El Tribunal Ambiental de Valdivia, en su oportunidad señaló que, el SEA realizó un ejercicio correcto al momento de descartar el posible efecto del proyecto en la saturación u obstrucción de la Ruta Y-340, estableciendo que no hay afectación a las comunidades Kawésqar al no haber mayores tiempos de desplazamiento a causa del proyecto.
Tras la notificación, las empresas cuentan con un plazo de 10 días hábiles para presentar un Programa de Cumplimiento, o bien, con 15 días hábiles para formular sus Descargos.
El Tribunal estimó que deben sumarse los incumplimientos detectados y denunciados a las autoridades competentes, y al peligro inminente de daño al bosque nativo del lugar, que es hábitat de diversas especies animales.
El Tribunal se aclaró que no le corresponde ajustar el valor de la multa sancionada porque es una potestad privativa del órgano administrativo.
Se trata de la constructora a cargo del proyecto Altos del Trancura, que no ingresó al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, hito necesario para el desarrollo de cualquier proyecto inmobiliario, más aún cuando éste se encuentra al interior de la Zona de Interés Turístico Araucanía Lacustre.
La Sala deberá pronunciarse sobre esta anhelada legislación que fue estudiada en forma minuciosa por la Comisión de Agricultura.
La sentencia señaló que no se cumplen los requisitos de procesabilidad para efectos de que la reclamación del artículo 17 N° 6 de la Ley N° 20.600 pueda prosperar.
La sentencia detalla que las resoluciones, así como el procedimiento que llevó a su dictación, serían ilegales pues fueron dictadas sin previa audiencia de las reclamantes y, además, ponderaron de forma errada los antecedentes relativos al cumplimiento del Programa y el plazo asociado a la acción 1.6, que establecía un plazo estimado de 18 meses para la obtención de una resolución de calificación ambiental para el proyecto.
La Minera Maricunga provocó un derrame de petróleo, de aproximadamente 12 toneladas, en el mes de mayo del año 2017, en sector Rancho del Gallo, en el área de los generadores del Campamento el Gallo.
La formulación de cargos se basa en dos denuncias presentadas ante la Superintendencia del Medio Ambiente, una por la Seremi de Salud Los Ríos, en enero de 2016, y otra ciudadana, presentada en abril de 2018.
El Vertedero Gorbea (unidad fiscalizable) inició su operación alrededor del año 1995, siendo utilizado en sus inicios con una modalidad de acopio de residuos sólidos domiciliarios en zanjas, las que se fueron cubriendo desde la parte anterior hasta el actual acceso del proyecto.
