La Corte desestimó la alegación de que la cesión de derechos que le sirve de título a la actora era inválida por recaer sobre tierra indígena, la que debe ser conocida por el tribunal competente, en el procedimiento establecido el efecto y no a través de una acción de naturaleza cautelar y de emergencia.
La Ley N°19.966 y el Reglamento de Mediación disponen que son los interesados quienes deben nombrar al mediador, limitándose la Superintendencia a poner en conocimiento de este último dicho nombramiento.
Los dichos vertidos a través de YouTube no pueden ser amparados como manifestaciones de la libertad de expresión, puesto que este derecho debe ser considerado de manera armónica con el derecho a la honra de las personas.
La Corte ordenó que el procedimiento se retrotraiga hasta el momento de tener que notificar válidamente el Decreto de término de contrato, sin referirse a la procedencia del acto posterior de cobro de la póliza de garantía.
Ordenó a los recurridos dar cuenta de la actual cantidad de niños, niñas y adolescentes que se encuentran en esa situación, los plazos asociados a cada programa e informar en qué fecha harán ingreso efectivo a los comentados programas.
Se reitera la jurisprudencia que considera a la libertad de expresión como uno de los pilares de la democracia. Además, resalta que el actor participo del reportaje que considera difamatorio.
Se trata de una controversia que debe ser debatida en un juicio de lato conocimiento cuyas garantías procesales son mayores que las de un procedimiento de naturaleza cautelar como el del recurso de protección.
El hecho de que las labores de control del comercio ambulante puedan ser ejercidas también por otras entidades públicas, como Carabineros de Chile, no obsta a que el municipio las aborde con todos los medios de que disponga.
No fue la institución recurrida quien divulgó la información personal de la afectada. Sin perjuicio de eso, se ordenó tomar los resguardos para que, en lo sucesivo, los funcionarios de Gendarmería a cargo de investigaciones sumarias actúen conforme a lo dispuesto en la Ley N°19.628.
Esta petición, como la subsidiaria de rebaja de mensualidad no son posibles de ordenar, pues no revisten el carácter de derechos indubitados.
La acción de protección no es la vía idónea para resolver el asunto planteado, pues requiere una declaración previa de derechos y obligaciones en un juicio de lato conocimiento, no existiendo en consecuencia, derechos indubitados que cautelar.
