Judicial

Retardo en la administración de más de un año en tal trámite infringe el artículo 27 de la Ley N°19.880 y vulnera la seguridad individual del amparado.

La Constitución y la ley peruana consideran que el vínculo sólo puede ser contraído entre un hombre y una mujer.

El recurrente solicitó la exclusión de un Magistrado al considerar que la actuación del mismo Juez en una causa anterior por perjurio vulneró las garantías del debido proceso.

Esto, con ocasión de la crisis sanitaria, y en atención a las facultades que el artículo 18 del DS N°66 le otorga al Ministerio de Obras Públicas en casos excepcionales.

La atenuante pasional invocada por el recurrente fue desestimada al no poder probar que se encontraba limitado de comprender los alcances antijurídicos de sus acciones, debido al excesivo consumo voluntario de alcohol y drogas con anterioridad al hecho.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideró que el castigo impuesto era desproporcionado y contrario a la libertad de expresión, título invocado por los afectados para pedir la anulación de la condena por el Supremo.

El Tribunal de alzada ratificó en todas sus partes la sentencia de primera instancia.

Aunque su categorización como humedal urbano estaba en tramitación al interponerse la acción de protección, era posible reconocerlo como un ecosistema existente, por lo que podía y debía ser objeto de protección.

Las multas cursadas como consecuencia de una infracción fundada en un Reglamento declarado previamente ilegal por sentencia judicial firme son improcedentes y corresponde su restitución a los sancionados.

El órgano de la Administración argumentó su negativa en la falta de personal disponible para satisfacer la solicitud cursada, en razón del volumen de la información que se pedía analizar y el tiempo necesario para ello.

La empresa vende productos de forma directa, así como por medio de terceros, de los cuales, no es responsable en cuanto al uso de las imágenes de marcas que puedan utilizar.

De esta forma, se tutela el derecho a una salud y vida digna que le asiste al infante.

El máximo Tribunal estableció error de derecho en la sentencia impugnada, al acoger la demanda y declarar la prescripción de las acciones, derechos y obligaciones emanadas del contrato de promesa celebrado por las partes.

Al tratarse de un acto administrativo debe cumplirse con lo previsto en los artículos 11 y 41 de la Ley N°19.880.

En la especie, la conducta del trabajador afectó la convivencia entre sus compañeros y la reputación del empleador, por lo que la sanción disciplinaria de despido se ajustó a derecho.

Mediante el uso de redes sociales y descripciones genéricas de los productos, los demandados burlaban las políticas de propiedad intelectual de la plataforma online para vender falsificaciones de joyas y accesorios.

En respuesta, el gobierno promulgó una ley que desconoce la jurisdicción del Tribunal respecto de Rusia.

Interno deberá ser conducido nuevamente al recinto penal de origen, al no ser suficiente la justificación de Gendarmería para su traslado.

El órgano reconoce avances desde el retorno de la democracia, pero recomienda tomar acciones frente a hechos que amenazan la libertad de prensa.

De hacerlo, se privaría a las víctimas de su derecho a una justa reparación.

El máximo Tribunal ratificó la multa impuesta de 4.176 UTA por la SMA, debido a una infracción grave que fue no rebajar su consumo de agua fresca (subterránea), según su permiso ambiental.

La demandante acusó falta de servicio, al ser dada de alta sin tener en consideración las complicaciones que sufrió luego de una cesárea, lo que le causó diversos perjuicios de salud posterior a su salida del recinto.

En la especie, el imputado infringía el artículo 318 del Código Penal, lo que motivó el registro en el que le fue encontrada una escopeta recortada, la que mantenía oculta en su vestimenta.

En la especie, acoger la petición de la recurrente equivale a desconocer el equilibrio de poderes democrático, pues los Tribunales no pueden crear ni extinguir cargos de la Administración.

El máximo Tribunal desestimó la alegación de que el Comando de Bienestar del Ejército actuó en calidad de mandatario.

En razón del principio de especialidad, la Ley N°20.027 prevalece sobre los procesos concursales de la Ley N°20.720.

El máximo Tribunal desestimó el arbitrio al considerar que en el fallo que lo motiva, no existe un pronunciamiento sobre la materia de derecho respecto de la cual se pretende la unificación.

Recurrente pretendía reivindicar una porción de un inmueble sobre el cual posee derechos, para ello, acusó la infracción del artículo 892 del Código Civil, el cual no fue invocado en la demanda.

Al interpretar el Convenio sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores se debe priorizar el interés superior del niño si corre peligro en su país de residencia.

El Tribunal elevó a a $100.000.000 la indemnización que el Fisco deberá pagar a las víctimas demandantes, por concepto de daño moral provocado por sus compañeros de armas, quienes los sometieron a torturas durante el proceso sustanciado por la justicia militar.