
El texto regulará el funcionamiento de los órganos que participarán en el nuevo proceso constituyente. La Comisión Bicameral acordó fijar plazo, para este domingo 22 de enero a las 12 horas, para presentar indicaciones.
El texto regulará el funcionamiento de los órganos que participarán en el nuevo proceso constituyente. La Comisión Bicameral acordó fijar plazo, para este domingo 22 de enero a las 12 horas, para presentar indicaciones.
Los integrantes del Consejo Constitucional se elegirían el 7 de mayo, mientras que el plebiscito se fijó para el 17 de diciembre de 2023. En la jornada de este miércoles se avanzó en el ajuste de plazos, inhabilidades, las bases y otras materias.
La Comisión de Constitución sesionará este miércoles entre las 9:30 y las 20:00 horas con el objeto de votar en particular la iniciativa y tratar de despacharla para que pueda ser votada en Sala la próxima semana.
Se acordó fijar plazo hasta el mediodía de este martes para presentar indicaciones y por la tarde sesionarán para concordar la forma en que comenzarán a votar en particular la jornada del miércoles.
La Comisión Experta estará conformada por 24 personas elegidos 12 por la Cámara de Diputados y Diputadas y 12 por el Senado, en proporción a la representación de las distintas fuerzas políticas y aprobada por 4/7 de los miembros en ejercicio de las respectivas Cámaras.
El presidente del Senado, Álvaro Elizalde, manifestó que la idea es llegar con prontitud a un acuerdo que pueda ser suscrito por los distintos partidos con representación parlamentaria.
El nuevo proceso constitucional debiera orientarse por una serie de principios rectores: (i) sin hoja en blanco, (ii) incorporar la visión experta, (iii) de optarse por un nuevo órgano especialmente electo deben corregirse factores distorsionadores de la representación empleados en la elección de convencionales 2021, entre otros.
A nuestro juicio la promesa y acuerdo de aprobar para reformar es una opción muy difícil de materializar.
Las normas fundamentales sobre derechos y garantías en materia tributaria debieran consagrar reglas o principios generales, orientadas a establecer un sistema más simple y eficiente, que responda a criterios de necesidad y distorsione lo menos posible las decisiones de los agentes económicos.
Crece el tamaño del estado, se debilita el derecho de propiedad y el estado de derecho, la regulación laboral se rigidiza y se retrocede en el comercio internacional.
Además de garantizar el Derecho a la Alimentación, la propuesta establece conceptos como la seguridad alimentaria, la soberanía alimentaria y la promoción de la agricultura familiar y pesca artesanal (artículos 54 y 56), los cuales forman parte del Derecho a la Alimentación.