El fallo expresó que el debate, en los términos planteados en la gestión pendiente, especialmente por el contenido del recurso de casación en el fondo deducido por la requirente, nos sitúa frente a una materia que debe ser resuelta por el Juez del Fondo.
La sentencia del TC señala que, las cotizaciones inciden en el derecho de seguridad social, son de propiedad del trabajador, tienen naturaleza alimentaria y, se vincula con la protección de la dignidad de la persona.
La Magistratura Constitucional señaló que, no existe en este caso vulneración de los parámetros para fijar el tributo, pues la norma contiene sus elementos esenciales, incluida la tasa del impuesto, la que se establece en un rango entre un mínimo y un máximo y entrega una limitada competencia expresa a la Municipalidad.
El fallo señala que, dado que el libre desarrollo de la pesca puede poner en peligro la conservación de los recursos hidrológicos, dicha actividad se sujeta a las limitaciones o requisitos para la adquisición del dominio de algunos bienes.
La decisión fue acordada con el voto en contra de los Ministros Aróstica y Vásquez, quienes estuvieron por acoger el requerimiento, por contrariar el derecho constitucional a un procedimiento justo y racional.
La Magistratura Constitucional señala que el ordenamiento laboral no ha distinguido y determinado, en contraste a como ocurre en otro sector, aquellas infracciones que pueden ser leves, graves o gravísimas.
La sentencia señala que, no se puede pretender atribuir un efecto inconstitucional a la aplicación del precepto legal por el simple hecho de haberse infringido -en opinión del requirente- el orden procesal correspondiente.
En cuanto a la cuestión constitucional, indica que consiste en dirimir si, mediante la aplicación del artículo 127 del Código de 1932, la decisión del Juez del Fondo que declare caducados los derechos mineros de la requirente, resulta contraria a la isonomía en la ley.
La decisión fue acordada con la prevención del Ministro Aróstica, y con el voto en contra de los Ministros Letelier, Fernández y Pica.
La decisión fue acordada con el voto en contra de los Ministros Aróstica, Romero, Vásquez y Pica, quienes estuvieron por acoger el requerimiento.
En el voto por rechazar, se señala que el artículo 506 reprochado se ha de entender a la luz del artículo 505 bis del Código del Trabajo.
