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La compañía incumplió su deber de supervisar al liquidador del siniestro, quien desestimó evidencia técnica aportada y emitió un informe sin justificación, vulnerando los derechos del asegurado.

Consideró que el tribunal de instancia fundó adecuadamente el despido en antecedentes económicos objetivos y en la reorganización empresarial.

La Magistratura sostuvo que el D.L. N° 3.607 establece exigencias claras para las entidades que prestan servicios de seguridad, cuya infracción justifica la imposición de sanciones.

El establecimiento educacional no aplicó el Reglamento Interno y su Protocolo de forma íntegra, configurándose un incumplimiento a la normativa educacional.

La ley exige que al momento del despido se encuentren pagadas las cotizaciones correspondientes al mes anterior, lo que en caso alguno quiere decir que ese mes anterior debe haber sido laborado íntegramente por el dependiente, pues ese requerimiento no se contiene en la norma.

La demandada ocupa el bien porque ingresó a él en virtud de su calidad de hija del dueño y de beneficiaria de un derecho de uso y habitación, ya extinguido.

No efectuó oportunamente los depósitos correspondientes a ventas por $789.840.-, y tampoco comunicó inmediatamente a la empresa la sustracción del dinero cuya custodia estaba bajo su responsabilidad.

El imputado quiso revertir su condena acusando una errada calificación jurídica, no obstante, las armas de fuego y diversos elementos que suponen el comercio de la sustancia fueron determinantes para mantener el castigo impuesto.

La Corte de Punta Arenas señala que la suspensión opera por la denuncia y posterior querella de Aduanas, ya que este no es un delito que la Fiscalía pueda investigar y formalizar sin intervención de la querellante, por ser un delito cuya acción pública nace de la instancia particular previa.

La Corte Suprema acogió recurso de nulidad por vulneración de defensa en juicio, ordenando un nuevo juicio ante tribunal no inhabilitado.

Los derechos, aplicables desde marzo de 2024, se enfocan en la recuperación del espacio público ante externalidades negativas y en el resguardo del perímetro del recinto.

En 2025, la seguridad y salud en el trabajo no puede entenderse sin perspectiva de género: las mujeres enfrentan mayores riesgos psicosociales, menor reconocimiento institucional y una profunda desigualdad estructural. Ignorar estas diferencias no solo perpetúa la inequidad, sino que afecta la eficiencia y sostenibilidad de los entornos laborales.

La requirente sostiene que el precepto genera efectos inconstitucionales, al impedir que se conceda una orden de no innovar con el fin de evitar el cumplimiento de una sentencia que podría afectar sus derechos.

La emisión del reportaje, en el que participó la persona directamente sindicada como responsable, fue difundido en virtud del derecho a informar y la libertad de expresión.

La omisión impidió a las beneficiarias adquirir el dominio de las propiedades, respecto de las cuales tienen un derecho indubitado desde 2019, afectando su integridad psíquica dada la demora y su situación de vulnerabilidad.

La Corte de La Serena resolvió que no existe congruencia entre la naturaleza de la infracción con la sanción impuesta, conforme lo dispuesto en los artículos 79 y 81 del DS 518, toda vez que, la recalificación y subsunción a las hipótesis de infracciones menos graves importan la aplicación de las sanciones dispuestas por el artículo 81

El tiempo en prisión preventiva debe considerarse parte de la condena, incluso en penas no privativas de libertad, resuelve Corte de Valdivia.

Los juzgadores del grado decidieron lisa y llanamente “asumir”, que el porte de la escasa cantidad de droga era para comercializarla; para luego, consignarlo como un hecho judicialmente establecido, obviando la regla que una hipótesis podrá tenerse por confirmada en la medida que las pruebas allegadas la hagan probable en grado suficiente, máxime si aquella variable se encuentra refutada de descargo.

Una vez declarado concluido el debate y estando en el proceso de deliberación, la audiencia ya está “cerrada” y, por lo tanto, no puede ser reabierta para advertir a los intervinientes y promover el debate sobre la eventual concurrencia de circunstancias modificatorias no contempladas en la acusación, señala la Corte de Rancagua.

Señala que no se analizaron adecuadamente los elementos del tipo penal, se dio excesiva importancia a discrepancias menores entre testimonios, no consideró el contexto global de los hechos ni la coherencia entre los relatos y omitió información relevante aportada por testigos.

La decisión se basó en la protección de la integridad psíquica y el derecho a la tutela judicial efectiva de los menores trans. Fallo declara inaplicables artículos de la Ley de Identidad de Género. Hay votos disidentes que argumentan la validez del criterio de edad en la ley.

El material se almacenó en el notebook institucional, y fue visualizado por otros funcionarios, quienes al utilizar el dispositivo accedieron a videos pornográficos —algunos protagonizados por el propio actor— e incluso a contenidos que mostraban actos de zoofilia.

La Universidad no puede condicionar la rendición de un examen de grado o titulación a exigencias pecuniarias de ningún tipo.

El requirente sostiene que se vulnera el debido proceso y la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, desde que frente a un incumplimiento menor se ha decretado la resolución de un contrato de cesión de derechos.

La Corte de Apelaciones de San Miguel rechazó el recurso de nulidad interpuesto en contra de la sentencia del Sexto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de la capital, que condenó a la acusada a la pena de ocho años de presidio mayor en su grado mínimo, como autora del delito de parricidio. El…

Aun cuando la recurrida tiene la facultad de ponderar la documentación que le sea presentada y, conforme a ella, decidir fundadamente sobre la solicitud, el carácter facultativo de esa determinación no importa que la misma pueda adoptarse desatendiendo los antecedentes consignados en el informe de postulación psicosocial.

La mera expiración de los plazos no es suficiente para declarar el decaimiento administrativo. Se debe evaluar cada caso en su contexto, considerando la complejidad del asunto y las acciones tomadas por la administración durante el proceso. Si la extensión del procedimiento afecta negativamente los derechos o intereses legítimos del administrado. Si existe una falta de acción por parte de la autoridad administrativa que no pueda justificarse. Si la demora viola los principios de eficacia y eficiencia que deben regir la actuación administrativa.

No es posible concluir que es prueba veraz e imparcial y que se trata de declaraciones coherentes y concordantes, lo que no permite reproducir el razonamiento de los sentenciadores para establecer la manera en que concluyeron la forma en que se desarrolló la dinámica de los hechos, más si ningún testigo estuvo presente al momento de los hechos y sus declaraciones se basan en conclusiones propias y/o suposiciones.

Entre las mejoras implementadas destacan la eliminación de la obligación de presentar el Certificado de Dominio Vigente y la flexibilización de los requisitos para contratos de arriendo, lo que busca facilitar el acceso al beneficio.

Tras casi una década sin sesionar, el Gobierno reactivó la Comisión Coordinadora de Derechos Humanos, ampliando su mandato y participación interinstitucional, con el objetivo de fortalecer el cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado en esta materia.