El Tribunal aclaró que “la aplicación de los principios penales en el ámbito sancionatorio no implica la de sus reglas particulares, sino que una aplicación adecuada a las particularidades del Derecho Administrativo Sancionador”.
Cuatro de las infracciones fueron clasificadas como graves y una leve toda vez que es posible determinar la existencia de un riesgo para la salud y calidad de vida de las personas.
La iniciativa se relaciona con la ejecución de un proyecto interno que vinculó a las diversas áreas del servicio, con el fin de dar un tratamiento masivo a los casos de incumplimiento de las normas de emisión de RILes.
