Judicial

El ministro Mesa Latorre ordenó la prisión preventiva de Flores Colimán por considerar que la libertad del procesado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. Privación de libertad que deberá cumplir en libre plática en el Destacamento de Montaña “Tucapel” de Temuco.

El máximo Tribunal descartó infracción en la valoración de la prueba en la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, al confirmar la del grado que no hizo lugar a la demanda.

El funcionario del SERNAC consignó en el acta de fiscalización que la denunciada no tenía a disposición del público el listado de derechos y obligaciones de los consumidores, así como tampoco exhibía el horario de funcionamiento y el procedimiento a seguir en caso de pérdida del ticket.

La petición iniciada por el actor escapa a la jurisdicción voluntaria no contenciosa, pues de ser concedida se afectarían derechos de terceros que no han concurrido al proceso voluntario, por lo que la solicitud deber ser revisada en un juicio de lato conocimiento.

Con la sola exhibición del comprobante de consignación de la indemnización fijada por la Comisión Tasadora, sin más trámite adicional, por lo que no procede oponerse en aspectos procesales y técnicos no son susceptibles de resolverse por esa vía, sino que en un juicio declarativo ordinario.

El actor pidió que se reconociera un período de 7 años en los que estuvo sujeto a contratos de honorarios, hecho que se vio interrumpido por un lapso de cuatro meses en que estuvo contratado bajo la Ley N°18.883, no existiendo continuidad en el período que pide reconocer como único.

El artículo 543 del Código de Comercio determina que la justicia ordinaria o un tribunal arbitral es competente para resolver las disputas que se generen entre las partes del contrato de seguro, sin distinguir por la materia de esa disputa, tornándose irrelevante que los hechos denunciados configuren una infracción a la Ley del Consumidor.

En caso contrario, el juez vulnera el derecho a defensa del imputado que no puede conocer los motivos que el tribunal tuvo en vista para su decisión, mermando con ello su derecho a recurso.

El recurrente impugna una sentencia que niega el cobro de un pagaré que contiene una obligación insoluta de un préstamo de dinero, pero no desarrolla en su argumento la infracción al artículo 2196 del Código Civil respecto del mutuo.

En la especie, se homologó el contrato de franquicia a las normas de la subcontratación, por lo que la empresa franquiciante es responsable por las remuneraciones y cotizaciones previsionales impagas de los trabajadores contratados por la empresa franquiciada.

Consideró que los hechos en que se desenvolvió la relación laboral entre un docente y el Instituto Profesional donde era contratado a inicios de cada año para hacer clases, acreditaba la existencia de la relación laboral de carácter indefinido.

El tribunal ha fijado la pena concreta dentro de los límites del grado al que llegó, por la concurrencia de la atenuante de responsabilidad penal y tras haber justificado el quantum específico en la mayor extensión del mal causado.

El acusado fue identificado por un testigo que aportó el apodo a la policía quien ya tenía antecedentes de su identidad por delitos previos. El máximo Tribunal desestimó además el argumento de la unidad jurídica de acción respecto al porte de armas y municiones al poseer más de 90 cartuchos compatibles para las armas incautadas.

No corresponde el reclamo por el pago de la diferencia indemnizatoria entre su última remuneración y el tope legal.

No basta únicamente con señalar la superficie de la franja del predio que se pide restituir, es necesario indicar sus límites e hitos para una apropiada identificación.

El máximo Tribunal confirmó el rechazo a la inscripción de la marca “Inversiones TI”, por considerar que la sigla “TI” es un indicativo de uso común en el mercado financiero para referirse a “Tecnologías de Información”.

La notificación a la que el tribunal condicionó la prosecución del juicio no estaba dentro de las posibilidades de acción de la actora, toda vez que aquella se encontraba representada por la Corporación de Asistencia Judicial.

Se trata de una regulación prevista para casos similares en donde el dueño del terreno superficial dejará de detentar el uso y goce por un lapso de tiempo prolongado, en el cual no solo habrá tránsito sino también ocupación por diversas formas.

Las pruebas y antecedentes aportados por el requirente son insuficientes para justificar el juzgamiento del nacional respecto de los hechos presuntamente cometidos.

La Ley N° 21.081 que otorga facultades fiscalizadoras al SERNAC, conforme a su artículo 1° transitorio, entraba recién en vigencia el 14 de septiembre de 2020, y la visita inspectiva se llevó a cabo en enero de 2020, por lo que a esa fecha el SERNAC no contaba con atribuciones fiscalizadoras.

Confirma pena de doce años de presidio mayor en su grado medio a ex funcionario de salud del Hospital Dr. Juan Monroy que sustrajo el monto de $1.448.262.661.-

El máximo Tribunal descartó error en la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Antofagasta, que confirmó la de primer grado que acogió solicitud de oposición.

Se ha alterado y quebrantando la ritualidad y continuidad del juicio, teniendo presente que la decisión de absolución constituye una actuación jurídico procesal que debe materializarse en la oportunidad prevista en el artículo 343 del CPP.

Es necesario acreditar conjuntamente la existencia de juicios pendientes que afecten el patrimonio del peticionario y de esta forma corroborar el mal estado de sus finanzas.

El Tribunal de alzada anuló la sentencia condenatoria, dictada por el Juzgado de Garantía de Antofagasta, por manifiesta falta de fundamento.

En la resolución el ministro Mesa Latorre sindicó al efectivo de la Policía de Investigaciones, a la época de los hechos, en calidad de autor del delito.

El magistrado acogió el plazo de investigación propuesto por la Fiscalía y, dado que el imputado tiene fuero parlamentario, no se solicitaron medidas cautelares en su contra.

La decisión administrativa es arbitraria por ser un obstáculo al derecho a la vida del recurrente, quien puede subsistir gracias al medicamento donado; además, la internación del fármaco no constituye un gasto para las arcas del Fisco por ser una donación en el marco de una colaboración científica.

El programa era financiado por el gobierno central a través de SENDA que evaluaba su continuidad cada año, y el actor no pudo acreditar la existencia del vínculo de subordinación y dependencia al ser el encargado de implementar el desarrollo del programa y no poseer jefatura directa del municipio demandado.

El máximo Tribunal confirmó la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que ordenó a la compañía de seguro dar cumplimiento al contrato y pagar a la demandante la suma de $5.910.213 por concepto de daño emergente, más $3.000.000 por daño moral.