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En la sentencia, el magistrado desestimó la excepción de reparación integral del daño y la excepción de prescripción extintiva opuesta por la parte demandada, tras establecer que Peña Ruiz, Passeron Cifuentes, Muñoz Torres y Toro Eugenio fueron víctimas de crímenes de lesa humanidad, imprescriptibles tanto en sede penal como civil.

El Tribunal de alzada estableció el actuar arbitrario y discriminatorio del plantel al condicionar la entrega del documento al pago de deuda.

El régimen de responsabilidad en sede administrativa incluye la falta de servicio por omisión del deber de cuidado y diligencia, por lo tanto, es indiferente la modalidad de libre elección de los médicos porque el demandado es responsable de la efectividad de las prestaciones realizadas en los recintos de su red de salud.

Existen otros herederos cuyos derechos podrían verse afectados de acceder al cambio requerido por lo que ello debe ser conocido en un juicio de lato conocimiento.

Las labores desempeñadas por el actor no correspondían a un cometido específico, dada su extensión temporal y por tratarse de actividades propias y permanentes del servicio.

Si bien la necesaria información a los pacientes o sus parientes es una obligación legal, su omisión o insuficiencia informativa no implica necesariamente que se hubiere afectado o vulnerado el derecho fundamental a la salud de las personas. No se vulneró la Ley N°20.422.

El máximo Tribunal estima que la recurrida no tuvo en consideración las circunstancias que afectaron al personal médico de primera línea, e impuso arbitrariamente exigencias académicas excesivas.

Dicho informe fue la base de la Resolución que dispuso la baja por salud incompatible para el servicio, la cual deberá ser evaluada nuevamente por la recurrida.

El Tribunal de alzada desestimó el recurso, tras establecer que la emisión de contenidos audiovisuales violentos, en horario de protección, pone en riesgo el derecho a la salud física y síquica de los menores, e infringe las normas que regulan el correcto funcionamiento de los servicios de televisión.

El tribunal de alzada elevó el monto indemnizatorio por considerarlo más condigno a los padecimientos soportados por la demandante que, tras ser sometida a intervenciones quirúrgicas, requiere de asistencia permanente de un tercero.

Es necesario que los hechos acusados sean conocidos por la judicatura especializada, en razón del artículo 3 de la Ley N°20.009.

Esto se desprende de los artículos 120, 121, y 124 del Código de minería, en relación con el artículo 19 N°24 de la Constitución.

Al satisfacer con este acto lo solicitado por el actor, el recurso interpuesto carece de oportunidad.

La sentencia impugnada incurrió en un error de derecho al rechazar la excepción de la prescripción.

Se trata de una sentencia interlocutoria que pone término al juicio por lo que procede el recurso de apelación de manera directa.

El máximo Tribunal estableció yerro en la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Valdivia, que confirmó la de primer grado que rechazó la demanda.

El máximo Tribunal descartó error en la valoración de la prueba en la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que confirmó la de primer grado que acogió la demanda de indemnización de perjuicios por falta de servicio.

El Tribunal de alzada estableció error de derecho en la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, al confirmar la prescripción de la acción civil asociada al proceso penal que se ventiló en la justicia militar, y declaró la responsabilidad del Estado por los malos tratos que recibió el joven aspirante, bajo el concepto de “justicia criolla”.

Ha de estarse a la aplicación de una norma especial antes de recurrir a las normas generales. Si el legislador estimó necesario establecer en cada caso un derecho especial diverso, es porque no quiere la interferencia del uno en el otro.

Se ordenó sacar copia íntegra del expediente, certificar su identidad e integridad, y remitir compulsas al tribunal civil manteniendo el expediente original en poder de la fiscalía hasta que concluya la causa penal.

No se acreditó que las falencias formales denunciadas hayan derivado en la afectación específica, real y concreta de derechos de algún miembro de la comunidad escolar, por lo que la falta debe ser considerada como leve y no como menos grave.

La fase preparatoria es un mecanismo de verificación de condiciones mínimas habilitantes para actuar ejecutivamente, sin que ello obste a que el ejecutado pueda, dentro del contradictorio del juicio ejecutivo, oponer excepciones.

“Dado la gravedad de esta situación, respecto a ambos niños (también de la hermana menor) se decretaron como medidas cautelares el cuidado proteccional provisorio de su tía materna y respecto de la madre se decretó la prohibición de acercarse a los niños y la suspensión de régimen de relación directa y regular conforme lo dispone el artículo 71 de la ley 19.968”, explicó el magistrado.

Recurrentes acusaron vulneración de su derecho a la protección de la salud, lo que fue desestimado al verificar la Corte que no se les negó el servicio, sino solo que se les cambió el prestador asignado.

No se puede obtener por medio de la acción cautelar una declaración de si a los recurrentes les asiste el derecho a voto como futbolistas retirados, tanto más si los mismos hechos los conoce el Tribunal Electoral.

Recurrente no acreditó que los supuestos errores de derecho cometidos por los jueces de fondo, hayan influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo.

En el caso de una patente municipal, la obligación de pagarla existe mientras el municipio mantenga su vigencia.

La diferencia radica en que los primeros tienen el carácter de irrenunciables.

El máximo Tribunal descartó error de derecho en la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Rancagua, que confirmó la de primer grado que ordenó a la empresa pagar $300.000 por concepto daño emergente, y $5.000.000 por daño moral a la parte demandante.

Reglamento interno de la recurrida no regula los cortes de cabello de sus voluntarios, por lo que, en la especie, la sanción fue desproporcionada y contraria a la igualdad ante la ley.