La diputada Ximena Ossandón presentó dos proyectos que apuntan a frenar los portonazos y las encerronas, atacando la cadena delictual detrás de estos ilícitos. Uno limita el desarme de vehículos y el otro prohíbe la circulación de vehículos nuevos sin patente.
La Comisión de Mujer y Equidad de Género respaldó en general el texto -que responde a una moción de parlamentarias y a un mensaje- que avanza en un mecanismo permanente, expedito y efectivo que asegure el pago de la obligación parental. La instancia abrió un breve plazo para recibir indicaciones y perfeccionar la norma.
Se trata de una iniciativa que busca sistematizar todos los delitos denominados de «cuello y corbata», sancionando con cárcel la colusión, la extracción ilegal de aguas y lavado de activos, entre otros.
Los congresistas acordaron pedir al Ministerio de Hacienda estudiar la entrega de recursos para costear analgésicos y antidepresivos, fármacos fundamentales en el tratamiento de este mal.
El texto, que responde a un mensaje y a la moción presentada por senadoras, avanza con más herramientas para la búsqueda de patrimonio del deudor y que no dependa únicamente de la información que tenga el alimentario/a.
El Congreso concluyó la tramitación de la moción de autoría del senador Ricardo Lagos y de los ex parlamentarios Carlos Montes y Jorge Pizarro.
Tras una reunión en La Moneda, el presidente del Senado Álvaro Elizalde, explicó que el mecanismo legislativo acordado para analizar la iniciativa permitirá dar una pronta respuesta al problema que afecta a transportistas.
La reforma constitucional tiene por objeto generar una reducción del precio de los alimentos de primera necesidad en beneficio de la población más vulnerable.
El proyecto, que pasó a la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, tiene por objeto solucionar el malestar generado por los atochamientos vehiculares en las plazas de peajes.
La Comisión de Constitución escuchó las opiniones de la Fiscalía sobre el proyecto y planteó que previo a su trámite en particular, se constituya una mesa de trabajo que incluya a los familiares de las víctimas.
El proyecto se encuentra en primer trámite constitucional en el Senado, habiéndose ya oficiado a la Corte Suprema para que evacue su informe.
