La Corte resolvió que la legislación establece procedimientos específicos para que la judicatura reconozca el derecho que pueda invocar la recurrida, pero mientras estos no sean ejercidos ni se haya dispuesto lo pertinente por los órganos jurisdiccionales competentes, no es lícito que recurra a vías de hecho para resolver disputas, alterando así el statu quo previo a dicha actuación.
La forma de aplicar un reproche que sea proporcional a los hechos y, a la vez, asegurar el derecho del alumno a la continuidad del proceso educativo, se logra por la vía de aclarar que la sanción a la cual éste queda sometido es la cancelación de su matrícula para el año escolar 2025.
La Corte resolvió que, si bien se reconoció la existencia de un contrato previo al acto impugnado, no existe constancia de una comunicación que ponga fin a dicha convención ni acuerdo alguno sobre la modificación del acceso a las dependencias, por lo cual la actuación del sindicato constituye una acción de autotutela proscrita en el ordenamiento jurídico y que vulnera el derecho de la recurrente al goce del local comercial arrendado.
La Ley N°19.925 establece que los supermercados con patente de alcoholes deben contar con una superficie mínima de 100 metros cuadrados de sala de venta, al menos 2 cajas pagadoras y que el área destinada a bebidas alcohólicas no puede superar el 10% del espacio dedicado a la venta de comestibles y abarrotes.
El Tribunal de alzada estableció el actuar arbitrario y discriminatorio del servicio recurrido, al vulnerar el principio de igualdad ante la ley de la funcionaria.
El marco regulatorio de la asignación de responsabilidad, conforme a la Ley N°19.964, establece que dicha asignación es una remuneración transitoria destinada a los profesionales que desempeñan funciones de dirección, coordinación, supervisión o mando en unidades de salud, requiriendo la participación en concursos internos y limitando su duración a cinco años, con la posibilidad de pérdida ante incumplimientos o medidas disciplinarias.
En su libelo piden que se ordene al municipio abstenerse de realizar acciones que perturben la tranquilidad de las familias, argumentando que cualquier desalojo debe llevarse a cabo de acuerdo con la ley, mediante orden judicial y con la intervención de la fuerza pública, y no a través de funcionarios municipales actuando de manera arbitraria.
Concluyó que no hubo ilegalidad en la denegación de la visa, ya que el solicitante, siendo mayor de edad, no cumple con una causal de dependencia y debió acreditar su propia solvencia económica para obtener la visa de residente temporario.
Contraviene la obligación que pesa sobre los órganos de la administración del Estado, de exponer los fundamentos de hecho y de derecho de sus decisiones, al tenor de lo prevenido por los artículos 11 inciso 2º y 41, de la Ley N°19.880, afectando de esta manera la garantía constitucional del artículo 19 N°2 de la Constitución.
Además, las denuncias de los recurrentes están siendo conocidas por los organismos técnicos competentes pendientes de resolución, por lo que este arbitrio constitucional no es la vía adecuada para resolver tales cuestiones.
En su libelo alega que la recurrida procedió a cortar el suministro de agua sin aviso previo ni fundamento legal, vulnerando sus garantías constitucionales.
