La pérdida de confianza por motivos políticos sobrepasa los márgenes de lo que ha de considerarse discriminatorio para efectos de presentar una acción de tutela, pues se trata de empleos que la ley excluye de la carrera funcionaria, y no existe para tales trabajadores la expectativa de permanecer en el cargo por la mera consideración de su desempeño.
El imputado junto a sus acompañantes no se detuvieron en control de ruta, e intentaron ocultar la droga que trasladaban en su vehículo, hecho que fue advertido por el personal policial que incautó más de nueve kilos de sustancias entre cocaína y cannabis.
La sola interposición de la demanda para interrumpir dicho plazo, pondría al demandante en una posición de control de cuando dar a conocer al demandado un litigio que le es desfavorable, por lo tanto, la ley otorga al demandante una serie de herramientas para que de a conocer a la contraparte el contenido de la acción impetrada.
La Municipalidad de Lo Barnechea demandó ejecutivamente el cobro de patente municipal a contribuyente que tributa en la comuna de Pirque, pero el tribunal solicitó al deudor que probara el desenrolamiento de la comuna demandante, en circunstancias que nunca estuvo enrolado allí, invirtiendo de esta forma las reglas contenidas en los artículos 1698, 1699 y 1700 del Código Civil.
En 2017, el requerido cometió un delito de hurto agravado por el que fue condenado a 72 meses de prisión, pena que no ha cumplido por encontrarse prófugo de la justicia al residir en Chile.
El juez Urrutia formuló graves recriminaciones a la judicatura por las mutilaciones oculares que sufrieron algunos manifestantes durante el estallido social y calificó de cómplices y encubridores a algunos jueces por las referidas afectaciones a los derechos humanos.
El máximo Tribunal descartó error de derecho en la sentencia de la Corte de Apelaciones de Temuco, que acogió la demanda por la pasividad del Estado frente a los múltiples ataques que han afectado al fundo San Luis de Palermo, ubicado en la comuna de Vilcún.
En el recurso de protección no se describen hechos que puedan constituir una vulneración de garantías constitucionales protegibles por esa vía, por lo que se declara inadmisible.
El término de un contrato de arrendamiento sólo puede ser constatado o declarado, en su caso, por un tribunal de la República que ordene la restitución y autorice el desalojo del inmueble.
La petición del Servicio no es posible dado que los beneficios de seguridad y remuneraciones de los funcionarios de la Administración son materias reservadas a la ley. Sin embargo, si es posible que ese beneficio se descuente de las remuneraciones de los funcionarios como alternativa lícita de financiamiento para los alimentos.
La empresa habría ingresado al país ropa deportiva al parecer falsificada de la marca Adidas, lo cual infringiría disposiciones relativas a la propiedad industrial e intelectual. Además, de encontrarse descrita dicha conducta como delito en la Ordenanza de Aduanas.
