La actora asevera que la restricción afecta su libertad a desarrollar cualquier actividad económica y el derecho a la propiedad, consagrados en el artículo 19 Nº21 y 24 de la Constitución.
La controversia excede la lógica procesal y cautelar del recurso interpuesto, tanto más si las discrepancias entre las partes están sometidas a arbitraje.
El Tribunal de alzada rechazó la acción deducida por el Club de Deportes La Serena S.A.D.P., al no haber acreditado acto ilegal o arbitrario del organismo al ordenar el embargo.
El recurrente alegó que, si bien el portón se construyó en la propiedad del recurrido, él siempre tuvo libre acceso al predio por ese camino y hoy, arbitrariamente, se le niega la entrada a su propiedad.
A los recurrentes les asiste el derecho fundamental de concurrir al culto dominical presencial, debiendo la autoridad establecer un sistema de permisos para tal fin.
El acto administrativo impugnado se dictó en concordancia con las atribuciones que la Ley Nº19.175, en su artículo 4, y el Decreto con Fuerza de Ley N°22, le confieren a la autoridad.
La recurrente alegó que contaba con autorización para la pesca de arrastre por acto administrativo anterior a la publicación de la Ley Nº 21.134 la que no podía regir “in actum“.
Los cuentacorrentistas mantienen el derecho de propiedad respecto de los dineros depositados en el Banco, para que éste resguarde y responda a la confianza otorgada.
Esta deberá ordenar la realización de una completa reevaluación de la condición de salud del actor por profesionales diversos, para luego emitir nuevo pronunciamiento.
El Ministerio Público está facultado para recalificar los hechos y las consideraciones modificatorias de la acusación al determinar que procede solicitar la aplicación de un procedimiento abreviado.
El Tribunal de alzada no hizo lugar a la acción cautelar de urgencia, tras establecer que el recurso de protección no es la vía idónea para resolver los hechos denunciados.
