El artículo 41 del Auto Acordado del Tribunal Calificador de Elecciones, en su inciso primero dispone que el recurso de apelación que se dirige contra la sentencia pronunciada por un TER, debe deducirse en un plazo de 3 días corridos.
Los hechos que se han tenido por acreditados dan cuenta de una gestión desprolija, por parte del Alcalde, en cuanto a los resguardos y cuidados que deben adoptarse en la administración de fondos públicos.
El Acuerdo referido atenta contra la certeza jurídica de los procedimientos electorales, implementando nuevas normas que nada dicen con respecto a la resolución emitida por este mismo Tribunal.
La recurrente alega que, indiscutible e inequívocamente, se efectuó en tiempo y forma su postulación, incluso que ha actuado de buena fe y con la firme intención de dar cumplimiento a los requerimientos constitucionales y legales.
Igualmente, se agrega información sobre la determinación de los apoderados. Ello, en razón de lo mandatado por el TRICEL en causa Rol N° 161-2020, en cuanto a complementar el Acuerdo de 2 de septiembre de 2020, estableciendo un procedimiento de designación de los apoderados de las organizaciones de la sociedad civil debidamente inscritas y que no participen en comandos.
El TER señala que la omisión de la designación del cargo de administrador electoral no puede afectar la aceptación de la declaración de candidatura.
La recurrente alegó, en su oportunidad que, exigir, como lo hace la sentencia, que la renuncia sea “declarado por la Asamblea”, que lo señala el artículo 23 de los Estatutos de la Asociación, es erróneo y no se conforma con la Ley N° 19.418.
La reclamante alega que cumplió con todos y cada uno de los requisitos, trámites y plazos para la declaración de su candidatura.
La sentencia explica que, realmente lo susceptible de reclamación es la Resolución del Director del Servicio Electoral que pone fin al procedimiento administrativo sancionatorio, y que resuelve sancionar al partido reclamante.
El TER de Valparaíso indicó, en su oportunidad, que no es posible aplicar en este procedimiento el plazo de reclamación establecido en el título V de la Ley N° 18.700, toda vez que dichos términos están determinados para elecciones populares directas, lo que no ocurre en la especie.
Los recurrentes alegan que, la petición concreta que se realizó por parte de los reclamantes se refiere a que se anule una asamblea realizada con feche 11 de enero de 2020, pero siendo presentada su reclamación con fecha 25 de marzo de 2020.
