Judicial

Al tenor del artículo 183-B, al existir trabajo en régimen de subcontratación, la empresa principal debe velar por el respeto de los derechos hacia los trabajadores de la empresa contratista, por lo que es solidariamente responsable de los incumplimientos laborales y previsionales de aquella.

La Corte de Santiago declaró inadmisible el reclamo de ilegalidad por extemporáneo, debido a que aplicó las reglas de los plazos judiciales considerando como día hábil el sábado, cuando lo que correspondía era considerar inhábil los días sábado y domingo, debido a que la resolución reclamada era de naturaleza administrativa, y no judicial.

Los recurrentes acusaron que el municipio de Coquimbo actuó de forma arbitraria al no recibir el pago de patentes otorgadas para explotar el giro de máquinas de habilidad, argumentando no poseer nuevos informes técnicos sobre la materia, acción que perdió oportunidad cuando el recurrido accedió a recibir el pago de los tributos mientras se discutía el recurso.

La Municipalidad de Lo Barnechea demandó a ex Directora de Obras Municipal el reembolso de la mitad de lo que pagó a una inmobiliaria en virtud una transacción a la que arribó para poner término a un juicio en que venía condenada solidariamente junto a la funcionaria al pago de una indemnización.

Además, fue la misma defensa quien abogó por el cierre de la investigación, encontrándose pendiente solamente la incorporación de las pericias.

La principal diferencia con la precisión es que la integralidad requiere no sólo la mención, sino que se haya valorado racionalmente, es decir, mientras la precisión impone la enumeración de la totalidad de la prueba rendida, la integralidad exige que la decisión sea el resultado de una consideración cabal de ésta, que se dé a conocer por qué se restó valor probatorio a un medio de prueba mientras se otorgó valor a otro.

La vulneración del bien jurídico se concreta con el simple hecho del porte y transporte de la droga. En la especie, se intentó vulnerar incluso un lugar en que por sus características el ingreso de sustancias implica un mayor desvalor de la conducta para el legislador.

El trabajador intentó revertir su desvinculación mediante una denuncia de tutela de derechos fundamentales, al cuestionar el proceso de evaluación docente que culminó con el término anticipado de su contrata, acusando que fue juzgado por una comisión especial, en circunstancias que siempre pudo ejercer las acciones que la ley le otorgó en el proceso de calificación.

No es necesario estar en presencia de maltratos de obra u otras conductas similares para que se esté ante acciones reguladas por la Ley N° 20.066, pues el sólo acto del despojo y lanzamiento de una vivienda ocupada por un grupo familiar, a instancias de otro miembro de la misma familia, hace aplicable dicha norma.

Es improcedente que el ejecutante justifique su inactividad, en una presunta carga adicional consistente en notificar al ejecutado de la fecha del remate, cuando el propio demandante solicitó al tribunal la notificación del artículo 52 del Código de Procedimiento Civil, por lo que recaía en el actor el impulso procesal.

La Fiscalía busca revertir la orden de la jueza de garantía que dispuso la entrega de los nombres y domicilios de los testigos protegidos a la defensa del imputado.

La magistratura no puede impedir el acceso al órgano jurisdiccional, argumentando que el trabajador no completó una etapa administrativa previa, ya que tal decisión priva al recurrente de obtener una respuesta a su litigio, conculcando el principio de tutela judicial efectiva.

La persona que posee el título de profesor es un profesional de la educación que presta servicios en un establecimiento de educación básica y media, quien puede ejercer funciones docente y docente-directiva, además de las diversas funciones técnico- pedagógicas de apoyo.

Los jueces de fondo revocaron la sentencia de base y acogieron la excepción de litis pendencia por conexidad, ordenando finalizar el juicio, decisión que supera el objeto de tal excepción que sólo busca la paralización del juicio hasta que se resuelva el litigio pendiente, incurriendo el fallo de alzada en un vicio de casación formal, al carecer de los razonamientos de hecho y de derecho para arribar a tal conclusión.

No existe pasividad del demandante que enmendó los errores de su libelo, debido a que siempre efectuó acciones tendientes a avanzar a la etapa procesal siguiente, descartando que durante el plazo de seis meses el actor haya mantenido una actitud pasiva.

Se solicitó inscribir la marca “U-ANTARTICA” para servicios de edición e impresión de libros, sin embargo, el signo gráfico se presta para confundir al público y a los clientes con otra marca editorial y de venta de libros ya existente, y que contiene la misma referencia geográfica.

Se aprecia una correcta interpretación de las normas, las que fueron analizadas en forma lógica y concordante, y derivan en la conclusión de que el plazo para interponer la demanda había concluido a la fecha de la presentación de la demanda.

El recurrente cuestionó la interpretación que la magistratura militar efectuó de la palabra “licencia”, lo que fue desechado por el máximo Tribunal, al indicar que tal vocablo debe entenderse en sentido amplio incluyendo los permisos por motivos de salud, y no sólo los permisos administrativos especiales como pretendía el acusado.

La justicia electoral desestimó el reclamo de nulidad electoral por falta de pruebas y condenó en costas al reclamante.

El máximo Tribunal estableció actuar arbitrario al aplicar la sanción, ya que la instalación fue autorizada por la municipalidad.

El Tribunal de alzada ratificó la sentencia que rechazó la demanda de reclamación administrativa que buscaba dejar sin efecto cuatro multas por el no pago de horas extraordinarias, no informar a los trabajadores los riesgos de sus labores y la forma correcta de su ejecución, no tomar las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores y por no suprimir los factores de peligro de aplastamiento por desprendimiento de material en la faena que terminó con vida de un trabajador. Las multas impuestas por el ente fiscalizador ascienden a un total de 160 UTM.

El acusado fue observado por personal policial mientras vendía papelillos de pasta base en una calle, siendo detenido junto a uno de sus compradores por los agentes.

A fin de evitar la victimización secundaria, la declaración de la víctima prestada en el juicio que se anula será utilizada en el nuevo juicio como declaración judicial anticipada, por lo que no deberá declarar nuevamente.

El recurrente utilizó su cargo para eludir los controles de acceso al recinto penal de Arica, e ingresar droga destinada a su hijo recluido en dicha unidad.

El requerido fue condenado en 2004 por robo agravado en Perú, y fue beneficiado en 2006 con la libertad condicional, pena que fue quebrantada en 2007 al no presentarse para control de la autoridad. La ministra estimó prescrita la pena, al transcurrir más de 10 años entre el quebrantamiento de aquella y la presentación de la solicitud de extradición.

Tal es el verdadero sentido y alcance del artículo 70 del Código de Minería, en relación con el artículo 2 de la Ley Nº19.573 sobre el plazo.

El Tribunal estableció que hubo actuar negligente al administrar la sangre durante una transfusión en un procedimiento quirúrgico cardíaco, actuar que incluso fue reconocido en una investigación criminal y que provocó insuficiencia renal aguda y una embolia pulmonar al paciente. Por lo tanto ordenó una indemnización por daño moral de 20 millones de pesos al paciente y de 5 millones de pesos a su esposa.

El Tribunal de alzada consideró que el recurso no puede prosperar por no ser la vía idónea para reclamar, ir contra una instrucción de un organismo autónomo y no existir afectación ilegal de derechos.

El demandante acusó al plantel de estudios de jactancia por mantenerlo como moroso en DICOM, sin poder argumentar ante el tribunal la carencia de respaldo jurídico del supuesto jactancioso, ya que en todo momento reconoce la deuda contraída en favor del demandado por un crédito de estudios solicitado en 2004, el cual estima como prescrito.

El libro de socios se creía perdido por la directiva.