Judicial

Tal sistema registral obedece a normas propias del gobierno eclesiástico.

En la especie, la recurrida desestimó la solicitud de reconsideración del traslado, sin referirse a los informes que dan cuenta del trastorno de ansiedad por separación que sufre la hija del matrimonio recurrente.

Por ende, si las inscripciones no se efectuaron y fallece el cesionario, el mandato se extingue y éstas no pueden realizarse con posterioridad.

Los recurrentes acusan falta de celeridad en la resolución de sus solicitudes de permanencia definitiva, las que llevan 2 años sin ser otorgadas.

El recurrente entregó la información solicitada por la autoridad educacional y, aunque no lo fue en los términos reglados en el artículo 79, letra a), de la ley N°20.529, hace pertinente y proporcional aplicar como única sanción la de amonestación.

De esta forma, el funcionario puede ejercer correctamente su derecho a defensa.

La regla del artículo 449 del Código Penal no lo permite, por lo que la pena más benévola para el condenado se computa en atención al artículo 351 del Código Procesal Penal.

Las normas de la Ley N°18.933 que sustentan la tabla de factores, fueron declaradas inconstitucionales por el Tribunal Constitucional.

Para retirar temporalmente al recurrente se debieron utilizar las reglas que establece la Ley N°18.834 y no las de la Ley N°19.195.

Para arribar a la conclusión de que se ha producido una errónea interpretación de la ley es necesario explicar y denunciar como infringidas las disposiciones legales sustantivas de interpretación establecidas en los artículos 19 y siguientes del Código Civil.

El demandante contaba con licencias médicas que recomendaban no exponerlo al contacto directo con los reclusos, pero fue mantenido en sus turnos de vigilancia, lo que provocó que sufriera lesiones durante un motín en el recinto penal.

El máximo Tribunal estableció que la información requerida es de carácter público, por lo que su divulgación no afecta el funcionamiento del ente persecutor o entorpezca alguna investigación o persecución criminal en curso.

El Tribunal de alzada acogió el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado, por estimar que la causa que se ventila en la Corte Suprema en la que aparecen como parte los abogados, no configura entre las cuestiones prejudiciales que harían procedente la paralización de la causa penal, en espera de la resolución del máximo tribunal.

Para el tribunal de alzada, el niño manifestó ante el tribunal a quo su voluntad de querer cambiar sus apellidos y los motivos que justifican dicha solicitud. Asimismo, se encuentra acreditado que la madre del menor desde hace más de catorce años que no mantiene ningún contacto con él, por lo que, desde el punto de vista fáctico, es efectivo que no ejerce como su representante legal.

El Tribunal de alzada acogió el recurso de apelación tras establecer la responsabilidad de la querellada en el accidente.

El Tribunal de alzada desestimó los vicios alegados por la defensa en la sentencia dictada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal Arica, el 25 de febrero pasado.

El reconocimiento legal es suficiente para la protección integral del derecho, sin que sea necesario obtener una inscripción al respecto, pues el legislador tampoco lo ha exigido.

Los sentenciadores realizaron una recta aplicación de la ley al resolver el asunto planteado, sin que se advierta el error de derecho en que hace consistir la infracción legal denunciada.

Lo anterior, para efectos del cálculo del bono de permanencia que se paga al momento del retiro, en atención al artículo 5 de la Ley N°20.801 en relación a los artículos 61 y 62 de la Ley N°18.961.

El defecto que se denuncia no fue determinante, toda vez que los funcionarios policiales estaban informados de la actividad ilícita que desarrollaba el acusado, lo habían visto realizar movimientos de tierra ese mismo día y habían sido informados por el coimputado sobre el delito.

La tesis de la defensa de que ambas conductas podían ser subsumidas en una única conducta, al ser tratadas como delitos de peligro abstracto por la Ley N°17.798 no tiene asidero.

En cuanto a la nulidad formal, los juicios regidos por leyes especiales no pueden ser reclamados mediante la causal del N°9 del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil.

A través de la red social, el demandado denostó la honra del demandante al señalar que éste utilizaba dinero público para operaciones políticas particulares, declaraciones que fueron eliminadas de la plataforma posteriormente.

En caso contrario, sus decisiones incumplen con la exigencia del artículo 170 N°4 del Código de Procedimiento Civil, lo que configura el vicio de nulidad formal del artículo 768 N°5 del mismo cuerpo legal.

La actividad del acreedor no es el medio exclusivo para interrumpir el lapso de tiempo que pueda afectarle.

Si el domicilio del demandado se encuentra fuera de la comuna de asiento del tribunal, éste puede oponerse a la ejecución dentro del plazo de 8 días.

El máximo Tribunal desestimó el recurso al no acompañar el recurrente sentencias de contraste.

El máximo Tribunal descartó error de derecho en la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de La Serena, que aumentó el monto de la indemnización por concepto de daño moral.

La medida reparatoria no permite obtener la reparación de las consecuencias derivadas de la vulneración de derechos fundamentales.

La estructura jerárquica y disciplinada de la institución supone desempeñar las tareas y funciones que se les encomienden según las necesidades del servicio.