El Tribunal de alzada confirmó la sentencia, dictada por el Primer Juzgado de Letras de Iquique, que ordenó a la casa edilicia pagar a la empresa una indemnización total de $1.263.075.787, por incumplir obligación de fiscalizar el efectivo cumplimiento del pago de las tarifas de los estacionamientos ubicados en la zona concesionada; más $3.000.000 por concepto de daño moral.
El Tribunal de alzada revocó la sentencia apelada, dictada por el Primer Juzgado de Letras de La Serena, y estableció, además, el pago de bono poslaboral por un valor total de $51.489.963.
El Tribunal de alzada confirmó la sentencia apelada, dictada por el Primer Juzgado Civil de Rancagua, con declaración que se eleva la indemnización por daño moral de 105 a 200 UF.
El Tribunal de alzada ratificó la sentencia impugnada, dictada por el Juzgado de Policía Local de Calera de Tango, con declaración que la multa impuesta se rebaja a $5.000.000.
El máximo Tribunal estableció que no corresponde presentar un reclamo de ilegalidad en contra de una actuación administrativa de mero trámite, que no tiene carácter de resolución terminal.
El Tribunal de alzada rechazó el arbitrio tras constatar que la resolución impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, no se pronunció sobre alguna materia de derecho susceptible de contraste.
El Tribunal de alzada confirmó la sentencia impugnada, dictada por el Tercer Juzgado de Letras de Coquimbo, tras establecer que el alcalde actuó dentro de sus facultades legales al dictar el decreto de demolición.
El Tribunal de alzada rechazó la entrega de la información solicitada en formato PDF, por distraer indebidamente de sus labores habituales a los funcionarios municipales que deberían recopilarla.
El Tribunal de alzada descartó que la información que ordenó entregar el Consejo para la Transparencia a las administradoras de fondos de pensiones, esté cubierta por causal de reserva.
El Tribunal desestimó la alegación presentada por la sociedad educacional en contra de la resolución dictada por la Inspección Provincial del Trabajo Santiago Oriente.
El cumplimiento de la normativa urbanística debe ser verificado por el Director de Obras Municipales con anterioridad a la concesión del permiso de construcción.
