Acciones de Amparo y Protección

El amparado interpuso un recurso administrativo el que se encuentra pendiente, por lo que mientras esa impugnación sea resuelta los tribunales de justicia no podrán avocarse a su resolución.

Precisa que durante todo el procedimiento de retiro –y eventual desalojo- se deberán respetar y resguardar la dignidad e integridad de los ocupantes irregulares, quienes deberán ser debidamente informados de las medidas en su contra.

Gendarmería no ha dado cumplimiento a su deber de garante del derecho a la integridad personal de las internas privadas de libertad.

Los primeros demandaron ante tribunales y obtuvieron sentencias favorables en contra de las municipalidades en donde se desempeñaban. Sin embargo, en el supuesto que los recurrentes obtengan fallos a su favor –y tengan un título ejecutivo que reconozca sus derechos- la resolución de la Corte IDH también surtiría efectos respecto de ellos.

Adopta esta decisión sobre la base de las directrices entregadas por el Derecho Internacional –garantías fundamentales y dignidad de los ocupantes-, las cuales deberán ser consideradas durante todo el procedimiento de retiro y el eventual desalojo de las personas, encontrándose las autoridades competentes en calidad de garantes de estos lineamientos.

La actividad de la recurrida resulta arbitraria e ilegal y vulnera la honra de la recurrente, indirectamente la de su familia y el prestigio de su negocio a quienes calificó de ladronas, estafadoras e inmorales, sin que se haya presentado denuncia o querella alguna en su contra, resuelve la Corte de Concepción.

No es requisito para postular a la libertad condicional respecto de delitos de lesa humanidad que en la causa haya sido reconocida alguna de las atenuantes de los números 8° o 9° del artículo 11 del Código Penal.

Si bien la recurrente basó su arbitrio en la vulneración del derecho a la salud, que no se encuentra amparado en su totalidad por el recurso de protección, de todas maneras, la Corte abordó el fondo del asunto en pos de cumplir las obligaciones que imponen los diversos tratados internacionales en relación a la protección de las personas mayores.

Al tratarse de una controversia de índole contractual excede los contornos de esta acción constitucional.

Esta situación se origina medularmente en base a la verdadera indeterminación jurídica en que, desde sus orígenes, se encuentra la referida CONAF.

Cualquier persona podrá ejercer dicha petición ante el juez pertinente, ya que, si la norma hubiese querido establecer al imputado como titular exclusivo de dicho derecho, lo habría dispuesto en forma expresa, razonó la Corte de Valparaíso, decisión revocada por la Corte Suprema.

El Tribunal de alzada estableció el actuar arbitrario de las recurridas al negar el tratamiento por razones económicas, las cuales deben ceder al estar en riesgo la vida del menor de edad.

La recurrida decidió cerrar el camino situado dentro de su propiedad para usar ese espacio en un proyecto de loteo, sin embargo, construyó uno nuevo y con mejores condiciones, el que además declaró como camino público a perpetuidad tras un acuerdo con el municipio.

La Corte da cuenta que el perfil denunciado “tiene como destinatarias sólo a sus 130 integrantes, todas estudiantes mujeres, con el fin de poder realizar catarsis de situaciones vividas por ellas, en un contexto de dominación de lo masculino por sobre lo femenino, y advertir asimismo de conductas atentatorias a sus derechos y generar un ambiente de conexión sonora”.

La sentencia que se impugna fue dictada por autoridad competente, en uso de las atribuciones que le confiere el legislador y con la debida fundamentación.

La concesión del beneficio intrapenitenciario es una facultad privativa del jefe del Establecimiento Penitenciario, sin perjuicio de exigirse, para concederlo, la concurrencia de un informe favorable del Consejo Técnico.

La Dirección se arroga una competencia privativa de los tribunales de justicia con competencia en materia laboral: la determinación de la naturaleza jurídica de un contrato de trabajo en el caso concreto, alega el recurrente.

La Corte determinó que la controversia era de índole contractual, por lo que debía ventilarse ante algún tribunal con competencia en lo civil, no siendo admisibles los actos de autotutela del municipio.

Sin perjuicio de la efectividad o no de los hechos, no son las redes sociales el lugar para imputar cargos.

Las publicaciones constituyen una exposición de hechos de interés comunitario, cuyo principal fin es informativo por el interés y trascendencia que el tema reviste para la colectividad, por lo tanto, no tienen la entidad de vulnerar el artículo 19 N°4 de la Constitución.

El ordenamiento jurídico ha establecido expresamente un procedimiento para conocer y resolver las denuncias por infracciones al Título IV de la Ley N° 19.733 sobre Libertades de Opinión e Información y Ejercicio del Periodismo.

La medida cuestionada por la amparada corresponde a una decisión adoptada conforme a derecho, particularmente por el Juzgado de Garantía.

El Tribunal de alzada acogió parcialmente el recurso al considerar la dificultad que ha enfrentado la recurrente para dar cumplimiento a la sentencia.

El Tribunal de alzada estableció el actuar arbitrario de la recurrida que derivó en la aplicación de un descuento del 30% de los sueldos de los trabajadores.

La acción de protección no es de carácter popular y tampoco se mencionan hechos que puedan constituir una vulneración a las garantías constitucionales previstas en el artículo 20 de la Constitución.

El recurrente alegó haber sido contratado en calidad de “experto”, lo que descartaba la calificación de exclusiva confianza, dado que debe ser interpretado su puesto como un cargo estrictamente técnico.

Si bien –como regla general- no es procedente recurrir de protección en contra de decisiones o actuaciones judiciales, sí lo es cuando quien invoca el amparo de sus derechos cautelados no tiene calidad de interviniente o parte en la causa o proceso en que se adoptó la medida que le es perjudicial.

El amparado ya se encuentra sujeto a la medida cautelar de prisión preventiva en causa seguida ante el mismo Juzgado de Garantía de Chillán, de forma tal que una segunda medida cautelar de dicha entidad, ahora a propósito de una causa diversa -del mismo tribunal-, no puede ser impuesta de forma anticipada.

El amparado se encuentra cursando primer año de enseñanza media y realiza labores de albañilería y madera en el CET, sumado a que tiene un grupo familiar que le brindaría apoyo a objeto de evitar posibles conductas de riesgo.

El Estatuto del Partido Radical establece que las sanciones impuestas por un Tribunal de Disciplina Regional no producen efecto mientras no sean ratificadas por el Tribunal Supremo de la colectividad, por tanto, mientras ello no ocurra no hay derechos constitucionales que hayan sido afectados.