Además, que los vehículos utilizados en la comisión del ilícito sean incautados de conformidad a las reglas generales, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 189 del Código Procesal Penal.
La magistrada acogió parcialmente la acción y ordenó al banco pagar a la parte demandante la cantidad de $2.100.000, por concepto de daño emergente, más $3.000.000, por daño moral.
El Tribunal estableció la responsabilidad del canal público por actuar negligente en la preparación de la nota periodística, en la cual atribuyó sin sustento alguno, la comisión de una serie de delitos al demandante.
La actuación de la recurrida que se aparta de la normativa ha ocasionado un perjuicio patrimonial a la actora, afectando su garantía protegida en el artículo 19 N°24 de la Constitución.
La extensión rige aun después del término de la vigencia del estado de excepción constitucional de catástrofe, declarado por el Decreto Supremo N°104 de marzo de 2020 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.
De esta forma, el funcionario puede ejercer correctamente su derecho a defensa.
En la sentencia se acogió la acción presentada por la persona solicitante al considerar en su testimonio, los Tratados Internacionales que regulan la materia y los principios generales de la Ley N°21.120 sobre Derecho a Identidad de Género.
A través de la red social, el demandado denostó la honra del demandante al señalar que éste utilizaba dinero público para operaciones políticas particulares, declaraciones que fueron eliminadas de la plataforma posteriormente.
El pronunciamiento establece las directrices que debe cumplir la Administración del Estado en relación con dicha instancia.
El Tribual de alzada estableció que la información solicitada por ley de transparencia, tiene el carácter de reservada.
El Tribunal de alzada acogió con costas las acciones cautelares tras establecer el actuar unilateral y arbitrario de las isapres recurridas.
