Judicial

El Tribunal de alzada ratificó el fallo del 14 Juzgado Civil de Santiago que acogió la demanda.

El Tribunal de alzada confirmó la sentencia apelada, dictada por el Primer Juzgado de Policía Local de La Serena, con declaración que se aumenta el monto de indemnización por daño moral que la demandada deberá pagar la suma total de $4.500.000, manteniendo en 10 UTM el pago de la multa a beneficio fiscal.

La sentencia sostiene que es posible concluir que, efectivamente, la actuación del Servicio demandado en el caso en examen fue deficiente y negligente, configurándose de este modo la falta de servicio que sirve de sustento a la demanda intentada, toda vez que la práctica de la amigdalectomía generó en paciente un hiato longitudinal de sus cuerdas vocales y una subluxación del cartílago aritenoides derecho, lesiones que derivaron en una disfonía persistente.

El Tribunal de alzada reitera que el examen de los antecedentes y su ponderación efectuado por la autoridad recurrida se realizó en base a la información que la misma empresa reclamante entregó a la Superintendencia, a través de los distintos procesos de información. En consecuencia, no puede la reclamante pretender aprovecharse de su propia negligencia o excusarse en su propio error al entregar los datos.

En el caso sub lite no se ha alterado o invertido la carga de la prueba, ni se ha restado o desconocido valor a la que el recurrente estima preterida, pues lo que los sentenciadores han hecho ha sido simplemente ponderar la prueba rendida, estableciendo conforme a su mérito las conclusiones pertinentes.

El asunto controvertido fue resuelto en el proceso sancionatorio y no se constató que la Superintendencia de Educación haya infringido la normativa aplicable.

Debe indemnizar el daño de la niña, del padre y madre, luego que la menor se contagiara del virus de la hepatitis B producto de la transfusión de sangre que recibió durante la cirugía a la que debió someterse.

Aún cuando los policías hayan estimado que lo realizado fue un control de identidad, lo sustancial es que los hechos se encuadran en una situación de flagrancia.

La actora alegó que el recurrido abusa de su calidad de poseedor de los dineros para decidir quién debe soportar el perjuicio patrimonial.

Si bien la entidad edilicia alegó que los servicios del actor no eran necesarios, siete días antes le indicó las funciones que debía cumplir al volver de su licencia médica.

La decisión se sustentó en el solo capricho o voluntad desnuda de la autoridad que la adoptó.

La magnitud de los vicios del que adolecen los instrumentos son tales, que la sanción de nulidad resulta la única vía para remediar los perniciosos efectos del actuar del mandatario en relación con su mandante.

El Tribunal acogió la demanda de tutela laboral, tras establecer que existió una relación laboral entre las partes, desde el 3 de julio de 2015 y hasta el 31 de diciembre de 2020.

Los actos denunciados se ejecutan en el ejercicio del derecho a huelga.

Lo anterior por cuanto el articulado transitorio de la Ley de Tramitación Electrónica prevalece sobre las disposiciones de la Ley sobre Efecto Retroactivo de las Leyes.

Dicho estatuto regula un mecanismo especial para exigir el pago de lo adeudado.

El Tribunal tras el debate de rigor y ponderado la prueba rendida, dio por acreditado el delito y la participación culpable de las acusadas.

El máximo Tribunal consideró que el recurso no puede prosperar al estar presentado contra hechos establecidas por jueces del fondo.

El máximo Tribunal consideró que hubo error de derecho al acoger la demanda, ya que existe una promesa de compraventa que autoriza la ocupación del lugar.

El presidente, actuando en tal calidad, obstruyó el libre tránsito y acceso hacia la empresa, y extorsionó a la actora para obtener bienes a cambio de permitir su funcionamiento normal.

La conducta de la recurrida implica el desempeño de una facultad formal simplemente potestativa.

La alegación de vulneración de derechos fundamentales basada en la jornada de trabajo debe ser resuelta por el Juzgado del Trabajo competente, mediante el procedimiento de tutela laboral.

Además, la decisión no resultó arbitraria, pues se fundó en el mal desempeño de la actora.

La antigüedad en la promoción del actor se estableció en base a las normas legales que regulan los encasillamientos a contar del año 2003.

Aun cuando se puede cuestionar la conclusión de la judicatura, dicho yerro no tuvo influencia en lo dispositivo de la decisión.

Los sentenciadores al acoger la excepción de incompetencia aplicaron lo establecido en el contrato respecto a su ejecución, lo cual es ley para los contratantes y no puede ser desconocido a través de esta instancia.

No existe un actuar ilegal o arbitrario por la entidad edilicia, toda vez que ejerció las herramientas legales dispuestas frente al incumplimiento, sin que se acreditara una conducta abusiva de su parte.

El razonamiento que llevó a los sentenciadores a revocar el fallo de primer grado no se relacionó con la valoración de los elementos de convicción a la luz de las reglas de la sana crítica sino que estriba en establecer si las disposiciones invocadas por los actores podían ser invocadas para reclamar la responsabilidad infraccional y civil que asistía a la referida entidad educacional.

La magistrada aceptó los argumentos del organismos persecutor y querellantes, por estimar que se debe priorizar el interés público por esclarecer los hechos, sobre otras consideraciones, concediendo la autorización judicial para la toma de muestra de cabellos, la que será llevada a cabo, luego de la coordinación de la Fiscalía con la defensa del imputado.

El máximo Tribunal consideró que el recurso fue mal planteado, por lo que no puede prosperar.