El Tribunal de alzada confirmó la sentencia impugnada, dictada por el 18° Juzgado Civil de Santiago, en la parte que acogió la demanda, con declaración que la suma que el Fisco deberá pagar a los demandantes por concepto de daño moral, asciende a la suma de $20.000.000 para cada uno.
El Tribunal estableció la responsabilidad del Estado por los daños causados a las víctimas por la comisión de un crimen de lesa humanidad, imprescriptible en el ámbito penal y civil.
El Tribunal de alzada condenó a Miguel Krassnoff Martchenko, Raúl Iturriaga Neumann, Juvenal Piña Garrido, Rolf Wenderoth Pozo y Manuel Carevic Cubillos a 15 años y un día de presidio efectivo, en calidad de autores de los delitos de carácter de crímenes de lesa humanidad.
El Tribunal de alzada confirmó la resolución sancionatoria impugnada dictada por el Consejo Nacional de Televisión (CNTV).
El magistrado encausó a los exagentes Carlos Herrera Jiménez, Roberto Cartes Candia, Fernando Mc Farlan Aravena y Manuel Frez Torres por su responsabilidad en los delitos de secuestro con grave daño y aplicación de tormentos en contra de Janet Jofré Waghorn, hecho ocurrido en octubre de 1983.
El Tribunal de alzada confirmó la sentencia del 26° Juzgado Civil de Santiago que acogió la demanda.
El Tribunal de alzada condenó a Jorge Reyes Morel, Pedro Lovera Betancourt, Donato López Almarza y Juan Fernández Berardi a la pena de 15 años y un día de presidio por su responsabilidad como autores de homicidios.
El Tribunal de alzada confirmó la sentencia del 16° Juzgado Civil de Santiago que acogió la demanda.
El Tribunal de alzad acogió el recurso y determinó que la secretaría mencionada había desatendido su rol de administrar y supervisar el tratamiento adecuado de las aguas servidas, materia que es de su competencia y no de las otras instituciones recurridas, la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales y municipalidad de Punta Arenas.
El Tribunal de alzada confirmó la resolución impugnada, dictada por el Segundo Civil de Chillán, que acogió la demanda.
El máximo Tribunal descartó infracción legal en la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Temuco, que confirmó la de primer grado que ordenó pagar a la demandada la suma de $3.900.000 por concepto de indemnización de perjuicios por daño emergente.
