Un 12,9% de la población chilena tiene algún tipo de discapacidad (Encuesta sobre Discapacidad 2004, FONADIS e INE). Lo anterior significa que más de un millón de potenciales electores se quedan literalmente sin saber cuáles son las proposiciones de sus candidatos, y de este universo un 8.74% tiene discapacidad auditiva.

Los parlamentarios señalan que existen alrededor de 171.000 jóvenes con discapacidad, entre los 15 y los 29 años, distribuidos casi en partes iguales entre hombres y mujeres.

Los parlamentarios observan que “tratándose de candidaturas independientes existen trabas innecesarias que en los tiempos actuales perjudican el desarrollo democrático de la nación”.

El Mensaje señala que es de público conocimiento la crisis económica que actualmente afecta al mundo entero y que también ha impactado a nuestro país, por lo que un feriado legal adicional supone un importante golpe a la economía nacional generando pérdidas por millones de dólares.

En tanto, al genocidio se lo define como todo acto ejecutado con la intención de destruir total o parcialmente un grupo nacional, étnico, racial o religioso, en su calidad de tal.

Estiman que con ello se vulnera el principio de igualdad y de inocencia, pues las condiciones que en algún momento autorizaron la formación de causa respecto del parlamentario se modifican sustancialmente luego de ser absueltos por un Tribunal de la Republica que conoció y falló en derecho sobre la imputación penal de que fueron objeto.

Por ello propone reestructurar su planta adecuándola a las actividades y controles que el perfeccionamiento del sistema electoral y político le demanda, facultándose al Presidente de la República para que a través de un decreto con fuerza de ley fije la nueva planta del Servicio con sujeción a las pautas que en ella se especifican.

La moción señala que la legislación procesal penal contiene un vacío en esta materia, pues si bien el artículo 347 del CPP establece que todas las medidas cautelares deben ser levantadas al momento de dictarse una sentencia absolutoria, la condición de desaforado se mantiene hasta que la sentencia este firme, es decir, hasta que se resuelvan los recursos que se presenten por todos los acusados.

Moción patrocinada por los diputados Bertolino, Delamastro, Galilea, García, Isasi, Venegas y Verdugo.

Lo que había sido aprobado en primer trámite constitucional por la Cámara de Diputados. Sin embargo, cuando correspondió el turno del Senado éste lo rechazó como una forma de criticar el sistema binominal, lo que obligó a constituir una Comisión Mixta.