Tribunal Constitucional

La norma legal impugnada produce resultados contrarios a la igualdad ante la ley, a la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos, al debido proceso, al derecho de propiedad y al contenido esenciales de los derechos que se denuncian infringidos, sostiene la requirente.

La aplicación de los preceptos legales impugnados genera efectos inconstitucionales indeseados y desproporcionados, escenarios de inseguridad jurídica lo que afecta gravemente los derechos legítimos de la parte demandada, justificando así su inaplicabilidad.

En su alocución, el ministro Vásquez, presentó un análisis exhaustivo sobre el sistema interamericano de derechos humanos, subrayando la creciente influencia y posibles riesgos que este sistema representa para las soberanías nacionales y la estructura constitucional de los Estados.

El requirente alega que se vulnera el debido proceso, el derecho al recurso y a la tutela judicial al impedir que la Corte de Apelaciones pueda conceder orden de no innovar, como también la esencia de los derechos y garantías constitucionales conculcados por aplicación del precepto legal impugnado.

La obra es del profesor y Phd. en Derecho por la Universidad de Navarra, Max Silva Abbott.

La Magistratura Constitucional descartó que los preceptos impugnados afecten la igualdad ante la ley, el debido proceso, el derecho de propiedad y la seguridad jurídica al establecer que no procede el abandono del procedimiento en materia laboral.

La Primera Sala concluyó que encontrándose resuelto ya el incidente sobre abandono del procedimiento por resolución ejecutoriada, aparece que, en este caso particular, no nos encontramos frente al supuesto de aplicación decisiva de la normativa legal cuestionada a la gestión judicial que se ha invocado, presupuesto sin el cual la acción de inaplicabilidad no puede prosperar en su admisibilidad.

La requirente alega que los preceptos legales objetados infringen la igual repartición de los tributos, el derecho a desarrollar cualquier actividad económica, el derecho de propiedad y el principio de seguridad jurídica, desde que debe pagar un tributo como consecuencia de que la DGA no ha tramitado el traslado de su derecho aprovechamiento de aguas solicitado hace más de 6 años.

La sanción establecida al efecto resulta desproporcionada para los fines perseguidos, toda vez que evidencia el abuso de la demandante de persistir en el cobro lo que produce resultados contrarios a la igualdad ante la ley, el derecho de propiedad, entre otras vulneraciones de garantías constitucionales.

Su aplicación transgrede principios fundamentales del ordenamiento jurídico, tales como, los principios Non bis in ídem, de no enriquecimiento injusto y de Proporcionalidad, e infringen también diversos derechos y garantías fundamentales.

La Magistratura Constitucional razona que en el caso concreto hubo una intervención del juez de garantía y el imputado pudo defenderse ejerciendo los derechos que le asegura el Código Procesal Penal. En control preventivo la norma se declaró constitucional en el entendido de que las personas a que ella alude son aquellas respecto de las cuales existe un auto de apertura del juicio oral firme o ejecutoriado. (Rol N° 2.152), mismo criterio aplicado en el Rol Nº 14.156.

Al establecer el precepto impugnado que sólo serán susceptibles de apelación las sentencias interlocutorias que pongan término al juicio o hagan imposible su continuación, las que se pronuncien sobre medidas cautelares y las que fijen el monto de las liquidaciones o reliquidaciones de beneficios de seguridad social, se vulnera la garantía de un procedimiento racional y justo, la igualdad ante la ley en la medida que deja sin aplicación el régimen de recursos que al que el litigante en cualquier otro proceso tendría acceso.

La requirente alega que el precepto legal objetado infringe el debido proceso, la igualdad ante la ley y la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos, desde que a pesar que ante el tribunal de primera instancia acreditó la ocupación legal del inmueble, la Corte de Apelaciones y el máximo Tribunal resolvieron que debe restituirlo por carecer de título, por lo que de no declararse inaplicable la normativa impugnada la reposición que interpuso en contra de la sentencia que rechazó el recurso de casación en el fondo se va rechazar indefectiblemente.

La Corte Suprema declaró inadmisibles los recursos de nulidad al resolver que la sentencia del Tribunal Ambiental no corresponde a una sentencia definitiva porque versa sobre la revisión de un acto trámite y no terminal, pues no recae sobre el fondo de la controversia. La requirente argumenta que la limitación recursiva vulnera su derecho al debido proceso, específicamente el derecho al recurso, y esto genera una discriminación arbitraria al privarla de un recurso efectivo en contra de sentencias dictadas por los tribunales ambientales, lo que afecta también la esencia de su derecho al debido

El legislador en el tratamiento penal de la agresión sexual, en particular, la dirigida en contra de niños y niñas busca resolver los conflictos surgidos en la sociedad y la forma como esta ha evolucionado, en aras del interés superior del niño, por ello ha dado una protección cada vez mayor a su indemnidad sexual a través de nuevos tipos penales o del perfeccionamiento de los ya existentes para depurar aquellas reglas cuya ineficacia debilitaba el bien jurídico que ellas deben proteger.

El precepto cuestionado no contiene una presunción de derecho, tampoco una presunción de responsabilidad, y, de hecho, no es genuinamente una presunción sino una regla de valor probatorio y de suficiencia de prueba para tener por verdaderos hechos dentro del procedimiento, lo que desde luego admite prueba en contrario, resuelve la Magistratura Constitucional.

Nada impide que el Tribunal haga este análisis en la sentencia de fondo y verifique que los preceptos legales impugnados no resultan decisivos en la gestión pendiente, desde que la acción de inaplicabilidad no puede erigirse como una alegación hipotética, incompatible con el carácter concreto que le es propio.

La requirente alega que la norma objetada infringe la integridad psíquica, la igualdad ante la ley, el derecho de propiedad y los principios de proporcionalidad, non bis in ídem y de presunción de inocencia, desde que a pesar de que fue sobreseída definitivamente la causa seguida en su contra por haber acompañado en la oficina de títulos de la Corte Suprema un certificado de concentración de notas irregular, el Pleno rechazó recibir su juramento de Abogada.

La requirente alega que el precepto legal objetado infringe el debido proceso y la tutela judicial efectiva, desde que impide anular los actos viciados y que se retrotraiga el proceso a una etapa anterior al cierre de la investigación en la que pueda presentar una nueva querella o adherir a la acusación fiscal menoscabándose sus derechos como la víctima.

Los Ministros disidentes señalan que el ejercicio de esta atribución envuelve un interés público comprometido, por cuanto el examen que se realiza, al conocer un requerimiento de inaplicabilidad, es de carácter normativo, el cual, si bien es concreto, se dirige en contra de la ley que, de ser acogido el requerimiento, conducirá a inaplicar el respectivo precepto legal, pudiendo servir de base a un posterior pronunciamiento de inconstitucionalidad que lo derogue.

La Magistratura Constitucional razonó que el precepto legal cuestionado no puede resultar decisivo en la resolución del asunto judicial pendiente, habiéndose aplicado ya en la gestión sub lite al haberse rechazado la incidencia por el tribunal sustanciador y desestimado el recurso de reposición intentado, siendo necesario que no haya precluido la etapa procesal en que la norma está destinada a ser aplicada.

La Magistratura Constitucional señaló que estamos en presencia de una sanción administrativa y una (potencial) sanción penal, respecto al mismo hecho de peligro y por el mismo bien jurídico protegido: salubridad pública, considerando que la SEREMI de Salud multó al requirente por exactamente los mismos hechos fundantes de la acusación fiscal, sin que ésta hiciera añadidura fáctica alguna.

El requirente alega que el precepto impugnado infringe la igualdad ante la ley y el principio de proporcionalidad, desde que, al haber sido condenado previamente por el delito de lesiones leves en contexto de violencia intrafamiliar, no puede eliminar sus antecedentes penales, cuya causa le impediría acceder a la pena sustitutiva de libertad vigilada intensiva.

La requirente alega que el precepto legal objetado infringe la igualdad ante la ley, el derecho al debido proceso y, en definitiva, el derecho a la seguridad jurídica, desde que la apelación no se concede en ambos efectos a pesar de que la decisión fue adoptada con vicios que contiene errores que ocasionarán un perjuicio indebido en los intereses de la requirente.

La consecución de finalidades legítimas, como la celeridad en los procesos, no justifican impedir la exigencia de ese doble conforme, particularmente cuando no se trata de un asunto de mero trámite o tendiente simplemente a dar curso progresivo a los autos, sino que dice relación con una materia importante, como la que se discute en la gestión pendiente, señala la Magistratura Constitucional señala que.

Nuevamente la Magistratura Constitucional desestimó la impugnación en contra del precepto legal que solo concede apelación en contra del auto de apertura del juicio oral cuando lo interpusiere el ministerio público por la exclusión de pruebas decretada por el juez de garantía. En este caso resolvió que el requerimiento de inaplicabilidad se encuentra mal encaminado, porque lo que en realidad se cuestiona es la regla general de inapelabilidad de las resoluciones dictadas por el Juez de Garantía (art. 370 Código Procesal Penal), norma que no fue impugnada y que es estructural en el sistema de re

La aplicación del precepto legal impugnado implica una restricción severa del derecho a aportar prueba de la requirente. Lo anterior, además de dejarla en un desequilibrio evidente respecto de su contraparte, la priva de parte del contenido esencial del derecho a la defensa como es el derecho a presentar las pruebas que permiten acreditar los hechos que sustentan su pretensión.

La indefensión alegada por el requirente fue producto de su propio actuar procesal y no por causa de los órganos jurisdiccionales, quienes conocieron del asunto fallando conforme a derecho y en contra de sus pretensiones.

Exigir como requisito para la Reunificación Familiar de los extranjeros en Chile, un requisito que es de muy difícil obtención y que se encuentra bajo el exclusivo arbitrio del Servicio Nacional de Migraciones, transgrede las garantías constitucionales que invoca, sostiene la requirente.

La requirente sostiene que el reintegro de los montos que percibió del fondo de desahucio y que se le ordena devolver, en aplicación de la preceptiva legal cuestionada, llevan a que esta normativa produzca efectos contrarios a la Constitución, e infrinja su honra, la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad. Además, vulneran el principio de Supremacía Constitucional (art. 6, constitucional) y el principio de Juridicidad (art. 7, de la Constitución).