Reglamento interno de la recurrida no regula los cortes de cabello de sus voluntarios, por lo que, en la especie, la sanción fue desproporcionada y contraria a la igualdad ante la ley.

Excedió el límite tolerable del derecho a la libertad de expresión, el cual no puede ejercerse abusivamente.

Se solicitó al Estado abstenerse de ejecutar la pena y que garantice condiciones de detención compatibles con los estándares internacionales, con especial consideración a las discapacidades y condición médica del beneficiario.

El acto administrativo carecía de justificación y no informaba a la recurrente los motivos considerados para su nueva destinación.

Petición del recurrente de considerar de forma muy calificada la circunstancia del artículo 11 N°6 del Código Penal en razón de su edad, no procede, pues, en la especie, le perjudica la agravante del artículo 12 N°7 de la misma norma.

A su vez, consagra dicha obligación respecto de quienes sean condenados por iguales resultados al conducir bajo la influencia de sustancias estupefacientes o psicotrópicas.

Es deber del juez comprobar que la Administración adoptó las medidas de protección suficientes para no desamparar a las personas vulnerables que serán desalojadas forzosamente de la vivienda que ilegalmente ocupaban.

La diputada Ximena Ossandón presentó dos proyectos que apuntan a frenar los portonazos y las encerronas, atacando la cadena delictual detrás de estos ilícitos. Uno limita el desarme de vehículos y el otro prohíbe la circulación de vehículos nuevos sin patente.

La recurrida al no expresar los reales motivos de su decisión incurre en una discriminación arbitraria, en un trato diferenciado a la recurrente en relación a otros clientes.

La recurrente alegó que el uso de la veranada les fue otorgado por la comunidad de Trapa Trapa y Butalelbun desde hace más de 50 años, acuerdo que fue ratificado en acta notarial y por el Tribunal de la ciudad y que arrendó a los recurridos.