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Expondrán en audiencia pública información sobre las afectaciones a territorios y comunidades de América Latina a raíz de la expansión e intensificación de la extracción de litio, cobre y otros minerales utilizados para la generación de energías renovables

Resolvió que la controversia sobre el corte de suministros por morosidad debe ser resuelta ante el Juzgado de Policía Local, no a través de un recurso de protección, ya que no se trata de una vulneración de derechos preexistentes e indubitados, sino de un conflicto sobre el cumplimiento de las exigencias formales respecto de la procedencia del corte, lo cual debe ser discutido en un procedimiento adecuado.

En su libelo el actor señala que la decisión del Registro Civil contraviene las normas relativas a la filiación, el estado civil y la sucesión intestada, recogidas en el Código Civil.

En su libelo denuncia que la suspensión de su cuenta afecta gravemente su derecho de propiedad, su integridad psíquica y su derecho al trabajo, ya que no puede acceder a información esencial para el ejercicio de su profesión como abogado.

Consideró que la expulsión del extranjero se encuentra debidamente fundamentada en la Ley de Migraciones, ya que ingresó irregularmente al país. Tuvo en cuenta que el reclamante no acreditó la persecución alegada en razón de su orientación sexual ni tampoco presentó una solicitud de refugio, y que el arraigo laboral invocado fue posterior a la resolución de expulsión.

En la recta final del trámite en la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, el debate estuvo focalizado en las partidas más complejas y las que quedaron pendientes. Entre ellas, se cuentan las del Ministerio de Educación, Obras Públicas, Interior y Seguridad Pública, Gobiernos Regionales, Articulado y Tesoro Público.

Resolvió que la relación familia constituye un vínculo jurídico entre el ocupante y la propiedad, lo cual excluye la posibilidad de una tenencia en precario y que, por lo tanto, debe ser resuelta mediante acciones específicas y no a través de una demanda de precario.

El mensaje plantea la conmemoración para cada 16 de noviembre y establece que la autoridad competente deberá promover el desarrollo de toda clase de acciones conducentes a su efectiva remembranza.

La AEPD ha multado a una empresa de entretenimiento infantil por el mal uso de las imágenes de sus cámaras de vigilancia.

A través de un proyecto de acuerdo, el Senado realizó la petición al presidente de la República, con el fin de que las mencionadas patologías estén incluidas en las Garantías Explícitas en Salud.

El Tribunal de alzada acogió la solicitud tras comprobar que en la especie se cumplen todos los requisitos para solicitar la extradición de la requerida, quien se encuentra actualmente residiendo en la ciudad emiratí de Dubái.

La resolución señala que no existe constancia en autos de que se haya efectuado una evaluación preventiva en el lugar de trabajo antes de iniciar la faena, pues de haber existido se hubiesen percatado del mal diseño de la obra, refuerza lo anterior que luego del accidente de las luminarias en las cuales trabajaba (…) fueron trasladadas de lugar.

Infracción fue clasificada como grave, por lo que, de acuerdo a la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente (LOSMA), el titular arriesga una multa de hasta 5 mil Unidades Tributarias Anuales (UTA), equivalentes a más de $3.997 mil millones (valor actual).

La requirente sostuvo que el artículo 2515 del Código Civil resulta inaplicable respecto a la prescripción de las faltas administrativas, ya que, en los casos de infracciones calificadas como faltas debe aplicarse el artículo 94 del Código Penal, que establece un plazo de prescripción de seis meses.

El Tribunal de alzada descartó actuar ilegal de la entidad fiscalizadora, la que resolvió en el marco de su competencia y atribuciones.

El tribunal también lo condenó a la pena de cumplimiento efectivo de 5 años y un día de presidio como autor del delito de asociación ilícita.

Se observa una situación anómala que permite a un gobernador regional en ejercicio que haya pasado a segunda vuelta, reincorporarse a sus funciones durante algunos días, lo que podría tener implicancias en términos de probidad e igualdad ante el proceso electoral.

La nueva ley incorpora más agilidad en procesos para incrementar la eficiencia del SII.

el Poder Judicial probó, lejos de toda duda razonable “que el MOVADEF es una estructura política de Sendero Luminoso, que se presentaba como movimiento que no tenía vínculo formal con Sendero Luminoso, pero que en realidad era parte de dicha agrupación terrorista, y era una fachada, para aparentar ser un movimiento regular y que cumplía los requisitos que la norma exigía, cuando en realidad era una estructura de la agrupación subversiva que buscaba llegar al poder a través de dicho movimiento para concretar los objetivos trazados por Abimael Guzmán Reinoso”.

La requirente alega que el precepto legal objetado infringe la igualdad ante la ley, la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos y el debido proceso, desde que la obliga agotar la vía administrativa ante el CPLT, para luego quedar restringida de reclamar ante el tribunal que designa la misma ley.

Consideró que, a pesar de la divergencia entre las partes sobre el cumplimiento del contrato de arrendamiento, la recurrente cuenta con un título que le habilita a usar el inmueble, por lo que cualquier controversia debe resolverse a través del procedimiento legal correspondiente, y el cambio de candados realizado por el arrendador alteró ilegítimamente la situación vigente, constituyendo un acto de autotutela contrario a derecho.

La Corte resolvió que, debido al estado de incapacidad mental permanente del demandado, quien sufría una demencia mixta vascular degenerativa desde 2011, los actos realizados en su nombre, incluyendo la escritura pública de compraventa de 2020, no le eran oponibles ni válidos. Señaló que, aunque los actos fueron formalmente realizados bajo su responsabilidad, la incapacidad mental del demandado, certificada mediante informes médicos, invalida cualquier acto realizado en su nombre.

El libelo señala que el 20 de abril de 2023, el presidente Gabriel Boric anunció la creación de la Empresa Nacional del Litio, pero debido a la dificultad de reunir el quórum necesario en el Congreso, Codelco optó por crearla en una notaría, el 18 de mayo, sin la Ley de Quórum Calificado (LQC) que se requiere para constituir una empresa pública. Acusa que dicho acto transgrede la Constitución al no ajustarse a los fines legales de Codelco, que están relacionados con la minería del cobre.

Resolvió que el avance del juicio dependía del tribunal una vez finalizada la etapa de discusión, al corresponderle el llamado a audiencia de conciliación, de acuerdo con el artículo 262 del Código de Procedimiento Civil.

Ha infringido 4 artículos del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). El 9, el 6.1, el 5.1c) y el 13. El ‘influencer’ tenía 50.900 seguidores en TikTok, 6.707 en Instagram y 833 en Youtube.

La Corte Suprema estimó que no puede otorgarse indemnización de perjuicios por daño moral a los nietos del fallecido, pues aquellos no habían nacido al momento del crimen contra su abuelo, por lo que no existe nexo causal entre la pérdida de su pariente y la reparación que pretendían por parte del Estado.

El máximo Tribunal resolvió que la decisión no dar curso a la acción, a pesar de su interposición oportuna, privó a la recurrente de su derecho a reclamar ante la jurisdicción competente, lo que constituye una grave falta al impedir el amparo judicial y un pronunciamiento sobre sus alegaciones, lo que vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva.

El recurrente buscaba revertir el sobreseimiento definitivo confirmado por los ministros de la Corte de Arica, a consecuencia de su inasistencia a una de las audiencias de la causa. No obstante, el máximo Tribunal estimó que la mera disconformidad con la forma en que los jueces interpretan el artículo 402 del Código Adjetivo, no puede ser óbice para deducir una queja.

El fallo estableció que la mujer casada en sociedad conyugal, al adquirir, hipotecar o gravar un inmueble en las instituciones mencionadas en el artículo 11 de la Ley 16.392, se presume separada de bienes de pleno derecho, aplicándose las reglas del artículo 150 del Código Civil.

Resolvió que la acción de precario no procede, ya que la ocupación del inmueble está justificada por un contrato de arrendamiento suscrito con el anterior propietario, el cual, aunque no necesariamente oponible al nuevo comprador, vincula a la demandada con el inmueble, por lo que el conflicto debe resolverse bajo las normas aplicables al contrato de arrendamiento.