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El pronunciamiento se originó tras una consulta sindical y determina que, tanto las clases como las horas no lectivas requieren presencialidad, por lo que la Ley N°21.645, que permite trabajo a distancia a trabajadores con responsabilidades de cuidado, no resulta aplicable a los profesionales de la educación en este tipo de establecimientos.

Ratificó lo resuelto por la Corte de La Serena, que reprochó la falta de motivación y proporcionalidad en la decisión municipal, destacando que una medida tan gravosa debe fundarse en antecedentes claros y respetar el derecho constitucional a desarrollar actividades económicas.

La diputada Carolina Marzán solicitó urgencia legislativa para el proyecto que obliga a las empresas de transporte a aplicar test de drogas cada seis meses a sus conductores. La iniciativa nació tras la muerte de Mauro Alberto, un escolar atropellado por un chofer bajo los efectos de sustancias en Valparaíso.

El fallo dividió a los ministros sobre el artículo 12 de la Ley N° 17.322: algunos consideraron que vulnera la prohibición de prisión por deudas y el debido proceso al autorizar arrestos sucesivos, mientras otros defendieron su legitimidad y proporcionalidad para proteger las cotizaciones previsionales de los trabajadores.

Ratificó la decisión de la Corte de Chillán, que estimó que el fuero gremial de la Ley N°19.296 no asegura la invariabilidad de la jornada laboral, sino únicamente la inamovilidad en el cargo, el traslado de funciones y las calificaciones.

El máximo Tribunal estableció que el artículo 435 del Código de Procedimiento Civil permite a todo acreedor sin título ejecutivo solicitar la confesión de deuda sin que importe el origen contractual de la obligación, precisando que en esta etapa no corresponde examinar la existencia de la obligación subyacente. La decisión se adoptó con un voto disidente que sostuvo que la gestión preparatoria no puede sustituir los procedimientos declarativos para verificar obligaciones contractuales.

Recalcó que las sentencias deben contener razones claras de hecho y de derecho, luego de que un fallo de alzada declarara incompetentes a los tribunales ordinarios en un litigio por contrato de asociación.

Aunque la prisión preventiva debe ser una medida excepcional, en Chile se ha aplicado de forma desmedida, afectando a miles de personas inocentes. Esta investigación analiza el impacto humano, social y jurídico de su uso excesivo, y propone fortalecer las medidas cautelares alternativas para garantizar un sistema penal más justo y respetuoso de los derechos fundamentales.

Se impugnó el artículo 1891 del Código Civil, que excluye la acción de rescisión por lesión enorme en las ventas forzadas. La requirente sostiene que esta restricción vulnera el derecho de propiedad, la tutela judicial efectiva y la igualdad de armas, al impedir cuestionar subastas realizadas por precios muy inferiores al valor real de los inmuebles. La Primera Sala del Tribunal Constitucional deberá pronunciarse primero sobre la admisión a trámite y, eventualmente, el Pleno decidirá sobre el fondo.

El pronunciamiento complementa instrucciones previas y detalla el rol de cada participante en la ejecución de programas financiados con recursos públicos, incluyendo gobiernos regionales, FOSIS, ejecutores privados y beneficiarios finales. La resolución busca garantizar transparencia, control contable y correcta utilización de los fondos en proyectos como los destinados a la pesca artesanal en la región de Aysén.

El pronunciamiento confirmó que los empleadores pueden utilizar la plataforma “GPO Gestión Preventiva Online” para generar, gestionar y firmar documentos laborales de forma electrónica, siempre que se respeten los requisitos legales y el consentimiento de los trabajadores, garantizando seguridad, acceso y validez de la información.

Tribunal Oral deberá reprogramar la audiencia de juicio oral programada para cinco meses después de la notificación del auto de apertura de imputado en prisión preventiva, porque se fijó fuera del plazo legal y vulnera la libertad personal

La resolución que dispuso medidas de apremio contra el alimentante se basó en una liquidación genérica que no permitió distinguir si la deuda correspondía a montos históricos o actuales, lo que vulnera las exigencias de fundamentación suficiente y afecta la libertad personal

Respaldó la decisión de la Corte de Santiago que invalidó la rebaja de calificación aplicada por la Junta de Méritos, destacando que la medida fue ilegal y vulneró garantías constitucionales como la igualdad ante la ley y el debido proceso.

Corte de Chillán sustituyó la prisión preventiva por arresto domiciliario parcial y arraigo nacional, ya que, si bien está imputada por delitos graves, su delicado estado de salud justifica una medida menos intensa, conforme a normas internacionales como las Reglas de Mandela, Reglas de Bangkok y la Convención de Belem do Pará.

La Corte acogió un reclamo de ilegalidad interpuesto por un ciudadano chino y dejó sin efecto su expulsión, al determinar que podría ser víctima de tráfico ilícito de migrantes. Mientras se encuentra pendiente la investigación penal, la medida administrativa debe ajustarse a las protecciones establecidas en el Decreto Supremo 177 y a los compromisos internacionales de Chile en materia de trata de personas, garantizando que los procedimientos consideren su situación especial y los derechos que le corresponden.

Estimó que la reducción aplicada por el tribunal de alzada careció de razones jurídicas claras, pues la exposición imprudente de la víctima ya había sido considerada por el juez de primera instancia al fijar los montos indemnizatorios.

La Corte anuló la resolución de la SEC que rechazó un segundo reclamo administrativo contra Enel, al constatar que dicho pronunciamiento contradijo una resolución previa favorable al reclamante. La actuación vulneró principios generales del procedimiento administrativo, retrotrayendo los efectos del procedimiento para garantizar el cumplimiento de lo resuelto inicialmente y ordenando un nuevo pronunciamiento de la Superintendencia.

El pronunciamiento determinó que la Directora de Presupuestos actuó conforme a la normativa vigente al estimar los ingresos del Estado para la Ley N° 21.722, rechazando denuncias de diputados que cuestionaban posibles errores. Refirió que las proyecciones se realizaron con información disponible y que se implementarán mejoras metodológicas recomendadas por el FMI para fortalecer la precisión de futuros presupuestos.

La Sala del Senado aprobó la iniciativa que ahora deberá cumplir su segundo trámite constitucional en la Cámara Baja. Aumenta de 5 a 10 los años de residencia ininterrumpida de avecindamiento en el país para poder sufragar.

La Fiscalía separó la causa tras la anulación de una reformalización, pero no puede usar actos del procedimiento anterior para justificar la nueva formalización

La decisión de excluir al interno de los beneficios se fundó en un cálculo global que no distinguió la naturaleza ni el tiempo mínimo aplicable a cada condena, lo que vulnera el principio de legalidad y afecta su derecho a la libertad personal.

El requerimiento cuestiona que la norma impida la procedencia del recurso de queja ante la Corte Suprema frente a resoluciones que confirman un sobreseimiento definitivo en causas penales, lo que —según el requirente— vulnera la tutela judicial efectiva, el derecho al recurso reconocido en tratados internacionales y la superintendencia correccional del máximo Tribunal.

El Tribunal acogió la acción interpuesta por instituciones de educación superior tras concluir que la Subsecretaría de Redes Asistenciales carece de competencia para dictar el Ordinario C32 N°2791, que impuso nuevos criterios y limitaciones a la suscripción y renovación de convenios asistenciales-docentes. Señaló que el acto vulnera la igualdad ante la ley, al generar obligaciones normativas sin respaldo legal.

Respaldó lo resuelto por la Corte de San Miguel, que confirmó la multa de 35 UTM aplicada por la Superintendencia de Educación a la Corporación Municipal de Puente Alto, debido a que su protocolo frente a agresiones sexuales en educación parvularia no se ajustaba a los requisitos de la Circular N°860.

Concluyó que la existencia de una hipoteca con cláusula de garantía general otorga al banco ejecutante la calidad de acreedor hipotecario, por lo que sus créditos prevalecen frente a los invocados por la Tesorería, que no acreditó la imposibilidad de cobrarlos con otros bienes del deudor.

Concluyó que los honorarios de los abogados de una de las partes no constituyen una baja general de la herencia, sino costas personales que no deben ser soportadas por toda la sucesión.

Respaldó la potestad sancionadora de la CMF y mantuvo la multa de 1.500 UF contra Orsan Seguros, tras condicionar el pago de una póliza de caución a primer requerimiento, figura que debe ejecutarse de manera inmediata bajo la regla “pay and argue after”.

En 2024 se presentaron 9.796 recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional, según la Memoria anual que el presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, entregó al Rey Felipe VI.

Con voto de mayoría, la instancia resolvió pronunciarse en general sobre el texto legal tras escuchar una serie de exposiciones y testimonios en las jornadas de audiencias públicas. En la oportunidad, también el voto de minoría anunció la reserva de constitucionalidad.