La propuesta presentada este pasado 28 de marzo, busca garantizar la justicia y evitar la impunidad en los crímenes de odio, especialmente aquellos dirigidos hacia la población trans y LGBTIQ+.
Desde Naciones Unidas y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) aplaudieron la creación de la Comisión contra la Desinformación, la que deberá emitir dos informes: el primero enfocado en «ordenar el estado del arte» del fenómeno, y el segundo, para formular «orientaciones y recomendaciones» para el desarrollo de políticas públicas.
La ley busca resguardar los derechos de las víctimas de delitos sexuales que sean menores de dieciocho años, para evitar la victimización secundaria en el proceso penal.
La propuesta presentada el año 2017, busca permitir que mujeres con hijos menores de 2 años, y embarazadas, no cumplan su condena en la cárcel. Hoy, se encuentra lista para ser votada en Sala.
Con un objetivo de protección a la vida privada, el derecho al olvido financiero busca que las conductas financieras pasadas no impidan las oportunidades financieras del futuro.
El proyecto se traduce en reducir una cantidad de trámites significativos, incluyendo la participación de notarios en la gestión de ellos, particularmente en procedimientos administrativos y sustituyéndolos por declaraciones simples o por firma digital avanzada.
Chile lleva más de 2 años intentando redactar una nueva Constitución. En su origen, el país levantó un órgano que fue protagonizado por actores de izquierda e independientes. Ahora, un Consejo Constitucional diseñado por las fuerzas políticas con representación de los partidos políticos, y dominado por la derecha, será el encargado de escribir una nueva Carta Magna.
El interés por el nuevo proceso es bajo. Tal vez demasiado. Así lo demuestran los datos y el ambiente que se vive en las calles. Luego de la victoria del Rechazo en el plebiscito de salida, pareciera que gran parte de la ciudadanía está lista para cerrar el capítulo constitucional. Las intenciones refundacionales dieron lugar a la apatía y cabe preguntarse si este nuevo proceso constitucional puede, o quiere, cambiar esto.
La ley modifica el Código Penal para establecer que la prescripción de la acción penal del delito de abuso sexual será de diez años; que para la cuantía de la pena se considerará la afectación física y mental de la víctima; y que en cualquier etapa de la investigación o del procedimiento, se incorporarán medidas de protección a la víctima y su familia.
En un proceso de análisis desde el enfoque de género se incorpora la necesidad no sólo de analizar las leyes formalmente promulgadas, sino también identificar el contenido de las disposiciones legales, cómo están siendo aplicadas y la necesidad de valorar el impacto que tienen las leyes. Utilizar el enfoque de género como herramienta de análisis del fenómeno jurídico permite comprender que las leyes no son neutrales y por lo tanto no tienen iguales efectos en hombres y mujeres pues la historia nos ha demostrado que sólo formalmente somos iguales ante la ley.
El objetivo es establecer y regular el derecho de estudiantes de educación superior que se encuentren en situación de embarazo, de maternidad, paternidad o que tengan el cuidado personal de un niño o niña o que acrediten tener el cuidado principal de una persona con discapacidad o dependencia, con el fin de asegurar la conciliación entre sus responsabilidades familiares y sus actividades académicas y formativas, en concordancia con el principio de corresponsabilidad social y familiar del cuidado.
