Judicial

La decisión amenaza el derecho a la vida de la actora, quien no se encuentra en condiciones de adquirirlo.

La interpretación de las normas aplicables a la controversia debe considerar el mayor beneficio para el destinatario de la prestación de seguridad social de que se trata.

No se explicitaron las razones por las que se tomó la decisión de aumentar el valor del m² sólo a la suma equivalente a 6 UF.

Ello explica la responsabilidad que recae en la dueña de la obra, empresa o faena.

Los jueces deben agotar el examen de las argumentaciones que sustentan las alegaciones y defensas de las partes.

Al acoger excepción de pago opuesta por la reclamada en audiencia preparatoria se vulneró el derecho a la tutela judicial efectiva de la actora.

Se tuvo por configurado el hecho gravado por el artículo 23 del Decreto Ley N°3.063.

La resolución señala que, como se advierte, el recurso de casación en el fondo ve mermado el vigor de sus basamentos al no haber denunciado la vulneración de las normas que, en la especie, tuvieron el carácter de decisorias de la litis, es decir, las que sirvieron para resolver la cuestión controvertida.

La sentencia sostiene que cabe tener presente en este análisis que el legislador de la Ley N°20.855 no ha incurrido en ninguna confusión u olvido. En el texto legal se hace una distinción neta de las hipotecas y las prendas como garantías específicas y generales, en cada caso.

El procedimiento para tales efectos se encuentra regulado en el artículo 53 de la Ley N°19.880.

La naturaleza del mecanismo de revisión judicial de la potestad sancionatoria del Estado no se altera por la calificación de “apelación” que le otorga el artículo 34 de la Ley N°18.838.

La ley se limitó a suspender los términos probatorios que hubiesen empezado a correr o que se iniciaren durante la vigencia del Estado de Catástrofe, no operando ninguna de las hipótesis en el caso.

Con ello se evita superposición de inscripciones o traslape de deslindes que afectan la certeza del sistema chileno de registro inmobiliario.

La pensión de vejez no le permite a la actora poner fin a la situación de dependencia económica que ostentaba al ser incorporada por su cónyuge como carga legal.

La decisión de la recurrida implica negar el acceso a un medicamento necesario para la sobrevivencia del menor.

Por lo anterior, no puede estimarse que las infracciones denunciadas influyeron sustancialmente en lo dispositivo del fallo.

La sentencia de alzada cumplió con todas las exigencias previstas en el artículo 170 del Código de Procedimiento Civil.

Lo anterior reconoce fundamentos vinculados a la seguridad jurídica y a la economía procesal.

La sentencia condenó a Juan Tapia Pacheco a 8 años de presidio como autor del ilícito; a Jorge Escobar Cantillana y Carlos Ruiz Medrano a 541 días de presidio, con el beneficio de la remisión condicional, por su responsabilidad como encubridores y a Víctor Geraldino González y Luis Zapata Torres a 100 días de presidio, por el mismo grado de participación anterior.

El máximo tribunal consideró la capacidad del actor de bajar de peso, el carácter administrativo de sus funciones y la consecuencia de la decisión.

Lo anterior, permite que la actora avance en la postulación.

La infracción a la lex artis quedó acreditada en tanto el Hospital no siguió los protocolos que rodean el proceso de esterilización, permitiendo que elementos no estériles ingresaran a los pabellones quirúrgicos.

Ante el ataque del agresor, la defensa del imputado fue racionalmente adecuada, ya que no tenía en ese momento y en las circunstancias en que se desarrollaban los hechos, otra forma de proteger su vida.

El concejal Karim Chahuán Cerna, fue imputado por la incitación a participar en un saqueo que se estaba realizando, el 29 de octubre de 2019, en el Mall Open la Calera, en un acto delictual en el marco del llamado “estallido social”, lo que se pudo determinar porque el llamado se hizo con el teléfono de cargo municipal.

Quien encarga la construcción asume los riesgos por defectos de construcción, incluso respecto de futuros propietarios y terceros en general, aunque no haya un vínculo contractual directo.

Denuncian errores matemáticos, descuadre y falta de escrutinio de mesas, ocultamiento de actas y minutas de resultados, conteo y digitación de votos a puerta cerrada, entre otras irregularidades.

Tal convención significa una modificación o derogación de las normas de orden público relativas a los bienes familiares.

La denuncia no cumple con los requisitos básicos de formalidad, competencia y fundamentación suficiente establecidos en la Ley N° 18.700 Orgánica Constitucional sobre votaciones populares y escrutinios.

Afiliado merece la protección del organismo que ayudó a mantener a través de sus pagos periódicos.

Además, fundó la decisión en lo dispuesto en el artículo 117 N°2 de la Ley N°20.720.