El ejercicio de la atribución cuestionada constituye un acto de gobierno, una medida de buen servicio institucional para lograr un correcto funcionamiento de la institución y de quienes sirven a ella lo hagan conforme a la Constitución y las leyes.
La ley establece claramente cuál es la conducta prohibida y un rango de multas para infracciones.
La regla cuestionada se aplica por igual y sin ningún tipo de distinciones a todos los intervinientes que se encuentren en la situación descrita por la requirente.
No se infringen los principios de igualdad ante la ley y no discriminación, ni el principio de proporcionalidad atendido el bien jurídico cautelado por ese ilícito.
La existencia de una disminución o afectación en la condición de salud funcionaria es una cuestión establecida sobre la base de la ciencia médica por la Comisión de Sanidad institucional, siendo el origen de tal condición, cuando se ha debido al ejercicio de las funciones públicas o accidente laboral, lo que se debe determinar por medio de una investigación sumaria.
La sentencia determinó declarar improcedente el requerimiento de inaplicabilidad, acorde con los antecedentes allegados al proceso con posterioridad a su admisibilidad y conforme con los previsto en el artículo 84, inciso primero, N°5, de la LOCTC, ya que ambas disposiciones ya han recibido íntegra aplicación en el proceso de que se trata, agotando sus efectos.
El TC, señaló que, en casos como este, la actuación del receptor judicial es un evento que cambia de modo significativo el estado de las cosas y que, no repugna a la racionalidad y justicia procedimental que el artículo 80 del CPC se encuentre diseñado de forma tal que brinde la oportunidad de desvirtuar lo constatado por un ministro de fe, lo que ha de ser cargo de quien lo alega.
La decisión fue acordada con el voto preventivo del Ministro Pica, quien concurre a la sentencia, teniendo además presente sus propias consideraciones.
La sentencia sostuvo que la referencia a los reglamentos no supone una transgresión al principio de tipicidad, desde que no conforma el núcleo típico de la norma punitiva y del cuidado correspondiente con que debe ser ejecutada.
El TC señala que, la pretensión del requirente exige un examen previo de cuáles son las normas subsidiarias aplicables al caso. Sin embargo, dicho examen es un asunto de estricta legalidad al involucrar sólo cuestiones de interpretación jurídica.
En el caso concreto, no se vislumbra un conflicto de constitucionalidad como el denunciado en el requerimiento entre los artículos 3°, letras a y b), 7° y 8°, inciso primero, del Código del Trabajo y los artículos 6º, 7º, 19 Nº2, 38, 63 Nºs 2 y 14, 65, incisos primero, segundo y cuarto Nºs 2 y 4, y 100 de la Constitución
