Acciones de Amparo y Protección

La medida de expulsión implicaría una vulneración a las bases de la institucionalidad, que consagran a la familia como el núcleo fundamental de la sociedad.

El propio ordenamiento jurídico ha establecido la acción de tutela laboral, que sí contempla un procedimiento y oportunidad para rendir y ponderar adecuadamente aquella, dada su naturaleza.

La finalidad del complemento del informe era aclarar si el imputado es ininputable, cuya materia debe ser analizada en el fondo, y previa incorporación de las pruebas ofrecidas en su oportunidad, informa el recurrido.

La actora alegó que con las retenciones ya ha pagado al Estado más del doble del monto total del crédito, lo que fue descartado por la Corte, ya que tales retenciones son meras provisiones para asegurar el pago de la cuota anual del préstamo que adeuda.

La ley ha establecido expresamente el recurso de apelación, como remedio idóneo y ordinario para su revisión, el cual no ha sido ejercido por la defensa del amparado.

Recurrente alegó que se vulnera el derecho del periodista y el suyo propio a informar y ser informado de hechos de relevancia nacional, dado que la exclusión se debió a razones políticas.

El Tribunal de Alzada de Valparaíso señala que la decisión del colegio se funda en los hechos que se consignan en la hoja de vida de la alumna, las que dan cuenta de situaciones donde se aplicaron sanciones disciplinarias que fueron puestas en conocimiento de su apoderada, de manera que se trata de una decisión fundada.

De acuerdo con los registros del sistema del Servicio Nacional de Migraciones, el amparado se encontraría a la espera de que se materialice la expulsión del país.

La mencionada ley, que entró en vigencia en mayo 2018, en su artículo 55 letra e), permite condicionar la rendición de exámenes al pago de aranceles previamente establecidos por la institución de educación superior.

El Tribunal Constitucional declaró inaplicable el precepto legal “o una licenciatura” contenido en el artículo 103, letra b), de la Ley 21.091, lo que tornó ilegal y arbitrario el dictamen de Contraloría que impedía acceder a la gratuidad a los alumnos del College UC.

Las hipótesis referidas a situaciones de “emergencia o calamidad pública”, no se circunscriben solo al territorio nacional, sino que a cualquier evento noticioso que reúna tales características.

La actora siempre puede solicitar un certificado de viaje en cualquier oficina de la Policía de Investigaciones de Chile, que constataría su ingreso al país.

La gratuidad, alegan los recurrentes, es concebida como un mecanismo de financiamiento a las instituciones de educación superior y no a los estudiantes individualmente considerados, por lo que descontar los fondos, en caso de suspensión académica o de estudios de los alumnos por causas particulares, no es procedente.

Es sabido que cualquier persona puede acceder a una plataforma digital, y consecuencialmente subir una determinada publicación, por lo que en la especie difícilmente puede atribuírsele responsabilidad a Facebook.

El recurrente alegó que se lo confundió con otra persona que cuenta con antecedentes penales por la comisión de delitos sexuales, y que esa confusión llevó a que ese grupo de personas lo agrediera.

Además de la Ley N° 19.496, las Leyes N° 20.009 y 21.234 también regulan la materia, todas las cuales llevan al mismo procedimiento ante el Juzgado de Policía Local.

Es de normal ocurrencia que se detenga, controle su detención y se formalice a más de un imputado, sin tenerse la absoluta certeza de su identidad, especialmente tratándose de menores de edad que aún no han sido incluidos debidamente en el Registro Civil, informa el recurrido.

Resolver que por la sola circunstancia de un fallo que aún no adquiere el carácter de firme se imponga el cumplimiento efectivo de una condena, constituya una variación de circunstancias que hagan procedente la prisión preventiva, implica un cumplimiento anticipado de la pena.

Cualquier acción política o de manifestación de las reivindicaciones de los recurridos, dentro del marco del Estado de Derecho, debe ejecutarse de un modo compatible con el pleno respeto de los derechos constitucionales de la parte recurrente o de cualquier tercero.

La Corte determinó que, efectuada la ponderación de los derechos involucrados, resulta aconsejable hacer prevalecer dicho interés superior de la niña por sobre el derecho de propiedad de que es titular el recurrente.

No resulta pertinente contemplar una inhabilidad al recurrente, desde que la sanción que le fue previamente aplicada ya fue ejecutada y oportunamente se procedió a su exclusión. Lo anterior no supone en modo alguno una imposibilidad futura de integrarse a proyectos como el que se trata.

La libertad de expresión resulta mucho más trascendental cuando está involucrado un medio de comunicación legalmente establecido, toda vez que uno de los pilares de una democracia robusta consiste justamente en la existencia de un periodismo libre que desarrolle sus labores informativas y fiscalizadoras con plena independencia.

Que el recurrente tenga registradas investigaciones asociadas, como se consignan en el sistema informático del Ministerio Público, no constituye vulneración alguna de sus garantías constitucionales, al ser datos estrictamente de carácter interno y no de acceso al público.

La actora pudo durante el transcurso del respectivo sumario hacer valer las inhabilidades pertinentes respecto del fiscal y evacuar los respectivos descargos, no existiendo antecedentes que haya ejercido sus derechos.

El colegio no ha justificado adecuadamente la proporcionalidad, ya que aun estando en conocimiento del contenido de los informes psicológicos de la estudiante que acreditaban su necesidad de mayor apoyo por parte del establecimiento, procedieron a aplicarle la medida más gravosa y perjudicial a la alumna.

Las faltas al régimen interno de Gendarmería no justifican las razones administrativas y técnicas, ya que éstas solo se refieren a la respuesta administrativa a la problemática conductual que se presenta con relación al interno, debiendo Gendarmería poner término a esa situación sin necesidad de desarraigar al amparado.

La compensación económica, que abordan los artículos 61 y siguientes de la Ley de Matrimonio Civil, en caso alguno goza de la naturaleza de una pensión alimenticia, por lo que no procede el apremio, refiere el voto en contra.

Todos los días al revisar su correo se encuentra con mensajes que le anuncian el ejercicio de acciones judiciales, embargos y órdenes de arresto, lo que afecta su salud mental, alega el recurrente.

La madre de la menor también recurrió contra el Consejero Técnico del Tribunal de Familia local porque se habría negado al cambio de colegio que solicitó, lo que fue desestimado por la Corte ya que aquél únicamente presta apoyo en su especialidad a la labor del Juez, pero no toma decisiones.

El recurrente de protección señaló que la declaración de extemporaneidad de su reclamo por la Contraloría era ilegal, por cuanto, al verse afectada su remuneración con el término anticipado de su contrata, el plazo aplicable era uno más extenso, argumento que fue desechado por la Corte.