El Tribunal de alzada confirmó la sentencia impugnada, dictada por el Tercer Juzgado de Letras de Coquimbo, tras establecer que el alcalde actuó dentro de sus facultades legales al dictar el decreto de demolición.
El cumplimiento de la normativa urbanística debe ser verificado por el Director de Obras Municipales con anterioridad a la concesión del permiso de construcción.
Aduce la sentencia el actuar del Alcalde reclamado se ajusta a lo dispuesto en el artículo 148 de la LGUC.
La Corte de Apelaciones de Santiago acogió el recurso de reclamación interpuesto por la inmobiliaria «Conjunto Armónico Bellavista».
La Corte Suprema rechazó sendos recursos de casación presentados en contra de la decisión de la Municipalidad de Antofagasta que ordenó el traslado de una industria desde el centro de la ciudad.
“que despejado como está que era necesario que la reclamante contara con permiso municipal para iniciar los trabajos, sólo resta analizar si la prohibición de los mismos hasta no contar con aquél se ajusta a la normativa vigente».
«no existe mención alguna en el recurso a la determinación del fallo impugnado que rechaza la acción intentada por no haber sido deducido el reclamo ante el Municipio –y por ende ante la Corte de Apelaciones de Santiago- dentro del plazo previsto en el artículo 151 de la Ley N° 18.695”.
Se dedujo recurso de protección en contra del Alcalde de la Municipalidad de Ñuñoa y en contra del Concejo Municipal de esa misma comuna, por la vulneración del derecho fundamental consagrado en el número 21, del artículo 19 de la Constitución Política de la República
“debe dejarse establecido una vez más que la Contraloría debe inclinarse frente a la jurisprudencia de los tribunales, lo que es fundamental para el orden institucional y particularmente válido cuando ésta es uniforme y permanente en el tiempo”.
«la casación se analiza únicamente la legalidad de una sentencia, lo que significa realizar un escrutinio respecto de la aplicación correcta de la ley y el derecho a los hechos como soberanamente los han dado por probados o sentados los magistrados a cargo de la instancia”.
«la sentencia impugnada se limitó a seguir la tesis aceptada por el máximo tribunal, sin que el reclamante haya aportado argumentos que permitan desvirtuar tal convicción, toda vez que ha quedado demostrado que el objeto social de la reclamante comprende la ejecución de actividades que importan la obtención de lucro o ganancia, es decir, se trata de actividades lucrativas, de carácter terciario, y, por consiguiente, configuran un hecho gravado en el artículo 23 de la Ley de Rentas Municipales».
