El Tribunal de alzada descartó error de derecho en los jueces del fondo que concluyeron que no es procedente descontar de la indemnización por años de servicio, el monto aportado por el empleador a la cuenta individual de cesantía del trabajador.
Haciendo énfasis en la necesidad de avanzar hacia la concepción de internet como un derecho y profundizar una política pública los senadores despacharon el texto en particular. Asimismo, algunos parlamentarios se mostraron partidarios de contar con una superintendencia de comunicaciones.
La nueva Reforma Procesal Civil se hará cargo de modernizar un sistema que llevar 118 años sin modificación alguna, con el objetivo de entregar más y mejor acceso a la justicia a las personas.
En el fallo, la magistrada ordenó a la empresa pagar una indemnización de $8.813.658 por concepto de daño emergente; $15.000.000 al niño afectado y $10.000.000 a cada progenitor, por concepto de daño moral.
Para determinar la extensión de la medida de clausura total, la resolución consideró que si bien tanto el Servicio de Evaluación Ambiental y como SMA, concluyen que el proyecto debería contar con una RCA favorable para poder ejecutarse, los dos organismos disienten en los fundamentos para sostener que el proyecto está eludiendo el Sistema de Evaluación Impacto Ambiental (SEIA).
Debe preferirse la honra por sobre la libertad de expresión y opinión.
La decisión se fundó en los artículos 10 y 73 del Estatuto Administrativo.
Esto, a propósito de requerimiento del Banco Estado, quien solicita un pronunciamiento respecto a la facultad que tendría Carabineros de Chile, en su función de autoridad fiscalizadora, para interpretar la normativa en materias inherentes a la seguridad privada. Además, reclama por la arbitrariedad de las infracciones cursadas a esa empresa y las consiguientes multas por falta de dotación.
La autoridad destacó que el proceso debe asegurar la expresión de voluntad de los trabajadores.
El máximo Tribunal estableció que en la especie se infringió la garantía al debido proceso al permitir la declaración viciada de la víctima, por lo que ordenó la realización de un nuevo juicio oral ante jueces no inhabilitados.
El Tribunal de alzada rechazó el recurso, tras establecer que el actuar de la parte recurrida se ajusta a la normativa institucional vigente, sin que se le pueda formular reproche de ilegalidad.
