Acciones de Amparo y Protección

Deben expresar las razones fácticas y jurídicas que conducen a tal decisión, hacerse cargo de las alegaciones de la defensa y no limitarse a una mera relación formal de antecedentes y cumplir con el estándar exigido en los artículos 36, 122 y 143 del Código.

En cumplimiento al imperativo derivado de la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, y a la propia regulación que se ha dado el Poder Judicial a propósito de la dictación del “Protocolo de acceso a la justicia de personas con discapacidad.”

El Juzgado recurrido debió emitir pronunciamiento respecto a la doble sanción impuesta al amparado, a fin de determinar la vigencia y/o mantención o en su caso el cese de la orden de detención despachada en su oportunidad.

Existe otro tipo de acciones jurisdiccionales declarativas y de lato conocimiento, que en el marco de un proceso contradictorio y legalmente tramitado -sea en el ámbito civil general o en el área especial de defensa del consumidor- permiten igualmente resolver, con conocimiento de causa y con la posibilidad procesal de apreciar y valorar las pruebas presentadas por las partes, la disputa que en la especie se plantea.

Los requisitos para la obtención del beneficio de la libertad condicional son aquellos que se exigen al momento de la postulación y, porque, no es aplicable en la especie el artículo 18 del Código Penal, ya que la modificación del Decreto Ley es una norma posterior especial cuya aplicación debe primar, señala el voto en contra.

Ordenó que sean trasladados y recibidos de manera inmediata por el Hospital Horwitz o un centro asistencial de naturaleza similar y ofició al Ministerio de Salud a fin de que adopte las medidas necesarias para efectos de habilitar camas en los centros siquiátricos destinados a que los imputados cumplan con la medida cautelar de internación provisional.

La resolución impugnada se limita a expresar, en términos vagos y generales, los argumentos por los cuales no resulta procedente otorgar pensión de invalidez a la recurrente, al fundar la decisión en una frase de carácter meramente genérico referida a no cumplir con el estándar de invalidez mínimo requerido por nuestro derecho.

El asunto que la recurrente plantea a conocimiento de esta Corte está sujeto al imperio del derecho para ser conocido y resuelto por el tribunal de familia que ejerce funciones a través del Centro de Medidas Cautelares, centro que ha adoptado las medidas preventivas pertinentes.

La generación de un cupo de matrícula responde a la obligación de garantizar el acceso a la educación en igualdad de condiciones, observando no solo las normas objetivas que la normativa establece, sino también, el fin último que el legislador persigue con la instauración del proceso de admisión, cual es, asegurar a los niños, niñas y adolescentes el ejercicio de su derecho a la educación.

La actuación de la PDI se ajustó a derecho, al ejercer las facultades de control migratorio que le confiere tanto su Ley Orgánica como la normativa sobre migración y extranjería.

Los hechos habrían tenido lugar el día 15 de marzo de 2024, durante un procedimiento en que el camarógrafo del canal Universidad Autónoma de Chile Televisión cubría una noticia consistente en una manifestación de agricultores, que se realizaba en la ruta 5 sur, en el sector de PUA.

El grupo familiar fue víctima de vulneración de derechos que implicó el cambio de domicilio como medida de protección, pero no podido matricular a su hija en la plataforma Sistema de Admisión Escolar, en el apartado “Anótate en la Lista”, lo que vulnera los derechos que consagran los números 1 y 2 del artículo 19 de la Constitución, y la Convención de los Derechos del Niño.

Hoy en día no es posible efectuar un trabajo puerta a puerta sin identificación, justamente por razones de seguridad y de lo que se deben hacer cargo las empresas que contratan personal. Por otro lado, se debe ser cuidadoso con la descripción sospechosa que se efectúa atendido que, como en este caso, las personas con capacidades diferentes reaccionan de distinta manera al ser intimados y eso no los transforma en peligrosos.

El Registro Civil no otorgará pasaporte o documento de viaje a las personas que estén impedidas para salir del territorio nacional, sea por disposición de la ley o por orden judicial.

La resolución objeto del presente arbitrio fue dictada por juez competente, en uso de sus atribuciones, en audiencia pública en la que fueron oídos los intervinientes.

El cargo de exclusiva confianza no se define por la decisión de la Autoridad a quien sirve el funcionario, sino por el ordenamiento jurídico.

La orden de detención tiene por objeto la celebración de la audiencia de formalización, indicándose la posibilidad de que se apersone voluntariamente ante el Tribunal de Garantía de Copiapó o ante el más cercano a su domicilio, lo que no ha ocurrido, informó el recurrido.

La libertad de expresión resulta indispensable para el desarrollo de una sociedad democrática y sólo puede restringirse en la medida que su ejercicio afecte otros derechos como la honra, hipótesis que no ocurre en este caso, por cuanto en las expresiones contenidas en las publicaciones que se reprocha, se realizan en virtud de una facultad otorgada por un tribunal de la República.

La sustitución de la multa por la prestación de servicios en beneficios de la comunidad es inejecutable por su cuantía. La cantidad de horas que debía prestar (un poco más de 15 años) es superior a la pena corporal impuesta en la sentencia.

La decisión adoptada por el tribunal se ajustó al mérito de los antecedentes que tuvo a la vista, se encuentra suficientemente justificada y, además, estuvo acompañada de los apercibimientos pertinentes para asegurar la entrega de los antecedentes a la defensa.

La falta de acceso a la educación no puede fundarse en impedimentos administrativos o situaciones prácticas no imputables a la recurrente, como es la falta de cupo, de lo contrario se produce una vulneración a su derecho a la igualdad ante la ley.

La segunda autorización emanada del Juzgado de Garantía resulta desproporcionada, por lo que deben propender a la devolución de las especies incautadas en el menor tiempo posible, atendida la afectación que para los amparados causa la retención de sus objetos de trabajo, refiere el voto en contra.

No resultaba aplicable a su respecto el artículo 223 bis del Código de Procedimiento Civil, y aun así fue llamado por teléfono, sin que la sala tuviera obligación alguna de hacerlo, aduciendo que no pensó que se agregaría la causa para el jueves de semana santa, en que el día siguiente era feriado, porque estimó que se conocería el día sábado, encontrándose en la fila del banco, informó la Corte de Punta Arenas.

Las destinaciones del personal son parte inherente a la vida y carrera militar y que, desde su ingreso, se tiene conocimiento certero de que se estará expuesto a dichas destinaciones de acuerdo con las necesidades de la institución, siendo ello parte de sus obligaciones militares, informó la recurrida.

La demora en resolver cobra mayor relevancia, por cuanto incluye a un niño de 8 años, afectándole la incertidumbre respecto de su condición migratoria y lugar de permanencia, situación que sin duda se opone a su interés superior.

Si bien ha sido privado de su libertad en virtud de una medida dictada conforme a derecho, en los hechos, debe soportar tal régimen cautelar en condiciones diferentes (inferiores y deficientes) a aquella que le corresponde conforme al ordenamiento jurídico vigente.

La funcionaria no ha tenido oportunidad alguna de ejercer su defensa ante tales imputaciones o argumentar respecto de las conductas que se le atribuyen o de la pérdida de confianza del alcalde a la que se ha acudido, desde ese punto de vista, resulta arbitrario el término de sus servicios.

Existe vulneración de las normas internacionales sobre derecho humanitario, en particular la Convención de Belén do Pará, la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Ante la proliferación de recursos de protección por hechos similares, la Corte ordenó al Servicio dictar las resoluciones que correspondan para adecuar la actuación de sus empleados a la correcta aplicación de las normas en la materia.

Los programas de reinserción social ejecutados por Gendarmería se encuentran reglados en cuanto a su oportunidad y funcionamiento.