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El abogado, exembajador y fundador de Renovación Nacional dejó de existir a los 94 años.

La Magistratura Constitucional consideró que los argumentos del requirente no plantean una cuestión de constitucionalidad, sino de mera legalidad y ponderación de hechos, lo que corresponde a los tribunales del fondo.

No puede desconocerse la realidad que implica el conocido volumen que han alcanzado las peticiones en materia de migración. Sin embargo, tampoco es posible desconocer se ha superado el plazo razonable para emitir la decisión, lo que ha dado lugar a la incertidumbre reclamada, de manera que la demora deviene en arbitraria.

La decisión se basó en la constatación por parte de funcionarios municipales del funcionamiento irregular de una discoteca en el establecimiento de la recurrente, dado que sólo cuenta con patente para funcionar como restaurante. La efectividad de esta situación consta además de las publicaciones online promocionando una fiesta a realizarse en domicilio de la actora, con evidente carácter comercial.

Se acreditó la vulneración denunciada como ilegal y arbitraria, al existir contaminación acústica acreditada y, por consiguiente, se infringe la garantía constitucional contenida en el artículo 19 N°8 de la Constitución.

Tuvo en consideración la normativa que establece que no procede la inscripción de un arma de fuego, si el solicitante ha sido víctima del robo de armas de fuego, salvo excepciones, más aún, teniendo presente que no ha solicitado la respectiva cancelación correspondiente al arma sustraída hace 15 años.

No se acreditó la existencia de una acción u omisión ilegal o arbitraria por parte de la recurrida, dado que el conflicto tenía un carácter estrictamente contractual y no genera un derecho indubitado en favor de la recurrente.

La resolución impugnada carece de fundamentos, vulnerándose así el artículo 170 N° 6 del Código de Enjuiciamiento Civil, que contempla la obligación de los sentenciadores de resolver el asunto controvertido, comprendiendo todas las acciones y excepciones hechas valer en juicio, pudiendo omitirse solamente las que sean incompatibles con las aceptadas.

El acuerdo busca regular diversas materias tales como la procedencia y los tiempos de alegatos, sanciones por incomparecencia, regulación de la suspensión de la vista de causas en materias civiles y de familia y sobre rendición de prueba en segunda instancia.

La instrucción la determinó el Pleno debido a la necesidad de generar un procedimiento para los cambios de domicilios de las dependencias de las distintas notarías y asegurar la continuidad del servicio notarial, lo que será supervisado por los respectivos ministros visitadores.

La resolución confirmó la medida cautelar impuesta por la Corte de Santiago, argumentando la necesidad de cautela y la gravedad de los hechos imputados. ​

En el evento de que la cámara se desplace y capte imágenes de parte de la infraestructura del domicilio de la actora, se torna en ilegal y afecta su derecho a la privacidad, intimidad y sus datos personales.

Atendido que la recurrente no considera volver a habitar el inmueble, se ordenó al recurrido permitirle que retire los efectos personales que se encuentren al interior de la propiedad, en presencia de Carabineros.

Dada la magnitud del riesgo para la salud pública, se consideró que las medidas impuestas son proporcionales y justificadas, tras haberse detectado infracciones graves en la empresa embotelladora, incluyendo la falta de autorización para alcantarillado y agua potable, la extracción de agua desde pozos en lugar de fuentes autorizadas y la presencia de coliformes fecales en niveles superiores a los permitidos.

La Magistratura Constitucional razona que la suspensión de un funcionario en el marco de un sumario administrativo no constituye una sanción, sino una medida cautelar legítima y sujeta a control administrativo y judicial, y que está destinada a resguardar la investigación y el funcionamiento del órgano público.

Habiendo transcurrido casi 3 años desde la baja del carabinero y del inicio del sumario, se ha producido una transgresión a la garantía de igualdad ante la ley, por cuanto se dejó al actor en una situación desmejorada en relación a otros funcionarios que han podido ser juzgados en un plazo razonable.

La controversia radica en el monto de la indemnización que la empresa minera debe pagar al Fisco por el uso del terreno, pero la Corte Suprema resuelve que los tribunales de instancia sí analizaron y ponderaron adecuadamente las pruebas, por lo que la sentencia original que fijó la indemnización quedó a firme.

La persona con proyección pública viene obligada a soportar un mayor grado de afección en su derecho al honor. El derecho al honor que se ve “limitado” por la exposición voluntaria a la opinión pública de los “influencers”.

El 26 de junio de 2015, la Corte Suprema de Estados Unidos legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo en todo el país, un hito en la lucha por los derechos LGBTIQ+. Esta histórica decisión, en el caso Obergefell vs. Hodges, representó un avance hacia la igualdad y el reconocimiento de la dignidad de todas las personas, poniendo fin a décadas de discriminación legal.

Se solicita que la disposición sea declarada inaplicable al caso concreto por producir resultados contrarios a la Constitución, al generar una desventaja procesal injustificada que vulnera el derecho a la defensa, la igualdad procesal y el derecho a ser oído de la requirente.

No se ha establecido cual es el interés directo de parte de la recurrente, Clínica Dávila, en la acción interpuesta, pues se trata de la negativa de los padres a vacunar a su hija; no se observa en este caso afectación o agravio, ilegalidad de lo obrado, ni menos la vulneración de garantías por el actuar o la conducta omisiva de los padres de la menor.

La presente acción no resulta idónea para la declaración de la existencia del derecho de la recurrente a dejar sin efecto la resolución impugnada, por cuanto la determinación respecto de sí se configuran o no los supuestos fácticos requeridos por la autoridad recurrida, resultan ser cuestiones que deben ser discutidas y dilucidadas en un procedimiento contradictorio.

Este principio prohíbe a la Administración modificar el acto administrativo, perjudicando al destinatario del mismo, a propósito del ejercicio de recursos que el ordenamiento prevé puedan ser ejercidos por este, puesto que, en ese caso, el ejercicio de las facultades revisoras queda circunscrito a lo que fue esgrimido por el recurrente.

Conforme a esta normativa especial, no puede atribuírsele incumplimiento alguno a la institución demandada referido al pago de las cotizaciones previsionales o de salud; por consiguiente no puede darse aplicación en este caso al artículo 162 del Estatuto del Trabajo, en su incisos 5° y 7°, que instituye la nulidad del despido, por aplicación de la ley Bustos.

En cuanto al daño moral, estableció que concurre en la especie, ya que la falla o defecto en la construcción produjo una afectación emocional cierta al demandante al dejarlo en una situación que trastocó su forma y calidad de vida, impidiéndole durante meses poder usar y gozar de su vivienda nueva, según los fines para los cuales fue comprada, con el consiguiente desgaste emocional, nivel de estrés y angustia al ver frustrado su proyecto familiar.

No solo la información que consta en actos o resoluciones adoptados por los órganos de la administración del Estado y conforme a determinados procedimientos reviste el carácter de información pública, sino que participa de esta calidad toda aquella que se haya elaborado con presupuesto público, con prescindencia del formato en que se contenga.

Se constató la existencia de proposiciones fácticas que se refieren a los mismos escenarios, advirtiendo que en uno se afirma la vigencia de la acción de nulidad del despido, la que supone la afirmación de cotizaciones previsionales impagas, lo que en otra proposición se niega.

El artículo analiza sentencias y decisiones claves de poderes judiciales y legislativos que marcaron el año 2024 en América Latina. Examina su impacto en el marco constitucional, el Estado de derecho y la democracia en diversos países de la región como Ecuador, Nicaragua, Uruguay, México y Colombia.

La sentencia reafirma la obligación de los centros educativos de garantizar un entorno inclusivo, libre de discriminación y respetuoso con la diversidad, ordenando al colegio revisar su manual de convivencia, ofrecer disculpas al estudiante y ajustar su educación en sexualidad para evitar contenidos discriminatorios.

El Director Regional del Servicio aplicó inicialmente una multa del 30% de los recursos correspondientes; sin embargo, esta fue rebajada al 10% de los recursos asignados, basándose en el hecho de que la Fundación implementó acciones remediales para mejorar la situación y proteger a los niños y niñas del proyecto.