La magistratura estimó que la salud de la funcionaria es incompatible con el cargo, pese al informe de la Compin que concluye que es recuperable. No obstante, la cantidad de días de ausentismo fue determinante, pues en opinión de los magistrados “supera largamente el mínimo de 180 días que establece la norma”.
En la sentencia impugnada no se aprecian los razonamientos de hecho ni de derecho, que llevaron a la magistratura a confirmar la condena contra el Fisco, con declaración que redujo de 100 a 30 millones de pesos el monto indemnizatorio a título de daño moral.
La edición aborda la participación de la Corte Suprema en el Diálogo con el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas; la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por las distintas salas de la Corte Suprema; la aplicación del artículo 103 del Código Penal en casos de derechos humanos entre 1973 y 1990; y la implementación de una plataforma de recomendaciones en materia de derechos humanos.
Esta muestra, creada por la Dirección de Bibliotecas y Centro Documental e instalada en el Zócalo del Palacio de Tribunales, resalta mediante una experiencia visual, impresa y digital los grabados ornamentales y viñetas de los libros que forman parte del “Tesoro Bibliográfico de la Biblioteca de la Corte Suprema”, colección conformada por los primeros libros, que ya en 1823 poseía la Biblioteca de esta Corte, así como, los que se importaron desde España, en el año 1832 bajo el gobierno del Presidente José Joaquín Prieto.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, manifestó que este informe y otros emitidos por la sociedad civil son recogidos por el Estado de Chile. Las observaciones, las brechas y las críticas deben ser entendidas como un medio para ser abordadas con sinceridad en un mundo complejo.
El máximo Tribunal anuló de oficio la sentencia recurrida únicamente en lo referido a la condena en costas -y omitió pronunciarse sobre el resto de la apelación-, al observar que la COMPIN goza del privilegio de pobreza que poseía su predecesor, por lo tanto, la Comisión no puede ser condenada en costas , a menos que el tribunal respectivo, en resolución fundada, declare que ha obrado como litigante malicioso o temerario previamente.
Los socios acusaron ser “expulsados por carta”, en la que se les comunicó la sanción sin otorgarles la posibilidad de defenderse de los cargos que les fueron imputados, lo que vulneró la igualdad ante la ley y el debido proceso.
El máximo Tribunal sostuvo que los ministros recurridos obstruyeron el ejercicio del derecho a tutela judicial efectiva, al declarar inadmisible un recurso de apelación interpuesto contra una sentencia dictada por un juez de policía local, fundado en que el libelo no posee peticiones concretas, en circunstancias que la ley de procedimiento ante dichos juzgados excluye tal requisito al momento de impugnar un fallo de base.
El Tribunal tuvo en consideración una condena previa del encartado que no fue mencionada por la fiscalía ni la defensa, luego de escuchar la propia declaración que el acusado dio en estrados, donde reconoció que huyó de la policía al estar “quebrantando” una condena vigente, lo que devino en la comprobación de dicho dato por parte de los sentenciadores, hecho que no puede ser considerado como una infracción a la garantía de la imparcialidad del juzgador.
El grupo de trabajo sobre Inteligencia Artificial del Colegio de Abogados de Nueva York (NYSBA Task Force on Artificial Intelligence), formula recomendaciones sobre el impacto legal, social y ético de la Inteligencia Artificial y la Inteligencia Artificial generativa en el ejercicio profesional.
En septiembre de 2018, el acusado -presuntamente- dio muerte a un joven luego de una riña en una fiesta celebrada en la ciudad de Trujillo. El ministro instructor dispuso la entrega diferida a las autoridades peruanas, debido a que el requerido se encuentra actualmente en prisión preventiva por su participación en un delito de tráfico de drogas, a la espera de juicio oral y una probable condena.
