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No se logró establecer administrativamente que la causante sea efectivamente madre del recurrente conforme a los antecedentes recopilados en los sistemas del Servicio, y, por lo tanto, no se logró establecer un vínculo filiativo entre ambos, por lo que no procede acceder a la solicitud de posesión efectiva de los bienes quedados al fallecimiento de la causante.

La Universidad informó que el actor, quien ingresó a la carrera en 2005 y se reincorporó en 2017, reprobó la asignatura de Trabajo Final de Titulación en tres ocasiones entre 2019 y 2023. Explicó que, a pesar de que se extendió su matrícula para permitirle presentar su defensa en marzo de 2023, el recurrente no se presentó a la defensa ni presentó el certificado médico correspondiente dentro del plazo de 72 horas, lo que justificó su tercera reprobación.

La Comisión declaró la imposibilidad física del recurrente, por padecer de “Trastorno Adaptativo Prolongado”, afección de origen natural, psiquiátrica, de pronóstico curable y no invalidante, que lo imposibilita temporalmente para prestar servicios en Carabineros.

La ocupación del demandado no deriva de la ignorancia o mera tolerancia de la actora, sino de la existencia de una relación de familia entre las partes, por ser hermanos, y por la autorización que le otorgó su padre con anterioridad a que la actora adquiriera el inmueble por venta que le hiciera el mismo progenitor.

El obrar del recurrido quebrantó el statu quo existente al momento en que adquirió el inmueble, lo que deriva del acto de autotutela consistente en modificar y cambiar de lugar el cerco divisorio colindante con la propiedad de la actora, sin su participación ni consentimiento, deviniendo en un acto arbitrario, al no contar con resolución judicial previa.

Es en condiciones de crisis cuando resulta más atingente exigir a la causal de necesidades de la empresa, la objetividad que la fundamenta, a fin de que no baste sólo con invocar la restructuración o fusión de las empresas, esto es, como una habilitación genérica y a priori para legitimar despidos que tengan en vista la mera reducción de costos o la posibilidad de deshacerse de trabajadores con un desempeño inferior al esperado.

El artículo 83 de la Ley N° 21.325 de Migración y Extranjería, dispone que la residencia definitiva quedará tácitamente revocada al ausentarse su titular del país por un plazo continuo superior a dos años, salvo que el interesado solicite, antes del término de dicho plazo, la prórroga de tal residencia ante el consulado chileno respectivo, la cual se otorgará por una sola vez y tendrá una vigencia de dos años.

Los sentenciadores realizaron un razonamiento plenamente ajustado a derecho y a la estructura del tipo penal atribuido, desarrollando un acertado ejercicio de interpretación acerca del alcance del artículo 22 de la ley 19.968, desechando categóricamente la tesis de la defensa, y con ello los supuestos incumplimientos a lo dispuesto en la norma citada, como también al artículo 93 de la misma ley y 40 del Código de Procedimiento Civil.

El voto en contra refiere que, al no existir norma legal alguna que autorice la mantención indefinida en el Sistema de Apoyo a los Fiscales de los datos personales asociados a investigaciones sobreseídas, la negativa a su eliminación y, por tanto, su conservación, configura un acto ilegal y arbitrario que lesiona el derecho a la protección de datos personales de la actora.

La campaña se basa en la evidencia científica que demuestra que los pulpos son seres sintientes, con una gran capacidad cognitiva y comportamientos complejos, lo que hace incompatible su confinamiento en sistemas de producción intensiva.

Al no proporcionar una explicación razonable que justifique la incompletitud de la información, lo cierto es que el actuar del recurrido deviene en arbitrario, en tanto importa un trato discriminatorio en contra de la actora en relación con el trato brindado a otros clientes que han recibido información completa y fundada en respuesta a sus solicitudes.

Al tratarse de una separación temporal de funciones, supeditada al resultado del sumario administrativo, y al no haberse dispuesto por el Presidente de la República la privación de percibir su salario, constituyendo la remuneración un derecho de todo trabajador, la medida de no pago de las remuneraciones del actor adoptada por Carabineros deviene en ilegal y arbitraria.

La requirente alega que la aplicación del precepto impugnado resulta decisiva para la resolución del caso, ya que, de no declararse su inaplicabilidad, la Corte de Santiago se verá obligada a confirmar la inadmisibilidad de las excepciones presentadas, afectando su derecho a una defensa efectiva.

Si bien es cierto que la solicitud de cambio de punto de captación presentada en 2020 se encuentra pendiente, no puede imputarse a la reclamante la responsabilidad por la demora en la resolución de la misma. La DGA ha tardado más de 46 meses en resolver dicha solicitud, lo cual excede los plazos razonables que deberían aplicarse en un procedimiento administrativo de esta naturaleza, vulnerando así el principio de buena administración y celeridad que rige la actuación de los órganos del Estado, conforme al artículo 5 de la Ley N° 19.880. Este retraso, atribuible exclusivamente a la inactividad

En la sentencia recurrida se le ha dado al artículo 151 de la Ley N°18.834, el sentido y alcance perseguido por la ley, ya que, al haber hecho uso de licencias médicas por más de seis meses, en el período de dos años, sin que mediera declaración de salud irrecuperable, el jefe superior del servicio estaba facultado para considerar la salud incompatible con el cargo y, por consiguiente, declarar su vacancia, tal como determinó.

Aun en el evento en que los sentenciadores no hubieren estimado concurrente la circunstancia agravante del artículo 12 n°16 del Código Penal, por disposición del artículo 449 del mismo cuerpo normativo, el tribunal habría llegado a la misma determinación de cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo.

La cláusula de aceleración contenida en el mutuo materia de la ejecución envuelve el otorgamiento de una facultad que se le ha dado al acreedor, de modo tal que la exigibilidad se produce desde la fecha en que aquel ha manifestado inequívocamente su voluntad de cobrar el saldo total insoluto de la obligación, lo que aconteció con la presentación de la demanda el 23 de diciembre de 2019. El ejecutado fue notificado y requerido de pago el 24 de junio de 2022, es decir, una vez vencido el plazo de tres años de prescripción de la acción ejecutiva que establece el artículo 2515 del Código Civil res

La naturaleza de las penas que contempla la Ley 18.216, que tienen por finalidad la resocialización del sentenciado y, de ahí que, en cuanto permiten a un sujeto el cumplimiento de la condena en libertad, en el evento de sustitución de la pena, aparece contradictorio, ilógico y errático al interior de un sistema normativo penal coherente, mantener la imposición de una pena accesoria a otra a la que le es ajena, más aún cuando ella importa la desvinculación del sentenciado de su fuente laboral.

El nuevo servicio, de carácter descentralizado, contará con personalidad jurídica propia y será supervisado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Dos años y medio después de la tragedia que costó la vida de Martín Navarro Jorquera, un menor de 12 años atropellado tras bajar de un furgón escolar en la región de Los Ríos, un proyecto de ley busca mejorar las condiciones de seguridad en el transporte de escolares. La moción está a un paso de ser discutida en el Senado.

Es justo que a nivel de la academia, sociedad civil y clase política (aunque suene irónico) se enciendan las alarmas cuando se presentan situaciones de orden público, vinculadas con el accionar de algunas instituciones del Estado, que supongan la violación o amenaza de dicho principio constitucional.

La resolución de expulsión impugnada adolece de ilegalidad, ya que fue dictada sin considerar el análisis requerido por el artículo 129 de la Ley N° 21.325, respecto al interés superior del niño, en este caso, la hija del reclamante. Ordenó que se emita un nuevo pronunciamiento teniendo presente el mérito del certificado de nacimiento de la menor.

La SEC refirió que la fiscalización realizada tuvo por objeto verificar el cumplimiento del proceso de control de calidad de los combustibles que distribuye y comercializa la actora, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 4° del Decreto N° 132, que dispone la obligación para las empresas distribuidoras de efectuar un control permanente de la calidad de los combustibles; indicando también que toda la información relativa a dicho control debe estar disponible en la empresa, para que el personal técnico de la autoridad pueda verificar el adecuado cumplimiento de la calidad de los combustibles.

Se advierte que los sentenciadores de segunda instancia deciden rebajar el monto a indemnizar a la mitad de lo que fuera concedido en primera instancia, por la exposición imprudente de la víctima al daño. Sin embargo, omiten analizar los elementos probatorios existentes en autos y detallar los fundamentos que tuvieron en cuenta para realizar tal considerable modificación.

La DOM de la Municipalidad de Recoleta se ha extralimitado flagrantemente en sus atribuciones, causando con ello un grave perjuicio al reclamante, pues ha cuestionado antijurídicamente la dimensión del predio y ha iniciado un procedimiento de invalidación tramitado en forma irregular, llegando a notificar a una audiencia al afectado en una hora posterior a la fijada para tal efecto.

Tuvo en consideración que a la fecha de fiscalización existía sólo un Reglamento -Resolución Exenta N°015/032, del 21/01/2021- vigente para los distintos jardines infantiles de la JUNJI que fueron fiscalizados, siendo ese el acto administrativo reprochado por la autoridad educacional en los distintos procesos administrativos originados en la ejecución del programa de fiscalización, por lo que, una vez constatada la infracción, se debió culminar en la imposición de una sola multa. En consecuencia, debe estarse a la multa impuesta precedentemente, cuestión que determina que la resolución impugna

La sentenciadora ha incurrido en una errada aplicación de la norma denunciada, por cuanto determinó que existe régimen de subcontratación entre el Gore Metropolitano en calidad de mandante y la trabajadora. El municipio obtiene financiamiento para un proyecto por el cual se le entrega de una suma de dinero para su propia orgánica y funcionamiento, al tenor de la Ley N° 18.091, lo cual obsta a que se configure este régimen, por faltar la esencia de este, cual es que las obras o servicios lo sean para la empresa principal -mandante-, es decir, que redunden en su beneficio directo e inmediato. Al

Siendo la demandada una persona jurídica con oficina en el lugar donde ocurrió el accidente que da origen al juicio, es competente el Juzgado de Letras y Garantía de Chanco. En consecuencia, el demandante debió entablar su demanda ante dicho tribunal, conforme a la expresa disposición del inciso 2° del artículo 142 del Código Orgánico de Tribunales, lo que se cumplió. Por lo tanto, debió ser desestimada la excepción dilatoria de incompetencia del tribunal.

La falta o disminución de trabajo implica una situación objetiva de contracción en la actividad de la empresa, que imposibilita la continuidad del contrato de trabajo. Sin embargo, el empleador debe demostrar no sólo la existencia de tal contracción, sino que ésta no es imputable a una mala gestión o previsión de su parte

El concepto de "justicia a toda costa", que se remonta a la antigua Roma, es ejemplificado en una famosa máxima: "Fiat justitia, ruat caelum", que significa "Hágase justicia aunque se caiga el cielo". Sin embargo, su aplicación estricta puede llevar a situaciones moralmente cuestionables, como muestra la historia del gobernador romano Lucius Calpurnius Piso Frugi.