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Lo insuperable del miedo implica una idea normativa que expresa el grado o límite legal de sacrificio o esfuerzo que la sociedad no puede esperar ni exigir de la persona.

El hecho que la fecha del Acta de Apertura sea una actuación diferente a la de la Apertura electrónica en el portal, está previsto en las propias bases de licitación. Por lo tanto, la impugnación del demandante aparece desvirtuada, ya que del mérito de autos no consta que haya existido una modificación del cronograma de la licitación.

El requirente alega, que como lo ha demostrado la práctica, el precepto legal impugnado se ha prestado para generar una verdadera industria en torno a revivir procesos fenecidos y archivados, con el mero propósito de procurarse un enriquecimiento sin causa, en cuanto el ejecutante se beneficia de su propia negligencia procesal y del transcurso del tiempo.

La resolución denunciada como ilegal o arbitraria, no es sino una diligencia dentro de la tramitación de un procedimiento investigativo aún inconcluso. Recién ahora en ese procedimiento el recurrente puede hacer uso de su derecho a debatir las conclusiones y proposición primarias del Fiscal, presentar sus pruebas y, eventualmente, ejercer los recursos administrativos y legales que le asisten.

La única forma de reanudar la medida cautelar, era solicitarla previo al cumplimiento efectivo de las penas que le fueron impuestas al amparado o, en su defecto, que se hubiese decretado nuevamente dicha medida, previo debate en audiencia y a petición de parte.

El profesional no pudo acreditar los indicios de laboralidad suficientes, que hicieran suponer que la contratación escapaba del ámbito estatutario para regirse por el Código del Trabajo. El tribunal Supremo hizo notar que el cometido específico de las funciones encargadas al demandante, se condice con el contrato regido por la Ley Nº18.834.

Una ciudadana venezolana presentó la solicitud el 1 de febrero de 2021, y a la fecha aún no se le ha dado respuesta, demora que la magistratura considero como arbitraria e ilegal al otorgar un trato diferente a la actora en relación con otros solicitantes en su misma condición, a los cuales sí se les ha brindado respuesta.

El máximo Tribunal indicó que una vez declarado el despido como injustificado, el descuento realizado por el empleador pierde el sustento legal del artículo 13 de la Ley Nº19.728, por ende, el monto debe ser reembolsado a la demandante.

La magistratura estimó que el tiempo transcurrido desde los hechos que motivaron la baja inmediata hasta la interposición de la acción cautelar ha sido excesivo, y la institución aún no culmina el sumario administrativo, manteniendo al actor todo este tiempo en un estado de incertidumbre, excediendo con creces el plazo establecido en el artículo 27 de la Ley Nº19.880 para culminar el procedimiento disciplinar.

Se infringe el artículo 83 de la Constitución, por cuanto se inmiscuye indebidamente en atribuciones que el ordenamiento jurídico entrega de forma exclusiva y excluyente al Ministerio Público. Se amenaza así el derecho a la libertad personal, desde que, al sustituir el procedimiento por la nueva calificación jurídica impuesta, se podría imponer al amparado una pena superior a la permitida por el procedimiento que ha sido sustituido, vulnerándose el debido proceso y el derecho al juez natural.

La magistratura negó lugar al desafuero de la funcionaria, al verificar que el tiempo de su contratación databa desde enero del año 2021, época diferente a la indicada por el Servicio, que afirmaba que ingresó en junio de 2022 a uno de los SAMU bajo su dirección. Tal contradicción hace improcedente el desafuero, debido a que la demandante siempre estuvo en conocimiento del estado de gravidez de la empleada, y la siguió llamando para cubrir reemplazos.

No existe un derecho indubitado de los recurrentes que deba ser protegido a través de este recurso, en cuanto, además, la recurrida informa que este proyecto no está aún en ejecución y tampoco se ha dictado el acto administrativo que así lo disponga.

El requirente alega que la norma objetada infringe la igualdad ante la ley, la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos y el derecho a un procedimiento racional y justo, desde que le impide ejercer una adecuada defensa en sede ejecutiva, a partir de una decisión de la CGR y del Tribunal de Cuentas que de ella depende, en que la sentencia fue dictada por quien ha sido juez y parte en el juicio de cuentas, dejándolo en una absoluta indefensión.

En colaboración con el Colegio de Abogados y Diario Constitucional, la USS realizó charla sobre participación y autoría en el derecho penal económico, que contó con la participación del destacado catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid, Bernardo Feijoó Sánchez.

La Corporación tiene el deber de contar con la autorización del Servicio de Salud para la entrega de alimentación en el establecimiento; mantener la estructura de los pisos, muros, cielos y techumbre en buen estado, de modo que no presenten riesgos y garanticen la seguridad de los usuarios; y contar con el personal idóneo.

Se detectó que, pese a la nueva normativa de antidiscriminación -Ley Zamudio-, existen profundas brechas en trabajo, salud y pensiones.

Los Senadores requirentes alegaron que el Decreto Supremo infringiría los límites de la potestad reglamentaria del Presidente de la República, regulada en el artículo 32 N°6 de la Constitución, en cuanto ha trasgredido y pretendido ampliar sus competencias, normando aspectos que corresponden a una ley general; la que establece las bases esenciales del medio ambiente (Ley N°19.300).

El tribunal de alzada acogió las acciones cautelares, tras establecer el actuar ilegal, arbitrario y omisivo de la recurrida por las graves deficiencias advertidas las que emanan de pretéritos años y han sido permanentes e incrementadas con el transcurso del tiempo al no haber tomado oportunamente las acciones preventivas y reparadoras que cada establecimiento requería, lo que no se hizo por una evidente desidia.

El ilícito consiste en el ejercicio de una actividad procesal indebida que llevó a que se declare la nulidad de todo lo obrado y retrotraer la causa al estado de notificar la demanda y requerir de pago válidamente. El plazo de prescripción de la demanda ejecutiva debe computarse desde la fecha en que se dictó el cúmplase de la sentencia que confirmó la sentencia de primer grado que acogió la excepción de prescripción y rechazó la demanda ejecutiva, y no desde el fallo de primer grado como resolvieron los jueces del fondo.

El informe plantea, que la eliminación del numeral 6 del artículo 17 de la Ley N° 20.600 no deja claro si acaso pervive la posibilidad que le asiste actualmente a estos tribunales de conocer las reclamaciones que interpone cualquier persona en contra de la determinación que resuelve el recurso administrativo cuando sus observaciones no hubieren sido consideradas en el procedimiento de evaluación ambiental.

El tribunal de alzada confirmó la resolución impugnada, dictada por el Juzgado de Garantía de Concepción, que no accedió a cambiar la medida cautelar que cumple el imputado desde el 30 de noviembre de 2023 y que fue revisada en audiencia del 11 de marzo pasado.

La decisión de traslado por parte de Gendarmería no ha sido antojadiza ni infundada, ya que obedece a razones de buen servicio dada las necesidades de personal en los distintos recintos penitenciarios del país.

La dilación en el cierre de la investigación, más allá de no configurar una amenaza a la garantía protegida, debe ser discutida en la sede judicial pertinente, que en este caso ha sido soslayada, no pudiendo pretenderse que por medio de esta acción constitucional se impugne lo actuado por el juez natural.

Si bien es común dentro de los internos realizarse cortes para obtener atención a sus peticiones o para ser llevados al ASA, no es dable concluir que se auto lesionara de la forma que dan cuenta las lesiones constatadas en la autopsia, considerando que, a pesar de los auxilios, la lesión era de tipo vital.

El feriado legal, o “vacaciones”, al ser un derecho irrenunciable del trabajador, se encuentra protegido por la regla del inciso primero del artículo 510 del Código del Trabajo, y la acción para reclamar su pago prescribe en dos años. Sin embargo, tal plazo debe computarse desde la finalización del contrato, y no desde que el feriado legal se hace exigible.

Para determinar la causa de muerte de la madre de la recurrente, un fiscal de Copiapó ordenó practicar una tercera autopsia sobre el cuerpo, la cual sería realizada por un forense privado bajo supervisión del SML, no obstante, el persecutor no indicó de forma específica si el recurrido debía prestar apoyo instrumental y profesional al galeno, o sólo limitarse a facilitar sus dependencias para realizar la diligencia; por lo tanto, la acción cautelar no puede prosperar.

La magistratura -al mérito de las pruebas aportadas por las partes- observó que el demandado ocupaba un inmueble diferente al reclamado, además, el demandante no singularizó la ubicación exacta de la presunta ocupación, acusando al demandado de privar su dominio respecto de un retazo de 228 hectáreas en la comuna de Algarrobo; por lo que la acción fue desestimada por la justicia.

El máximo Tribunal indicó que los efectos del abandono decretado en la causa de cumplimiento, no invalidan el derecho obtenido por el demandante en el juicio declarativo, por lo que la magistratura debió dar lugar a la demanda de cobro de pesos en juicio sumario deducida por el Fisco de Chile, fundada en una sentencia previa que ordenó el pago de 78 millones de pesos a su favor.

De acuerdo a las normas generales del onus probandi, la carga de la prueba para acreditar las impugnaciones correspondía única y exclusivamente a la parte demandante. Sin embargo, no consta de los antecedentes que la entidad licitante hubiere incurrido en alguna inobservancia al principio de libre concurrencia como tampoco al principio de imparcialidad ni a cualquier otro principio de la contratación administrativa.

Profesionales egresadas de la casa de estudios dieron cuenta ante alumnos y docentes de su experiencia laboral, y de cómo han enfrentado la discriminación de género mediante el empoderamiento en áreas tan variadas como el derecho, la comunicación audiovisual, la salud, y la administración de negocios.