No existe un actuar ilegal o arbitrario por la entidad edilicia, toda vez que ejerció las herramientas legales dispuestas frente al incumplimiento, sin que se acreditara una conducta abusiva de su parte.
Estas autorizaciones permiten la ejecución de obras en una zona del Plan Regulador que no contiene una norma de altura máxima de edificación, cuya estipulación es requerida para acceder a la petición del actor.
El artículo 53 de la Ley 19.880 sólo otorga acción para impugnar el acto invalidatorio, pero el legislador no contempla una acción para el caso de que la autoridad decida no ejercitar la señalada atribución.
No existen elementos que afecten los derechos de terceros ni la causal de reserva argumentada por Carabineros, por lo cual la decisión adoptada por el Consejo para la Transparencia aparece legal, fundada y adecuada.
El máximo Tribunal reafirma que se trata de construcciones que no podrán regularizarse y que deben necesariamente ser demolidas o desarmadas.
El Tribunal de alzada descartó actuar ilegal de la Superintendente de Salud, al dictar la resolución exenta que confirmó la multa impugnada por el centro de salud.
El Tribunal de alzada desestimó el reclamó, tras establecer el carácter público de la información solicitada.
El Tribunal de alzada consideró que la información solicitada por ley de transparencia es de carácter público, por lo que rechazó la reserva de los antecedentes.
Si hubiere ilegalidad esta se configuró cuando se aprobó un edificio de cinco pisos que debió ser de tres.
Esta se iba a ejecutar en un área que el recurrente alegaba ser de su propiedad.
Se verificó un cambio de criterio en la autoridad administrativa que, sistemática y reiteradamente, en los tres años inmediatamente anteriores al de la denuncia había aceptado la presentación de la solicitud de validación de estudios, por parte de la reclamante.
