El Tribunal concluyó que, para determinar la sanción, la SMA no fundamentó debidamente la ponderación de las circunstancias asociadas a la importancia del daño causado o del peligro ocasionado, el beneficio económico obtenido con motivo de la infracción, y la capacidad económica del infractor (Artículos 40 letras a), b) y c) de la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente).

Se trata de dos profesionales que asumirán en el Segundo y Tercer Tribunal Ambiental, respectivamente.

Judicatura especializada determinó que la Superintendencia del Medio Ambiente no fundamentó debidamente la configuración de la infracción imputada y sancionada.

Al revisar en detalle la alegación referida a la falta de realización de un segundo periodo de participación ciudadana, el Tribunal determinó que las modificaciones realizadas al proyecto no han causado afectación a comunidades o grupos humanos, ni han generado nuevos impactos significativos o un aumento en su extensión, magnitud o duración, por lo que no resulta procedente.

Luego de analizar los antecedentes del caso, el Tribunal concluyó que la autorización de la Seremi de Salud, mediante la cual se autorizó a Geobarra para disponer residuos peligrosos, no tienen un correlato en los hechos, pues la empresa se dedica a la gestión de residuos y no realiza actividades de disposición final y/o eliminación de dichos residuos.

“De los antecedentes del procedimiento administrativo no puede estimarse en modo alguno que la demolición de instalaciones periodísticas, con la posterior excavación y socalzado de muros satisfaga necesidades básicas de la comunidad, así como tampoco que exista la desigual distribución de las cargas y/o beneficios ambientales invocada por las reclamantes”, razona la sentencia.

La medida fue autorizada por el ministro de turno, Cristián Delpiano, y se extenderá por un plazo de 30 días corridos desde su notificación a la empresa por parte de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA).

Durante 2020 ingresó un total de 53 causas, desglosadas en 46 reclamaciones contra actos de la Administración y 7 demandas por daño ambiental. En 2019, ingresaron 37 causas.

Se generó afectación significativa del suelo, considerando la producción de procesos erosivos desde las laderas de los cerros y la alteración de la capa superficial de los suelos intervenidos.

La sentencia detalla que las resoluciones, así como el procedimiento que llevó a su dictación, serían ilegales pues fueron dictadas sin previa audiencia de las reclamantes y, además, ponderaron de forma errada los antecedentes relativos al cumplimiento del Programa y el plazo asociado a la acción 1.6, que establecía un plazo estimado de 18 meses para la obtención de una resolución de calificación ambiental para el proyecto.