El máximo Tribunal ratificó la multa impuesta de 4.176 UTA por la SMA, debido a una infracción grave que fue no rebajar su consumo de agua fresca (subterránea), según su permiso ambiental.
Dentro del Plan de Descontaminación de la zona, la Superintendencia instruyó dos acciones a Codelco y una a la termoeléctrica Ventanas, con el objetivo de disminuir sus emisiones, resguardando la salud de la población.
La Superintendencia puede contratar labores de inspección, verificación, medición y análisis, incluido el muestreo, a terceros idóneos, con el objeto de apoyar las labores de fiscalización ambiental.
La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) es la entidad encargada de fiscalizar a los 61 grandes establecimientos afectos a la presentación de un Plan de Reducción de Emisiones y al cumplimiento de la meta de reducción de emisiones indicada en dicho instrumento. 8 de estas empresas deben paralizar sus fuentes estacionarias durante la jornada de preemergencia.
El proyecto minero ubicado a 4.200 sobre el nivel del mar, está siendo constantemente monitoreado por la Superintendencia por su impacto ambiental en la fauna de la cordillera de la región de Atacama.
En los casos sancionatorios, se han presentado Programas de Cumplimiento -que buscan que la inversión de los infractores se centre en cumplir con la normativa ambiental- por más de $340 millones.
El Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica (PPDA) de Santiago establece que todos los años, en la época de mala ventilación atmosférica, se apliquen acciones para contrarrestar los episodios críticos, como la restricción vehicular, medida fiscalizada por la Seremi de Transportes; la prohibición del uso de calefactores a leña en toda la región, medida fiscalizada por la Seremi de Salud; o la paralización de industrias que no cumplan con su plan de reducción de emisiones, medida que fiscaliza la SMA directamente.
Luego de constatar superación a la norma de ruidos en una fuente fija de ventilación de la sucursal bancaria ubicada en la comuna de Providencia.
El primero, clasificado preliminarmente como cargo gravísimo, se relaciona con no haber efectuado el monitoreo de los niveles del acuífero inferior, en los términos exigidos en su permiso ambiental.
La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) imputa un cargo grave por la ejecución deficiente de medidas para no intervenir a las comunidades durante la construcción del proyecto, y un cargo leve relativo a las mediciones de ruidos.
La compañía arriesga multas por hasta $4 mil millones, tras exceder el límite del caudal medio anual autorizado en su RCA y no dar cumplimiento a las medidas comprometidas en su Plan de Alerta Temprana (PAT), en febrero y marzo de 2021.
