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El máximo Tribunal estimó que el recurrente -una víctima de tortura durante la dictadura cívico militar-, pretende desconocer los hechos asentados en la causa, debido a una disconformidad con el monto indemnizatorio decretado a su favor en el fallo de primer grado. Asimismo, la Corte Suprema indicó que el demandante no preparó adecuadamente el recurso de nulidad formal.

Los acusados huyeron de un control de tránsito y luego de una persecución, los agentes policiales incautaron desde el interior del automóvil en que se movilizaban una mochila con 10 kilos 320 gramos de pasta base de cocaína, lista para ser dosificada y comercializada.

Los impugnantes estiman que el Decreto Supremo infringiría los límites de la potestad reglamentaria del Presidente de la República, regulada en el artículo 32 N°6 de la Constitución, en cuanto ha trasgredido y pretendido ampliar sus competencias, normando aspectos que corresponden a una ley general y que establece las bases esenciales del medio ambiente, a saber, la Ley N°19.300.

La Tercera Sala del tribunal de alzada consideró que existen suficientes antecedentes para presumir la participación del imputado en los hechos investigados, por lo que la prisión preventiva es la única cautelar que satisface los fines del procedimiento.

Debido a la naturaleza especial del recurso de revisión, es necesario que el actuar de dicho testigo se encuentre castigado por sentencia firme que lo condene por falso testimonio, lo que no ocurrió en la especie, por ende, la declaración jurada notarial es insuficiente.

La solicitud busca ampliar la extradición concedida por la República de Argentina para juzgar al acusado por delitos que no fueron incluidos en la petición inicial. Actualmente, el acusado cumple condenas de presidio perpetuo en Punta Peuco por su participación en el homicidio de Tucapel Jiménez y Juan Alegría Mondaca.

El laboratorio fabricante del medicamento “Sertralina”, se opuso a una solicitud de acceso a la información, argumentando que el proceso de elaboración del producto se encuentra protegido por la causal de secreto del Nº2 del artículo 21 de la Ley de Transparencia, tesis que fue confirmada por el máximo Tribunal al hacer lugar al recurso de queja deducido contra los ministros de la Corte de Santiago que habían desestimado el reclamo de ilegalidad deducido por el laboratorio.

A la instancia asistió el ministro de la cartera, Mario Marcel, quien aseguró que las propuestas de la iniciativa son producto de un amplio proceso de consulta y análisis, que considera importantes diferencias respecto del proyecto anterior de reforma tributaria.

La Corte Suprema estableció error en la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de La Serena, en la parte que condenó a Torres Rojas, Orchard Díaz, Flores Gallardo y Marambio López como cómplices del delito.

El tribunal se limitó a afirmar que la requerida perdió el control del vehículo que conducía por no haber estado atenta a las condiciones del tránsito, sin especificar la razón o el motivo que lo produjo.

El profesional que fue contratado a honorarios, prestó servicios bajo subordinación y dependencia durante siete años para el municipio en el “programa jefas de hogar”, bajo potestad de mando y realizando funciones generales además de las propias de su contrato, por lo tanto, se cumplía el requisito del artículo 7 del Código del Trabajo, y el vínculo entre las partes escapó del ámbito estatutario.

El proyecto se despachó al Senado a tercer trámite. Su objetivo es garantizar la continuidad en el cuidado del paciente, estableciendo estándares de información para prestadores públicos y privados.

Al resolver el cambio de cautelares, el juez razonó que: “No obstante entender que existen antecedentes plausibles de su participación en los hechos, entiende que la medida cautelar de prisión preventiva, en esta etapa respecto a determinados hechos, aparece como desproporcionada”.

Los profesionales integrarán de forma preferente las cuatro salas del máximo Tribunal.

La sesión está convocada “con una lógica de Estado” para este miércoles 6 de marzo, entre las 12 y 14 horas, con la presencia de la ministra del Interior y Seguridad Pública y el Subsecretario del Interior.

Hoy la ley penaliza la comercialización de productos altos en sal, azúcar, grasas y calorías al interior de estos establecimientos. El senador Castro aseguró que “la moción también apunta a limitar la publicidad de estos alimentos”.

En relación con la atenuante mencionada por la defensa, contemplada en el artículo 11 N° 9 del Código Penal, que se refiere a la colaboración sustancial en el esclarecimiento de los hechos, estos sentenciadores rechazarán dicha atenuante al no cumplirse con los requisitos que la hacen procedente.

La iniciativa busca otorgar mayor información a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) considerando el ejercicio de sus atribuciones de regulación y supervisión.

Sostiene que la norma legal objetada podría infringir la igualdad ante la ley, el derecho a un procedimiento racional y justo, el principio de proporcionalidad, desde que a diferencia de quienes fueron condenados por un delito de mayor gravedad, a los condenados por los delitos previstos en los artículos 2 letra c) y 3 de la Ley de control de Armas, no se les puede aplicar una pena sustitutiva.

El máximo Tribunal estimó que la instalación de un portón por parte de la recurrida, es una vía de hecho para hacer justicia por mano propia, debido a la discordancia sobre si dicha franja es o no un camino de servidumbre, por lo tanto, mientras no exista una sentencia firme que lo ordene, la empresa no puede impedir que los recurrentes utilicen el camino para acceder a sus inmuebles.

En la especie, la negativa del Banco fundada en la información personal financiera del recurrente vulneró la igualdad ante la ley, así como el efecto rehabilitador del artículo 255 de la Ley Nº20.720, debido a que la actora desde el año 2022 volvió a recuperar la libre administración de sus bienes, por lo que no debió ser considerada por el recurrido como una insolvente.

De los antecedentes expuestos, queda en evidencia una violación de la normativa relacionada con los niveles de ruido permitidos que afectan la calidad de vida de los recurrentes.

La requirente alega que la norma legal objetada infringe la igualdad ante la ley, el derecho de propiedad y el principio de seguridad jurídica, desde que se le otorga un tratamiento privilegiado a la empresa sanitaria en desmedro de los derechos reconocidos constitucionalmente a los miembros del comité, en cuanto a pesar de que son propietarios de derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas de un pozo, se faculta a la empresa a imponer a los vecinos la obligación de instalar y conectarse al arranque de agua potable que provea la concesionaria.

La existencia de una “ocasión anterior” en que el imputado fuese sorprendido cometiendo esa clase de delitos, no ha sido considerado como una circunstancia agravante por la ley, sino como un requisito, ante el cual el culpable de un segundo evento delictivo de la misma especie, recibe una sanción mayor en lo que a la suspensión de licencia de conducir se refiere, siendo en este caso el de 5 años, refiere el voto en contra.

El máximo Tribunal consideró que los magistrados recurridos no pueden aplicar las normas de Caducidad establecidas en el Código del Trabajo, en circunstancias que justamente la demanda del actor busca establecer que la relación contractual sea declarada como laboral, por lo que, se debe aplicar la norma de plazo de 2 años para accionar que expresa el artículo 510 del Código del ramo.

Se verifica que el amparado mantiene en la actualidad una orden de aprehensión y un arraigo de pleno derecho dispuestos en la causa del Segundo Juzgado Militar de Santiago.

Alega que al igual que en el caso del presidente Petro de Colombia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido clara en sostener que la destitución de un funcionario público democráticamente electo por una autoridad administrativa vulnera los derechos políticos, de modo que el ente contralor no posee las facultades de destituir a los ciudadanos que ocupan cargos de elección popular.

La magistratura sostuvo que no existe un acto terminal por el cual se haya conculcado alguna garantía del recurrente, sino, una serie de actos intermedios orientados a dar curso a un sumario que todavía no está afinado, por ende, no se puede cuestionar en sede cautelar la potestad disciplinar del plantel de estudios para someter a sumario al actor.

Si bien la Dirección del Trabajo actualiza, en ciertos casos, la doctrina predominante hasta la fecha, los pronunciamientos no logran clarificar por completo la implementación de la referida ley, sino que más bien se limita, en la mayoría de las modificaciones, a reproducir la legislación existente.

La sentencia estableció error de derecho al establecer la responsabilidad de Jarpa Forester. El fallo plantea que, conforme se detalla en el artículo 541 N° 9 del Código de Procedimiento Penal, dicha causal de nulidad formal corresponde cuando el fallo no ha sido extendida en la forma dispuesta por la ley, en cuyo caso, el recurrente lo hace consistir con dos numerales (5° y 6°) del artículo 500 del Código de Procedimiento Penal.