Acciones de Amparo y Protección

El Tribunal de alzada estableció el actuar ilegal y arbitrario de la administradora de fondos de pensiones al denegar la solicitud por no existir una declaración jurada del excónyuge de la causante, cuyo matrimonio fue anulado en 1987.

El contrato a plazo fijo de la actora fue renovado en más de dos ocasiones, circunstancia que tuvo el efecto de transformar el contrato a plazo fijo en uno indefinido, por lo que el término del mismo debió sujetarse a las disposiciones del Código del Trabajo.

La disputa debe discutirse en un procedimiento que asegure a las partes el pleno respeto de sus derechos, especialmente, el derecho a la prueba, propio de un proceso racional y justo.

El Tribunal de alzada estableció el actuar arbitrario e ilegal de la isapre al negar la cobertura de los procedimientos médicos relacionados con el tratamiento del síndrome de Marfan, aneurisma aórtico y pericarditis aguda, que requiere el recurrente.

El Tribunal de alzada ordenó asimismo al recurrido abstenerse en lo sucesivo de hacer publicaciones semejantes.

La Corte constató que los recurrentes tienen en su poder un control remoto para la apertura del portón, una aplicación en el celular para los mismos fines, y además cuentan con llave de la reja peatonal, por lo que no se ha impedido el derecho de libre tránsito.

El máximo Tribunal confirmó el fallo que ordenó a la recurrida cesar la tala de árboles, reponer la cerca divisoria y abstenerse de llevar a efecto cualquier acto perturbatorio que importe alterar la situación existente entre ambos inmuebles.

Las publicaciones contendrían expresiones que podrían ser constitutivas de un ilícito penal o civil, lo que, de ser efectivo, corresponde dilucidar en el procedimiento legal respectivo.

La recurrente denuncia que no existió un debido proceso en la imposición del castigo, lo que torna la sanción en absolutamente desproporcionada.

Alcalde de Huechuraba argumenta que no puede razonablemente estimarse una alternativa viable un camino de montaña como es el viejo camino de La Pirámide, o las vías liberadas de pago que señala la concesionaria que abarcan 17 o 16 kilómetros.

Considerando que el recurrido dio cuenta de que procedió a eliminar la publicación y que lo solicitado por la actora es su eliminación, no existe en la actualidad ninguna medida de protección que pudiese adoptarse en resguardo de sus derechos.

El máximo Tribunal consideró que la pretensión de la defensa resulta ajena a los supuestos y fines de la acción otorgada por el artículo 21 de la Carta Fundamental.

La recurrente denuncia que la conducta ilegal y arbitraria de la Isapre Consalud le ha negado la posibilidad de recuperar su salud.

La recurrente no acreditó la existencia de un derecho indiscutido y preexistente de aquellos cuyo imperio se deba proteger por esta vía cautelar de urgencia

Recurrentes denuncian que el Hospital no desarrolla una atención sanitaria integral y humanizada, ni asegura la recuperación y preservación de la salud de sus pacientes, así como tampoco les informan debidamente de sus tratamientos.

La situación que se denuncia excede la naturaleza y objeto de la acción constitucional, por cuanto se trata de decisiones adoptadas por parte del Ejecutivo en el contexto de políticas públicas de orden sanitario, no correspondiendo a los Tribunales determinar su procedencia.

El neurólogo del recurrente indicó que la vacunación con una tercera dosis, sólo podría agravar su condición, la cual se consideró, en base a su opinión especialista, como una contraindicación.

Dicha decisión por su relevancia y efectos debe cumplir con los requisitos de razonabilidad y proporcionalidad propios de todo acto administrativo.

El máximo Tribunal confirmó el fallo que invalidó la decisión que dejó sin efecto la beca del recurrente correspondiente al año 2021, así como la decisión de no admitir a tramitación su solicitud de renovar la beca para el año 2022, debiendo la recurrida transferir los fondos respectivos.

Si bien no es ilegal ni arbitraria la extensión de los plazos para investigar, no es menos cierto que en virtud de la certeza jurídica que nos debe proveer el derecho, se hace necesario que esta investigación administrativa llegue a su fin y se dicte el acto de cierre.

Los hechos denunciados no revisten la entidad que le otorga la actora, tanto más si se eliminó la publicación de WhatsApp.

Con el objeto de resguardar las garantías y derechos fundamentales del adolescente, por presunta infracción a lo estipulado en el artículo 38 de la ley 20.084.

Los disidentes razonan que aparece que las circunstancias de hecho que se tuvieron a la vista al momento de calificarse el proyecto han cambiado, pudiendo configurarse la situación prevista en el artículo 11 letra a) de la Ley N° 19.300.

El artículo 49 del Código Penal dispone que si el sentenciado no tuviere bienes para satisfacer la multa podrá el tribunal imponer, por vía de sustitución, la pena de prestación de servicios en beneficio de la comunidad.

No se advierte que la recurrente haya sufrido alguna perturbación, amenaza o privación al legítimo ejercicio de los derechos y garantías constitucionales invocadas.

Recurrentes denuncian que el anuncio de la miniserie les produce una amenaza a su integridad psíquica y que al conocer el contenido del caso que los envolvió si se llega a emitir la miniserie en televisión se verán afectados por una revictimización secundaria.

Se requiere determinar la existencia de una merced de tierras otorgada con antelación al dominio fiscal y que se haya encontrado jurídicamente vigente para poder aplicar a su respecto las reglas especiales de la Ley indígena.

La campaña es arbitraria pues no tiene una justificación lógica, es producto de un mero capricho del recurrido y además es ilegal al contravenir las normas básicas de Votaciones Populares y Escrutinios, los dictámenes de la Contraloría, la Constitución y los principios de imparcialidad y probidad administrativa.

El acto impugnado no adolece de ilegalidad alguna, así como tampoco de arbitrariedad, dado que fue pronunciado por la autoridad facultada para disponerlo, en un caso previsto por la ley, con observancia de las formalidades legales y existiendo mérito que lo justificó.

El reglamento no prohíbe derechamente la tenencia de mascotas, sino que las prohíbe siempre y cuando causen molestias derivadas de ruidos, olores, o perturben los derechos de los vecinos.