La Corte, fallando un recurso de protección, había dejado sin efecto el Decreto que ordenó retirar el letrero, sin embargo, el ente edilicio de todas formas lo retiró, lo que causó perjuicios al demandante.
Si bien el funcionario que realizó el examen médico debió consignar en el respectivo registro la discapacidad motora que motivó la limitación de la licencia, tal omisión no configura una ilegalidad ni una falta de servicio.
El Tribunal estableció la responsabilidad y obligación del Estado de mitigar el daño causado a los familiares de la víctima.
Al acreditarse el deber de mantención de los bienes de uso público por parte del municipio y el mal estado de la acera, no hace falta averiguar las razones de ese problema para determinar la falta de servicio, puesto que esa responsabilidad es de carácter objetivo.
No por ser de índole constitucional y de derecho público, la responsabilidad civil del Estado no puede extinguirse por el transcurso del tiempo, dado que, por su carácter universal, la prescripción no es ajena a esas normativas y puede operar en todas las disciplinas del Derecho Público.
Al no invocar el estatuto especial previsto en la LGUC ni el contemplado en los artículos 2003 y 2004 del Código Civil, que establecen un régimen de responsabilidad objetiva de las empresas constructoras, la parte demandante ha debido probar la negligencia que acusa, por lo que, sin esa verificación, se debe desestimar la acción de indemnización intentada.
Se aumentó la cuantía de la indemnización, considerando los montos para casos con resultado de muerte de un hijo, consignados en el baremo confeccionado por la Corte Suprema, fundado en que las consecuencias son tan dramáticas como el deceso de un hijo.
El Tribunal de alzada descartó infracción de ley en la sentencia impugnada, dictada por el Noveno Juzgado Civil de Santiago, que rechazó la demanda.
El Tribuanal acogió la demanda de indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual deducida en contra de la empresa.
El ministro Cancino Cancino sometió a proceso a Alfredo Ismael Guerrero Santana, Alejandro Jorge Cox Betancourt, Víctor del Valle Lizama y Francisco Javier Pizarro Mana, en calidad de autores; y a Miguel Ángel Muñoz Barra y Bartolomé Marcelo Sanhueza Mortara, como cómplices de los delitos que fueron perpetrados en cuartel de la policía civil de Valparaíso.
La suma ordenada pagar a la parte demandada, $50.000.000 a cada demandante, lo será con los reajustes e intereses que se devenguen desde la fecha en que quede firme y ejecutoriada la sentencia y el deudor haya sido reconvenido.
