Judicial

Reclamó por deudas prescritas informadas al Boletín Comercial no puede prosperar si durante la tramitación de la acción una se aclaró y respecto de la otra el actor carece de un derecho indubitado.

El máximo Tribunal estimó que la sanción aplicada se realizó con infracción al artículo 18 del Código Penal, al existir una ley vigente más favorable para la amparada.

La facultad de fiscalizar la aplicación de las normas de carácter laboral que rigen a los trabajadores de dicha institución no compete a esta Entidad de Control, dado que no revisten el carácter de funcionarios públicos.

En la especie, la audiencia de juicio se desarrolló en seis audiencias, lo que resulta exorbitado y fuera de norma para un juicio entre un único trabajador y una sola empresa.

El Tribunal de alzada descartó infracción de ley en la resolución que ordenó a la Subsecretaría de Salud Pública del Ministerio de Salud, la entrega de información relativa al número de camas UCI y UTI, utilizadas mensualmente en Chile por pacientes con covid-19 confirmado, diferenciando entre pacientes vacunados (con una, dos y 3 dosis) y no vacunados, en el período que va entre enero y noviembre de 2021.

El Tribunal de alzada estableció yerro en la sentencia impugnada, dictada por Decimonoveno Juzgado Civil de Santiago, en la parte que desestimó lo pedido por concepto de desvalorización del automóvil.

Al ser ofertados los departamentos del Condominio “Parque Monasterio II”, se ofreció la posibilidad de ampliarlos, lo que posteriormente no fue autorizado por la Dirección de Obras de la Municipalidad de Lo Barnechea.

El tribunal estableció que los descuentos hechos por la empresa no constituyen resarcimiento de los perjuicios causados, sino que sólo son los correspondientes legalmente por la interrupción del servicio contratado.

El retardo en la tramitación no puede ser imputable a caso fortuito o fuerza mayor, ya que vulnera la libertad personal de las amparadas y les impide reencontrarse con su núcleo familiar residente en Chile.

En recurrente impugnó normas relativas a la prueba y las presunciones judiciales, pero nada dijo respecto de las normas decisora litis en que se funda la decisión contenida en la sentencia que pretende anular.

No es suficiente que el acusado haya hablado de suicidio con la víctima, ni que haya acudido raudamente a cobrar el seguro, para acreditar su participación en el hecho.

Si el declarante ha sido amenazado para evitar que exponga en juicio, la ley permite que deponga de forma privada ante el tribunal, sin que este hecho vulnere el debido proceso del imputado.

La asistencia jurídica de los letrados es necesaria para asegurar la calidad y eficacia de la acción judicial, y para garantizar la igualdad en el acceso a la justicia de los sectores menos favorecidos. La tutela judicial efectiva no es un derecho absoluto.

El tribunal estableció que, independiente de que el hecho haya sido cometido por terceras personas, esto no exime de responsabilidad a la empresa denunciada, pues le son exigibles medidas de cuidado que cautelen la seguridad de sus consumidores.

La póliza establece que la aseguradora puede ajustar el monto de la prima o deducibles, según sus políticas técnicas vigentes, previo aviso al asegurado.

La inalienable dignidad personal y el ánimo jocoso no pueden nunca entrar en un extravagante juicio de balanceo con el fin de concluir cuál de ellos prevalece.

Cabe descartar la existencia de un montaje policial para incriminar al condenado, al verificar su participación en diversos ilícitos junto a otro coimputado investigado.

La Corte estableció que la Corporación Municipal no tiene legitimación activa para alegar la vulneración de los derechos de inviolabilidad de las comunicaciones privadas y de la vida privada de los funcionarios involucrados.

El estatuto de responsabilidad es de carácter solidario si el empleador y la empresa principal infringen obligaciones laborales y el deber de seguridad al cual están obligados de acuerdo con la ley.

Las resoluciones que dicten las Cortes de Apelaciones al respecto no son susceptibles de revisión.

Levantamiento del arma y de las vainillas disparadas se efectuó en conformidad al artículo 83 del Código Procesal Penal.

La Superintendencia sancionó al titular de la instalación por modificar el plantel con la construcción y operación de una Planta de Tratamiento de Residuos Líquidos, cuyos afluentes son usados para riego de terreno, sin contar con un permiso ambiental que lo autorice.

Tal sesgo discriminador de la policía privó al recurrente de un proceso racional y justo, por lo que deben descartarse todas las pruebas obtenidas producto de su detención y el juicio debe ser llevado a cabo nuevamente.

El recurrente y el SERVIU se disputan en sede civil el dominio de una propiedad tomada por terceros, por ende, el actor carece de un derecho indubitado oponible a todos los recurridos.

La demanda fue notificada en un domicilio perteneciente a una comuna diferente de aquella en la que el tribunal y el receptor tienen su asiento, mientras que el requerimiento se practicó tácitamente en el domicilio de este último, por lo el municipio contaba con 8 días para plantear excepciones y no con los 4 días que consideraron los jueces de fondo.

De lo contrario, se tiene por no preparado el recurso de nulidad formal. Del mismo modo, la nulidad sustancial debe argumentarse en consideración a las normas que sirvieron de base para dictar el fallo impugnado.

Corte Suprema confirmó el pago de indemnizaciones a la victima de un accidente de tránsito, al constatar que la demanda civil se tramitó conforme a las reglas de los artículos 62 y 263 del Código Procesal Penal.

El Tribunal de alzada estableció el actuar arbitrario, ilegal y discriminador del servicio recurrido al denegar la solicitud, basado en normas y categorías de filiación derogadas.

El máximo Tribunal desestimó la procedencia del recurso dirigido en contra de la sentencia, dictada por la Corte de Apelaciones de Rancagua, que confirmó la de primer grado que condenó a la empresa a pagar al trabajador por concepto de daño moral.

El máximo Tribunal desestimó el recurso impetrado por la empresa de transporte público en contra de la sentencia, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que confirmó la de primer grado que acogió la demanda.