un testigo.

El máximo Tribunal consideró yerro en la sentencia recurrida, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, al ordenó el pago total de las rentas tras la declaración del término del contrato de arrendamiento.

La antinomia presente entre lo dispuesto por el artículo 150 y lo comprendido en el artículo 1740 N°3 del Código Civil, debe resolverse haciendo primar la primera de estas, en base a criterios de especialidad y cronológicos.

El Tribunal de alzada confirmó la sentencia impugnada, dictada por el 20° Juzgado Civil de Santiago, que anuló la cláusula cuestionada.

El recurrente pidió modificar hechos reconocidos en la causa para evitar la demarcación forzosa de su predio, desconociendo las circunstancias consideradas inamovibles en el procedimiento.

Recurrente pidió que se le reconociera el pago de las rentas adeudadas, pero no desarrolló argumentos tendientes a desvirtuar el obstáculo sufrido por el arrendatario al no poder utilizar la cosa arrendada por las restricciones de movilidad impuestas por la autoridad sanitaria.