Judicial

Corresponde a un caso excepcional que debe ser tratado más allá del contexto genérico, administrativo y contractual, habida cuenta que la decisión dice relación con la preservación de la vida, un bien jurídico superior y de carácter absoluto.

El impugnante persigue el establecimiento de un hecho nuevo, pero los hechos de la causa fijados por los jueces de fondo resultan inamovibles y no es posible su revisión por la vía de la nulidad, salvo que se denuncie eficientemente infracción a las leyes reguladoras de la prueba.

Demora en la dictación de acto terminar infringe el artículo 27 de la Ley N°19.880, y vulnera la seguridad individual del amparado al mantenerlo injustificadamente en la incertidumbre jurídica.

Gendarmería solicitó al Juez de Garantía autorice el castigo de 10 días de aislamiento para la amparada, a lo que se accedió sin oír a la defensa, ni tener a la vista mayores antecedentes, lo que conculca la seguridad individual de la interna.

En un plazo de 30 días el Servicio Nacional de Migraciones debe reevaluar su decisión en consideración a la actual solvencia económica del actor.

El artículo 13 del DL N°1.939 de 1977 no consagra la diferencia prevista en el artículo 35 del Código de Aguas.

Atendida la naturaleza de los argumentos que motivan el acto que se objeta, el legislador ha dispuesto expresamente procedimientos legales de lato conocimiento destinados a esclarecerlos, los que no pueden ser sustituidos por la acción constitucional de protección.

El mismo hecho ampara la entrada y registro al domicilio del imputado, lugar en que Carabineros incautó más de 5 kilos de marihuana lista para ser distribuida en pequeñas dosis.

El cultivo a gran escala destinado a abastecer a consumidores que pertenecen a asociaciones constituidas al efecto, pone en riesgo la salud de terceros.

La Corte estima que el tema objeto del presente proyecto es más simple de solucionar por una vía distinta a la legislativa, por cuanto los artículos 400, 450 y 454 del Código Orgánico de Tribunales permiten al Presidente de la República determinar el número de notarios, conservadores y archiveros que considere apropiados, previo informe de la Corte de Apelaciones respectiva, estableciendo la normativa reglamentaria pertinente.

Los actos administrativos no pueden tornar más gravosa la situación de un privado de libertad cuando la modificación de una ley incide directamente en la forma de cumplimiento de una pena.

Aumentó el monto indemnizatorio en atención a la edad de la víctima al momento de los hechos, la duración y reiteración de los vejámenes, el padecimiento físico y emocional sufrido y la naturaleza de las torturas de connotación sexual acometidas atendido su género.

Las expresiones ofensivas, si son aisladamente consideradas, no pueden reputarse como una intromisión ilícita si se consideran proporcionadas con la finalidad informativa o valorativa que se pretende en contextos de crítica.

Advierte el Pleno que la forma de enfrentar este déficit pareciera no ser la más acertada. En efecto, señala, el proyecto se centra especialmente en regular criterios y estándares probatorios que la judicatura debe seguir para su otorgamiento, pero lo hace de una forma inorgánica.

De acuerdo al artículo 2415 del Código Civil no prohíbe la venta, como tampoco una prohibición convencional, cuya contravención no afecta su validez, sino que es un incumplimiento contractual que acarrea las sanciones contempladas en el artículo 1555 de ese Código. Civil.

La Dirección Nacional de Personal de Carabineros se encuentra legalmente facultada para ordenar los traslados de los funcionario en atención a las necesidades policiales de la institución.

El máximo Tribunal consideró que en razón del informe emitido, el amparado puede optar al beneficio al no verificarse que posea índices de reincidencia o factores de vulnerabilidad.

El máximo Tribunal concluye al mismo resultado se arriba con el vicio acusado, pues el recurrente reconoció adeudar al demandante el monto cobrado en juicio.

Por correo electrónico se comunicó el cierre del trámite al amparado, que esperaba su otorgamiento para poder reunirse con su hijo en Chile.

Desde que los servicios de educación, salud y menores fueron traspasados a los municipios, incluso con la creación de corporaciones de derecho privado, la función pública relativa a dichos temas quedó radicada en las municipalidades. Por lo que, poniendo fin a la institución privada, el ente edilicio sólo recupera el ejercicio de aquella función pública.

El despido de una mujer por extraviar documentación laboral, camino a su domicilio, es injustificado, ya que la empresa no prohibió expresamente esta extracción desde sus dependencias y su sanción fue desproporcionada.

La bonificación no es imponible ni constituye renta para ningún efecto legal.

Se tuvo en consideración que la prisión y torturas que sufrió el actor fue a una edad temprana y que según han dicho los testigos le ha dejado secuelas permanentes, todo lo cual permite dar por establecido el sufrimiento y afección sicológica que ha debido soportar.

Deben existir antecedentes de violencia doméstica para justificar la suspensión de este derecho, ya que la mera privación de libertad de uno de los progenitores no basta por si sola.

El máximo Tribunal descartó error de derecho en la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Concepción, que hizo lugar al incidente.

El Tribunal de alzada desestimó el recurso de nulidad impetrado en contra de los hechos asentados por el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.

El legislador utiliza la óptica del trabajador y no el de las empresas beneficiarias directa o indirectamente de su trabajo para definir la subcontratación.

Ante el denominado “abono heterogéneo”, el máximo Tribunal sostiene que los jueces de fondo deben otorgarlo en atención a los principios generales del derecho, en particular, el “in dubio pro reo”.

Funcionario de Carabineros impugnó tal comunicación luego de ser sorprendido manejando en estado de ebriedad al interior de la Academia de Ciencias Policiales. No se trata de un acto terminal por estar vigente una investigación administrativa. El actor carece de un derecho indubitado.

La franja de terreno ubicada en el borde costero de la ciudad fue otorgada en concesión a la Municipalidad, pero expiró.